Las detenciones de personas por motivos políticos en Cuba se duplicaron en el primer semestre del año, respecto de igual periodo de 2004, según el registro que lleva una organización opositora.
Esta tendencia pudo confirmarse a pesar de que el carácter cerrado de la forma de gobierno imperante en el país propicie la existencia de casos que permanecen en el anonimato, se asegura en el informe divulgado este martes por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
El estudio indica que hasta el 30 de junio existían en esta isla caribeña 306 personas condenadas por motivos políticos. De ese total, una docena cumple su sentencia bajo licencia extrapenal por problemas de salud.
Esa especie de libertad condicional que benefició a un pequeño grupo de los 75 disidentes presos en abril de 2003 puede ser revocada, en cualquier momento, mediante una simple decisión policial, añade la organización humanitaria.
El informe no gubernamental, firmado por el presidente de la CCDHRN, Elizardo Sánchez, y el activista Carlos J. Menéndez, se confecciona cada seis meses a partir de la confirmación de cada caso con fuentes familiares.
La Comisión ha solicitado su registro legal en Cuba desde 1987. En 1990 recibió el Premio por la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa y en 1991 el Premio Internacional de organización internacional con sede en Nueva York Human Right Watsh.
Del total de casos documentados ante la CCDHRN, 86 son reconocidos como prisioneros de conciencia por la también organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres.
Según la CCDHRN, por lo menos una veintena de prisioneros de conciencia están seriamente enfermos y, por lo tanto, su estado de salud es totalmente incompatible con el severo internamiento carcelario a que están sometidos.
El documento indica que 70 están personas están recluidas en prisiones de alta seguridad y sometidas a condiciones infrahumanas. Durante el segundo trimestre de este año, dos ex prisioneros de conciencia partieron al exilio: el poeta Raúl Rivero y el periodista Manuel Vázquez.
El gobierno de Fidel Castro mantiene en la ilegalidad a todos los grupos de oposición política por considerarlos mercenarios a sueldo de Estados Unidos con el fin de subvertir el orden interno en Cuba.
El plan para la transición hacia una Cuba libre, aprobado por el presidente estadounidense George W. Bush el pasado año, incluyó la asignación de hasta 59 millones de dólares para acelerar el fin de la dictadura de Castro, como señala el texto.
De esos fondos, hasta 36 millones de dólares se destinaron al fomento de la democracia, apoyo a los familiares de miembros de la oposición y a respaldar los esfuerzos por la democracia de los jóvenes, las mujeres y las personas de origen africano.
La Sección de Intereses de los Estados Unidos no ha dado y no da dinero a los miembros de la sociedad civil cubana, dijo el jefe de esa misión en Cuba, James C. Cason, el lunes, cuando se celebró el Día de la Independencia de ese país.
Cason sostuvo que el apoyo de esa oficina a los activistas cubanos a favor de la democracia ha consistido en facilitar el acceso a información sin censura y a la red mundial de computadoras (Internet) y la realización de videoconferencias sobre transición política.
La SINA (por sus siglas en inglés) también ha impartido cursos de periodismo para aquellas personas que se han atrevido a escribir sobre Cuba tal y como la ven, dijo Cason.
A una persona que no ha vivido bajo un gobierno totalitario le resulta muy difícil captar lo que es la vida cuando el Estado domina todos los aspectos de la sociedad, opinó el diplomático estadounidense.
En la recepción en la residencia de Cason, a la que asistieron unas 500 personas, fue develado un cartel lumínico con la imagen de la estatua de la Libertad, de 9 metros de altura y coronada con el número 75, en alusión a los opositores encarcelados en marzo de 2003.
La lista parcial de presos políticos divulgada este martes incluye 13 opositores detenidos entre enero y junio, 11 bajo el cargo de peligrosidad delictiva.
Entre ellos aparecen Ernesto Lucas Corral Cabrera, detenido el 18 de junio, y Rigoberto Fernández Ruiz, apresado dos días antes, acusados ambos de peligrosidad. También fue puesto tras las rejas José Ángel Buduén López por desacato, desobediencia y resistencia. La CCDHRN estima que existe una tendencia a encarcelar opositores mediante acusaciones ambiguas y procedimientos sumarísimos que generalmente vulneran el derecho al debido proceso, concluye el texto.
