Aunque es improbable que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) sea proscrito como temen algunos de sus afiliados y pretenden opositores, la simple mención de la idea muestra la gravedad de la crisis política en Brasil.
La proscripción apareció en el horizonte ya cargado de nubarrones del PT luego que declaraciones públicas de dos acusados de cometer irregularidades profundizaran el escándalo que mantiene a mal traer al oficialismo desde hace seis semanas. Ambos trataron de explicar las abultadas sumas manejadas por dos empresas de publicidad y transferidas a decenas de políticos.
Marcos Valerio de Souza, el dueño de DNA y SMPB, dijo haber tomado préstamos bancarios por 39 millones de reales (16,5 millones de dólares) desde 2003. Por su parte, el ex tesorero del PT Delubio Soares confirmó las operaciones y que el dinero se destinó a pagar gastos y deudas de las campañas electorales, no contabilizados, del partido gobernante y de grupos aliados.
De ese modo, Soares confesó haber cometido un delito electoral, como es el uso de dinero no declarado a las autoridades comiciales, el llamado comúnmente caja dos.
Los candidatos elegidos con tales recursos podrían ser inhabilitados, según expertos en derecho electoral, mientras que dirigentes opositores especulan sobre la posibilidad de penalizar al propio PT, ya que el autor del delito habría sido su dirección partidaria.
Las declaraciones de Soares pretenden comprometer a todo el partido y amenazan su futuro, reconocieron miembros del PT, como el senador Delcidio Amaral, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el escándalo.
El desenlace de la crisis es aún imprevisible, incluso porque la explicación de Soares y De Souza no es creíble, pero la proscripción de un partido no parece posible a la luz de la legislación nacional ni de criterios políticos, comentó a IPS Roberto Litman, abogado especializado en cuestiones político-electorales.
La Ley Orgánica de los Partidos solo prevé cuatro hipótesis para la exclusión del sistema, su incorporación a otro o fusión, ser mantenido por recursos extranjeros, no presentar cuentas de sus finanzas a la justicia y mantener organizaciones paramilitares, observó el abogado.
Además, proscribir un partido es una decisión política que afecta a la democracia y a muchos militantes no culpables, que en el caso del PT son más de 800.000, destacó. En la historia brasileña, la última situación de este tipo se registró en la dictadura militar (1964-1985), que impuso un bipartidismo en 1965.
El uso de recursos irregulares en las campañas electorales podría resultar en la pérdida de participación en el denominado Fondo Partidario, constituido de aportes presupuestarios, donaciones y multas aplicadas a candidatos y partidos que violan el Código Electoral, explicó Litman.
El PT, por ser el sector con mayor representación en la Cámara de Diputados con 91 escaños en 513, recibió el año pasado la parte mayor de las retribuciones del Fondo Partidario y sumó un monto equivalente a poco más de 10 millones de dólares el año pasado.
La pérdida de ese tipo de ingreso sería un duro golpe para el partido liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tiene una deuda similar a esa suma, según reconoció la nueva dirección que asumió hace una semana.
Si se suman los préstamos bancarios a nombre del empresario De Souza, la deuda se multiplicaría por cuatro y la quiebra financiera sería una amenaza más inmediata.
Pero la crisis del PT, que amenaza contaminar al mismo Lula y a la economía del país, tiende a prolongarse y a agravarse por las investigaciones de las comisiones parlamentarias de investigación dedicadas a las sospechas de corrupción en el oficialismo.
Ya hay dos de esos cuerpos investigativos en operación y uno tercero en proceso de instalación.
Datos oficiales indican que por lo menos 20 millones de reales (8,5 millones de dólares) salieron de las cuentas bancarias de las empresas de De Souza, DNA y SMPB, sacadas en dinero en efectivo del Banco Rural, ya involucrado en escándalos anteriores.
Documentos de esas empresas fueron descubiertos quemados en parte o en vías de destrucción por otros métodos. Además, un dirigente del PT fue sorprendido en el aeropuerto de Sao Paulo hace 10 días, cuando intentaba embarcar con 100.000 dólares en billetes de esa moneda y otra suma casi igual en reales.
Las denuncias se multiplicaron y es muy difícil explicar de forma consistente el embrollo en que se metió el PT por los préstamos bancarios. La eventual ausencia de los contratos de crédito daría la confirmación de ello a la justicia.
La sospecha de los investigadores es que Soares y De Souza acordaron confesar el delito electoral para evitar una acusación más grave, como es la de corrupción. El préstamo bancario ocultaría, según la oposición, la captación de recursos ilegales de empresas estatales por los partidos oficialistas.
Un ardid similar usó el ex presidente Fernando Collor de Mello, inhabilitado para actuar en política y ejercer cargos públicos en 1992, al atribuir a un préstamo en Uruguay la fuente del dinero que habría permitido sus gastos injustificables. Ahora, se habla de la Operación Paraguay, por la fama de ese país como un centro de ventas de productos falsificados.
El presidente Lula admitió, en una entrevista a una emisora de televisión francesa realizada el viernes y por tanto antes de las declaraciones del ex tesorero del PT, que el partido que lidera cometió errores, haciendo lo que se hace sistemáticamente en Brasil en la disputa electoral, refiriéndose a los aportes no declarados.
Afirmó que el PT deberá corregir tales errores y que mentir es el peor camino, porque obliga a uno a vivir la vida entera justificando la primera mentira.
