La Operación Curupira pareció un espectacular triunfo en defensa de los bosques amazónicos, al desmantelar una red de corrupción y fraudes que ayudó a hacer del centro-occidental estado de Mato Grosso el campeón de la deforestación en Brasil. Pero esa acción represiva no solucionó el problema y generó otros.
La ofensiva de la Policía Federal y la Fiscalía, iniciada el 2 de junio, detuvo a casi un centenar de personas y terminó por enjuiciar a 174 acusados de asociación para delinquir. El principal delito era la venta, por autoridades ambientales a empresarios, de documentos falsos para autorizar el transporte y comercio de madera extraída ilegalmente.
Pero la acción represiva vino acompañada de otras medidas que impactaron al sector maderero legal. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) suspendió desde comienzos de junio todas las autorizaciones de transporte de madera, sofocando a la industria del sector y obligándola a despedir trabajadores o cerrar sus puertas, dijo a Tierramérica Augusto dos Passos, presidente del Sindicato de Madereros del Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte), con sede en Alta Floresta.
La empresa de Dos Passos, que tenía 120 empleados hasta marzo, hoy tiene sólo 35. Las firmas afiliadas a Simenorte suman ocho mil trabajadores cuyos empleos corren peligro.
Otra medida, aún en estudio por parte del gobierno, es una moratoria de la deforestación de seis meses a un año, propuesta por Elielson Ayres de Souza, fiscal nombrado interventor del Ibama en Mato Grosso después de que la Operación Curupira arrestó o despidió a más de 40 dirigentes locales de ese instituto.
Dos Passos rechaza la moratoria vehementemente. Se trata de una iniciativa de un loco que nada conoce de la industria maderera ni de Mato Grosso, y, de ejecutarse, representaría la muerte de la actividad, sentenció.
El empresario promueve una marcha hacia Brasilia la semana próxima, con mil camiones cargados de leña y madera para hacer una gran hoguera delante del Palacio presidencial, a fin de manifestar la desesperación del sector.
Pero su colega Jaldes Langer, quien preside otro sindicato maderero en la ciudad de Sinop, al centro-norte de Mato Grosso, considera prematuro un acto en Brasilia, pese a la gravísima situación, y prefiere esperar la definición de medidas gubernamentales.
En Juara, ciudad vecina, los madereros lograron el 11 de este mes cerrar el comercio y reunir a miles de personas en una protesta contra el Ibama.
Según el interventor De Souza, la moratoria es la única forma de contener la deforestación y promover actividades sustentables, permitiendo la extracción de materias primas sólo en áreas con planes de manejo aprobados.
Ni el Ibama local ni la Secretaria Estatal de Medio Ambiente pueden controlar, con sus escasas decenas de inspectores, la extensa área boscosa de Mato Grosso, reconoció. Con la moratoria, toda deforestación sería ilegal y las imágenes satelitales permitirían reprimirla inmediatamente, afirmó.
Dos Passos discrepa. El problema es que las áreas del estado con planes de manejo aprobados son insuficientes para la actividad extractiva, replicó.
La legislación estatal permitía deforestar la mitad de las propiedades en la zona de transición a los bosques amazónicos. Sin embargo, la ley nacional vigente exige 80 por ciento de reserva forestal en toda la Amazonia, incluyendo las áreas de transición, y por lo tanto el Ibama no reconoce planes de manejo basados en la ley estatal.
Según el procurador de Mato Grosso, Carlos Teodoro Irigaray, la nueva política ambiental del gobernador de ese estado, Blairo Maggi, ajustará la legislación local a la nacional y fortalecerá los organismos del área.
Mato Grosso es el principal escenario de la defensa de los bosques tropicales, porque allí ocurrió 48 por ciento de la deforestación de 26.130 kilómetros cuadrados registrada en los nueve estados de la Amazonia durante los doce meses que terminaron en agosto de 2004. Además, su deforestación en ese periodo aumentó 20,3 por ciento en relación con los doce meses anteriores.
Datos de satélites hasta mayo permiten prever un nuevo incremento de deforestación en el estado, según la organización no gubernamental (ONG) Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia.
Otra ONG en Mato Grosso, el Instituto Centro de Vida, señala que la Operación Curupira acentuó la miopía, que afecta incluso al periodismo, de atribuir la deforestación a los madereros, olvidando que su principal factor es el avance de la ganadería y la agricultura sobre tierras amazónicas.
Se talaron miles de hectáreas en el norte del estado después de que durante la Operación Curupira se arrestó a muchos madereros ilegales y paralizó a los legales, dijo a Tierramérica Laurent Micol, coordinador del Instituto Centro de Vida.
La deforestación de Mato Grosso se dispersó en muchas fronteras de expansión, aumentando las dificultades de inspección pese a los avances tecnológicos. Por eso, sólo será posible salvar los bosques amazónicos mediante instrumentos económicos, como estímulos tributarios y crediticios a las actividades sustentables, respetando la realidad local con flexibilidad y diálogo, señaló.
La moratoria propuesta puede generar más mafias, como la ley seca en Estados Unidos hace 80 años, añadió.
Para Ana Luiza da Riva, ex jefa de las oficinas del Ibama en Alta Floresta y Sinop, es necesario cambiar la lógica económica que favorece a negocios deforestadores como los grandes proyectos ganaderos, y otorgar préstamos que hoy los bancos niegan a pequeñas iniciativas ambientalmente sanas.
La tierra desnuda vale tres veces más que la cubierta de bosques, ejemplificó.
Agricultores y ganaderos queman o arrancan los árboles sin vender su madera, cuyo aprovechamiento evitaría que los madereros busquen materia prima en áreas vírgenes, comentó Da Riva, veterinaria con posgrado en Ciencias Ambientales, cuya separación del Ibama fue uno de los excesos de la Operación Curupira, según Micol y numerosas ONG locales.
La ex funcionaria trabaja ahora en una ONG ambiental y en la empresa de su marido, que produce castañas de la Amazonia (Bertholletia excelsa).
*El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el sábado 16 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
