La construcción de dos plantas de celulosa en la frontera fluvial de Uruguay con Argentina tensó las relaciones entre ambos países, mientras ambientalistas y vecinos alertan que ello implica dar vía libre a firmas trasnacionales para instalar fábricas contaminantes en la región.
El diferendo creció en intensidad en los últimos días luego que el gobierno argentino adoptó una posición más enérgica en contra de la instalación de una fábrica de pasta para elaborar papel de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y de una similar de la firma Botnia, de Finlandia, en el occidental departamento de Río Negro, en la costa oriental del río Uruguay.
Ambos gobiernos comparten la llamada Comisión Administradora del Río Uruguay, producto de tratados bilaterales para controlar los asuntos relacionados con este curso fluvial limítrofe.
"Si fracasamos en impedir que dos grandes plantas produzcan celulosa cerca del río no sólo se verán afectados los vecinos de la zona, sino que estaremos dando vía libre a empresas extranjeras para que vengan a contaminar en nuestros países, dijo a IPS Alejandro Gahan, de la Asociación Civil Vecinos Autoconvocados por la Defensa del Río Uruguay.
El canciller argentino Rafael Bielsa vaticinó que el contencioso con Uruguay "tiene mal pronóstico y que Buenos Aires está decidido a exigir a Montevideo un estudio de impacto ambiental de los dos proyectos.
"La negativa sistemática de Uruguay es lo que está complicando las cosas, acusó Bielsa este viernes.
En tanto, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez declaró que los proyectos en marcha "siguen firmes, y su canciller, Reinaldo Gargano, remarcó que, a pesar de su apertura a dialogar sobre los temas del impacto ambiental, "la decisión sobre la instalación de las plantas está adoptada, y sobre eso no hay marcha atrás.
Las posiciones de ambos países, si bien parecen favorables al diálogo, resultan irreductibles en los hechos. Uruguay sigue adelante con sus planes y Argentina amenaza con demandas ante tribunales internacionales, según advirtió Bielsa.
"Argentina no puede aceptar el incumplimiento de los acuerdos de 1971 y 1975 sobre uso y administración del río Uruguay, que ordenan realizar consultas acerca del impacto ambiental de los proyectos que afecten sus aguas, explicó a IPS Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
El diplomático remarcó que los estudios que muestra el país vecino fueron hechos por las empresas interesadas, que salen de Europa porque allí ya no se les permite producir. De hecho, recordó que una planta similar de ENCE fue multada en España por el daño ambiental que provocó en Pontevedra, en el noroeste de ese país.
La normativa de la Unión Europea prevé que a partir del 30 de octubre de 2007 ninguna fábrica de celulosa puede funcionar en el territorio de ese bloque si no reconvierte la actual tecnología de producción, muy dañina para el ambiente.
Los vecinos de Gualeguaychú, la localidad más próxima a la zona en la oriental provincia argentina de Entre Ríos, se movilizan desde 2003 para frenar estos proyectos de inversión, que fueron aprobados en el anterior gobierno uruguayo, presidido por el liberal Jorge Batlle de 2000 a marzo de este año.
ENCE tiene previsto invertir 600 millones de dólares y Botnia el doble de ese monto, volúmenes de significativa importancia para la pequeña economía de Uruguay, con 3,3 millones de habitantes.
Las dos plantas estarán ubicadas en las cercanías de Fray Bentos, la capital de Río Negro, y a menos de 10 kilómetros de distancia entre sí, un hecho que potencia su capacidad de contaminación, según los críticos.
Ambientalistas y vecinos de ambas márgenes del río opositores al proyecto confiaban en que se daría marcha atrás a la inversión al asumir el gobierno Vázquez, del izquierdista Encuentro Progresista/Frente Amplio, corriente ideológica convergente a la sustentada por el gobierno argentino de Néstor Kirchner.
Pero eso no ocurrió. "Es un error creer que los socialistas tienen mejores actitudes ambientales", señaló Estrada.
"Las economías de Europa oriental (que integraron el campo socialista liderado por la hoy disuelta Unión Soviética) destruyeron el ambiente igual o más que las economías de mercado, comentó.
Uno de los argumentos de Vázquez para defender el proyecto es el derecho al desarrollo que tiene Uruguay, que espera con ello crear nuevas fuentes de empleo. Sin embargo, esas posibilidades son puestas en duda por los expertos que se oponen a los proyectos.
