Los gobiernos de Argentina y Uruguay dieron este viernes por superada la tensión bilateral por la instalación de dos plantas de celulosa en la frontera fluvial uruguaya. Residentes de la zona afectada y ecologistas siguen reclamando el cese de las obras.
Tras una reunión en Buenos Aires, los cancilleres Rafael Bielsa, de Argentina, y Reinaldo Gargano, de Uruguay, decidieron conformar una comisión técnica binacional encargada de determinar en un plazo de 180 días el impacto ambiental que tendrán las dos fábricas que están construyéndose cerca de la ciudad de Fray Bentos, en la orilla oriental del río Uruguay.
La Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la finlandesa Botnia están instalando sus plantas sobre el río compartido, aunque aún no han comenzado a fabricar la celulosa que se utiliza para la elaboración de papel.
Las movilizaciones contra los proyectos fueron iniciadas por organizaciones ecologistas uruguayas. Grupos de residentes de Gualeguaychú, la ciudad ribereña argentina frente a Fray Bentos, se sumaron a la campaña en 2003.
En los últimos meses, la cancillería argentina se inclinó a favor de esos reclamos contra una producción potencialmente contaminante del suelo, el aire y los cursos de agua.
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Los gobiernos de ambos países habían acordado en mayo reuniones mixtas para analizar el impacto ambiental de las plantas, pero Uruguay no asistió a las citas. Argentina decidió entonces solicitar al Banco Mundial que se abstuviera de brindar asistencia financiera a los proyectos si no se elaboraba un estudio binacional de impacto ambiental.
Tanto Botnia como ENCE presentaron esos análisis a las anteriores autoridades uruguayas, elaborados según lo que prevé la legislación de ese país. Técnicos del gobierno anterior, que cesó en marzo, aprobaron esos estudios con algunas observaciones.
El proceso de blanqueado de la celulosa que aplicarán ambas empresas será con base en derivados del cloro. La industria del cloro es responsable de la liberación de subproductos dañinos para la salud humana y de larga permanencia en la naturaleza, como las dioxinas y furanos.
Si bien ENCE y Botnia no utilizarán la técnica más vieja y sucia, sino la llamada libre de cloro elemental (ECF por sus siglas en inglés), ésta aplica el dióxido de cloro, también contaminante, además de otras sustancias como ácido sulfúrico e hidróxido de sodio (soda cáustica)..
Aunque las empresas y el gobierno uruguayo han afirmado que ésta es la técnica más moderna y limpia, existe una más avanzada para fabricar celulosa sin ningún uso de cloro, conocida como totalmente libre de cloro (TCF, por sus siglas en inglés).
La campaña contra las plantas también contó con apoyo del gobierno de la provincia argentina de Entre Ríos, donde sin embargo están instaladas varias plantas de celulosa que han causado contaminación.
El conflicto entre Buenos Aires y Montevideo se agravó, y residentes de Gualeguaychú y algunos de Fray Bentos, organizados en una asamblea ambiental, se apoyaron en la disposición argentina contra los proyectos.
Activistas consultados por IPS se manifestaron escépticos ante el acuerdo de este viernes.
Si el informe ambiental no va a ser vinculante, el acuerdo es inaceptable, dijo el argentino Alejandro Gahan, de la Asociación Civil Vecinos Autoconvocados por la Defensa del Río Uruguay. Ya ocurrió en otros casos, que los expertos le bajan el pulgar al proyecto y las empresas siguen adelante, dijo.
Según Bielsa, en la reunión celebrada para tratar exclusivamente este asunto hubo cien por ciento de acuerdo con Uruguay. De esa manera aludió a declaraciones de Gargano, quien poco antes del encuentro había considerado que las coincidencias eran de 99 por ciento.
El episodio quedó atrás y la relación entre ambos países es lo suficientemente madura y sólida como para hallar salidas a cualquier problema bilateral, dijo Bielsa.
Defendemos con ahínco la no polución y esperamos de todo corazón que el informe diga que las plantas no son ningún riesgo, dijo el ministro.
Ante la pregunta de IPS sobre los efectos legales de un informe de este tipo, Bielsa admitió que el dictamen no sería obligatorio, aunque tendría la autoridad de ser el primero emanado de una comisión binacional.
No será vinculante en términos jurídicos, pero compromete a las partes, dijo. La comisión estará integrada por tres especialistas de la argentina Universidad del Litoral y tres de la uruguaya Universidad de la República.
Hasta ahora hubo informes de las papeleras, de organizaciones locales o del Uruguay, pero éste será el primero binacional, destacó.
Lo único que se busca es enfriar la resistencia de los vecinos para volver a atacar dentro de un tiempo, pero nosotros creemos que deben pararse las obras ya mismo o de lo contrario iniciar acciones judiciales, opinó Gahan.
