La crisis política por denuncias de corrupción en el gobierno de Brasil tiende a prolongarse ante las tímidas respuestas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Lula nombró este viernes a tres nuevos ministros, todos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), iniciando una reforma ministerial con la que pretende fortalecer el respaldo parlamentario a su gobierno y reducir las incertidumbres políticas.
Pero la medida no alteró el cuadro. El PMDB, una agrupación de corrientes políticas variadas que van de liberales a socialdemócratas, seguirá dividido en cuanto a su respaldo al gobierno, a pesar de haber logrado las carteras de Minas y Energía, Salud y Comunicaciones.
Antes de los nombramientos, el PMDB tenía dos ministerios y apoyaba a medias a Lula. Ahora, una mayoría de sus diputados y senadores decidió una participación más intensa en el gobierno y prometió apoyar las iniciativas oficiales.
Pero sus principales dirigentes, el presidente Michel Temer y los siete gobernadores estaduales del PMDB, rechazaron la alianza con el PT y, en una declaración, exigieron a los nuevos ministros que se retiraran del partido y desautorizaron a los dos senadores que habían negociado los nombramientos con Lula.
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El presidente anunció que debía completar la reforma ministerial el martes de la semana próxima. También nombró como nuevo ministro de Trabajo al presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Luis Marinho, la mayor organización sindical brasileña, fundada por Lula hace 22 años.
Colocar a Marinho al frente de la cartera de Trabajo refleja el intento de Lula por recuperar el respaldo de los sindicatos y de los movimientos sociales, estrechos asociados tradicionales del PT, pero cada vez más decepcionados con su gestión de gobierno, sobre todo en política económica.
El sindicalista metalúrgico Marinho prometió actuar como interlocutor del movimiento sindical con el gobierno y seguir luchando por un aumento del salario mínimo, hoy limitado a 120 dólares.
Los cambios ministeriales podrán profundizarse después de que el directorio nacional del PT decida este fin de semana la recomposición de su dirección ejecutiva, privada del secretario general Silvio Pereira y del secretario de finanzas Delubio Soares, que renunciaron tras ser seriamente involucrados en el escándalo de corrupción.
Posiblemente Lula deba dejar ir a algunos de sus ministros, que retornarían al partido para reforzar su dirección.
Pero Lula se negó a la salida del secretario de Comunicación y Gestión Estratégica, Luiz Gushiken, uno de los ministros más poderosos por ser allegado al presidente y controlar los recursos destinados a la publicidad oficial. Algunos especulaban que sería el próximo en renunciar, ante revelaciones negativas aparecidas en la prensa.
El diario Folha de Sao Paulo publicó que una empresa de consultoría en previsión social de la que Gushiken fue copropietario hasta 2002, más que cuadruplicó su facturación en 2003 y 2004 gracias a varios contratos con fondos de pensión, cuyos nuevos directivos fueron propuestos por el ministro.
Además, la empresa tiene sede en un inmueble que es propiedad de la esposa de Gushiken.
Insinuaciones no significan culpa, replicó Lula y afirmó que no podía decretar una pena de muerte política por sospechas no comprobadas. Gushiken solo dejará el gobierno si así lo quiere, añadió el presidente.
Mantener a ministros bajo sospecha puede debilitar al gobierno. El ministro de Previsión Social, Romero Jucá, que deberá ser sustituido, tiene iniciado un proceso por delitos financieros hace varios meses, igual que el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles.
La situación más grave la vive el izquierdista PT, acusado de sobornar a diputados de partidos aliados, pagándoles mesadas para asegurar su apoyo al gobierno. El acusador, el legislador Roberto Jefferson también implicado en otros actos de corrupción, lleva un mes disparando denuncias contra dirigentes del PT y de los derechistas partidos Liberal y Progresista.
En consecuencia, renunciaron el ex ministro jefe de la Casa Civil de la Presidencia (jefe de gabinete), José Dirceu, y los secretarios partidarios Pereira y Soares, acusados de ejecutar los pagos ilegales. El presidente del PT, José Genoino, tambalea en su cargo y podría perderlo durante la reunión del directorio nacional este fin de semana.
La situación de Genoino se volvió insostenible tras conocerse que el empresario publicista Marcos Valerio de Souza sirvió de garante de dos préstamos obtenidos por el PT, por un total de 5,4 millones de reales (2,25 millones de dólares).
El empresario, interrogado durante 13 horas el jueves por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre corrupción en la empresa estatal de Correos, es sospechoso de haber lavado abultadas sumas, y dos de sus empresas tienen contratos millonarios con el gobierno.
Los dirigentes del PT niegan que los negocios sean ilegales, pero las continuas revelaciones de la prensa y de testigos han venido a confirmar parcialmente las denuncias de Jefferson.
Este viernes, por ejemplo, el PT admitió haber gestionado un segundo préstamo garantizado por De Souza. Días antes, el partido sólo había reconocido uno, por una suma equivalente a un millón de dólares, del cual el empresario pagó una cuota vencida un año atrás.