Gahan puso como ejemplo de lo contrario a lo que ocurre en Valdivia, en el sur de Chile, donde una planta similar mostró que no resulta un factor de desarrollo en ese sentido y, en cambio genera una grave contaminación en el ambiente.
Por su parte, Estrada también remarcó que el beneficio mayor respecto de la creación de empleo está en la fabricación de papel y no en la elaboración de su materia básica.
La fabricación de celulosa a partir de la madera incluye un proceso de blanqueado que, si se realiza con cloro o sus compuestos, genera residuos muy tóxicos como dioxinas y furanos, dos de los 12 contaminantes controlados por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Según ese Convenio, las dioxinas y los furanos son de alta toxicidad, tienen capacidad de persistencia en el ambiente y facilidad para acumularse en tejidos animales.
Pobladores y ambientalistas consideran que las fábricas contaminarán el río, el aire y el suelo de la región. El 30 de abril, unas 35.000 personas se movilizaron cerca del puente internacional que unen a Entre Ríos y Río Negro para protestar juntos contra las dos empresas.
En esa manifestación, los vecinos de la Asamblea Ambiental de Entre Ríos, en la que participa Gahan, solicitaron al gobierno de Kirchner que interviniera ante las autoridades uruguayas para detener la puesta en marcha de las plantas.
Así, Kirchner y Vázquez acordaron crear una comisión técnica bilateral para analizar el impacto ambiental de las fábricas.
Pero Montevideo faltó a las dos citas programadas en protesta por la decisión argentina de reclamar unilateralmente a la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, que condicione préstamos requeridos para los proyectos a la entrega de un estudio de impacto ambiental.
El mentor de esta estrategia fue Estrada Oyuela, quien se reunió este mes en Buenos Aires con el delegado del organismo multilateral, Dimitris Tsitsiragos, para pedirle que se le niegue apoyo financiero a las empresas europeas sin antes no se presenta un estudio confiable de ese tipo.
Según Gahan, el único documento presentado hasta ahora por Uruguay es uno realizado por ENCE, el cual fue considerado "inadecuado" y "muy incompleto por expertos de la argentina y estatal Universidad Nacional del Litoral.
Empero, el viceministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Jaime Igorra, dijo a IPS que esa versión se debe "a la gran falta de información que existe en Argentina".
"Ninguna planta de celulosa puede instalarse sin haber seguido antes el procedimiento habitual de presentar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) un informe sobre el impacto ambiental del proyecto, que a su vez debe ser aprobado por las autoridades", explicó.
Igorra apuntó que tanto ENCE como Botnia hicieron sus respectivos informes y fueron corroborados y avalados por la Dinama.
El funcionario subrayó que la instalación de las plantas es "una política de Estado" de Uruguay y que el proyecto continuará "con toda firmeza".
A su vez, Gahan aseguró que el gobierno de Vázquez admitió que carece de recursos técnicos y financieros para controlar a las compañías. El ambientalista añadió que el canciller uruguayo indicó que los técnicos que harán el contralor serán propuestos por la empresa Botnia de Finlandia.
"No podemos permitir que el zorro vigile el gallinero", comentó Gahan. "Esta es una actitud suicida de Uruguay que debemos frenarla porque hay otras empresas que están ahora analizando instalarse en nuestra región y, si fracasamos en este caso, estaremos dando una señal de que aquí pueden venir a hacer lo que quieran", advirtió.
En cambio, Igorra dijo a IPS que el control de las plantas se realizará por expertos de su país. "Se va a establecer un laboratorio con expertos uruguayos en Fray Bentos que controlarán a diario las emisiones de gas y el agua que es vertida al río Uruguay", aclaró.
Además, destacó que Ence, como contrapartida del proyecto, instaló en la ciudad una reserva de fauna autóctona con animales en riesgo de extinción, mientras Botnia iniciará un proyecto para controlar los efluentes sanitarios de Fray Bentos vertidos al río Uruguay.
Igorra subrayó que las empresas utilizarán el mismo sistema de elaboración de celulosa empleado y autorizado por la Unión Europea, sin el uso de cloro.
* Aportes de Raúl Pierri (Uruguay)
