Un gobernador regional de Venezuela violó derechos humanos y es políticamente responsable, estableció la Comisión de Política del parlamento, en un dictamen atrapado de inmediato en la red de pugnas entre seguidores del presidente Hugo Chávez.
Se evidencia la participación directa del gobernador del Guárico, Eduardo Manuitt, en la comisión de actos violatorios de los derechos humanos, y esta Comisión concluye que existe responsabilidad política del funcionario, asentó el informe del cuerpo legislativo, que pide a la fiscalía y a otras entidades del Estado abocarse al caso.
Manuitt, gobernador desde hace seis años del estado de Guárico, un emporio agropecuario en las llanuras centrales, calificó a los parlamentarios de mercenarios y mentirosos, se declaró víctima de un fusilamiento político y dispuesto a cualquier investigación por la fiscalía y los tribunales.
La confrontación se recuesta de un telón de fondo electoral, porque los venezolanos elegirán concejales en 330 municipios el 7 de agosto y, en diciembre, renovarán la Asamblea Nacional (parlamento), de 165 escaños, de los que 86 son ocupados ahora por chavistas.
El caso Guárico estudiado por la Comisión Política de 18 diputados (11 oficialistas y 7 opositores) consistió en procesar decenas de testimonios de violaciones de derechos humanos, entre homicidios, desapariciones, extorsiones, secuestros y torturas, informó el opositor Nicolás Sosa, presidente del cuerpo.
En uno de los episodios más vistosos, la Guardia Nacional, una fuerza militar, sorprendió a un grupo de extorsionadores en un paraje rural y debió enfrentarse a una brigada de la policía regional que actuó en protección de los presuntos delincuentes.
En entrevistas en el terreno con los diputados, comerciantes y productores agrícolas denunciaron el asesinato de familiares, en ocasiones simulando enfrentamientos, porque se negaron a pagar sobornos a la policía regional.
Según el informe parlamentario, aprobado el miércoles, el jefe de la policía rural de Guárico, Wilfredo Febres, y otros cuatro funcionarios acusados de un homicidio fueron luego condecorados por Manuitt, lo que el gobernador negó el jueves.
Manuitt pertenece a Patria Para Todos (PPT), que con otras pequeñas fuerzas de raíz izquierdista —incluido el ortodoxo Partido Comunista— es aliado del Movimiento V República (MVR), el partido de Chávez y principal fuerza electoral del conglomerado gobernante.
Hace un mes, luego de que algunos de sus seguidores chocaron ruidosamente en elecciones primarias para escoger candidatos a concejales, Chávez pidió públicamente unidad y disciplina y dijo que las pugnas por cargos entre sus partidarios me dan asco.
José Albornoz, secretario general del PPT, quebró lanzas a favor del gobernador cuestionado y el jueves afirmó que el informe parlamentario pretende agredir a Manuitt, al PPT y al proceso revolucionario, por parte de parlamentarios que están en campaña y hacen proselitismo con el caso Guárico.
La Comisión aprobó el informe con 14 votos a favor (ocho diputados del MVR y seis de partidos opositores), el voto en contra del representante del PPT y tres inasistencias.
De acuerdo con las prácticas parlamentarias, el informe de la comisión debe discutirse en el pleno de la Asamblea Nacional, pero los aliados del MVR consiguieron que el presidente del cuerpo, Nicolás Maduro, de dicho partido, ordenase conformar una nueva comisión, que revisará el texto para decidir si se debate en forma plenaria y cuándo.
En el debate de la comisión se evidenció el odio político de algunos parlamentarios hacia el gobernador Manuitt, y se montó una especie de show donde prácticamente se lo declara culpable. El informe está contaminado por la enemistad personal y política, dijo Maduro al anunciar que se conformaría una comisión revisora.
Maduro frenó el informe Manuitt, titularon varios periódicos, en tanto Iris Varela, vehemente diputada del MVR, criticó a su correligionario: Exijo respeto para las víctimas y para los diputados que trabajamos en esto. No se puede asumir el lenguaje de quienes califican el dolor de las víctimas como show mediático.
El polemista de oposición Teodoro Petkof, director del diario Tal Cual, escribió que por este camino del absurdo, la comisión evaluadora de la de Política podría, si sus conclusiones no satisfacen a Maduro, ser evaluada por una nueva comisión ad hoc y así hasta el infinito. No hay ley, sino la voluntad de los mandamases.
Edgar Zambrano, diputado del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática, sostuvo que detrás de la nueva comisión que propone Maduro está el mandato del presidente Chávez. En el caso Guárico hay 160 indicios de violaciones a los derechos humanos, pero si se establece que cualquier examen perjudica el proceso revolucionario, entonces cualquier autoridad podrá hacer lo que le venga en gana.
Comités de familiares de las víctimas siguieron el debate parlamentario. Ganamos el primer round. El informe demuestra que lo que denunciamos desde hace cinco años era verdad, y no permitiremos que duerma el sueño de los justos, dijo Oscar Cedeño, uno de los familiares.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos demoraron en reaccionar, pero un portavoz de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz adelantó a IPS que son altamente preocupantes declaraciones de legisladores y otros dirigentes de que se buscará una salida política al caso Guárico.
Los derechos humanos no se negocian, dijo el portavoz. Reconocemos el valor ético de quienes desde la Asamblea Nacional han decidido no negociar, y la fiscalía debe investigar para impedir que tengamos otro caso más de impunidad, agregó.
Desde hace años las ONG de derechos humanos recogen centenares de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves, y prácticamente no hay cuerpo policial exento de denuncias sobre crímenes y abusos.
Según la ONG Provea, entre octubre de 2003 y septiembre de 2004 hubo en este país de 25 millones de habitantes, 231 casos de violación del derecho a la vida, y de ellos 87 por ciento fueron ejecuciones extrajudiciales. En 52 por ciento de los casos los responsables fueron efectivos de las policías estaduales.
