Seis meses después de que enormes olas destruyeran la mayor parte de la línea costera de Sri Lanka, ésta se ve sacudida por un tsunami político a raíz de un acuerdo entre el gobierno y los rebeldes separatistas Tigres de Tamil para distribuir la asistencia a los afectados.
Por el acuerdo firmado el viernes, el gobierno de Chandrika Kumaratunga se ve acosado por protestas públicas y la ira de varios partidos, algunos de la coalición gobernante, que se oponen al mecanismo conjunto ideado para administrar la distribución de ayuda a las víctimas del maremoto en las zonas bajo control de los Tigres.
El gobierno perdió su mayoría parlamentaria el 16 de este mes, cuando el marxista Frente Popular de Liberación (FPL) se retiró de la coalición protestando por la propuesta de Kumaratunga de trabajar en la distribución de asistencia con los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil-Eelam (LTTE), que controlan buena parte del noreste del país.
El FPL consideró ese acuerdo una cesión de soberanía a los Tigres, y amenazó con manifestaciones masivas de protesta, pero hasta ahora sólo ha habido una el viernes en la capital.
Pero otros dos partidos de la coalición gobernante expresaron su desagrado con ese acuerdo. Líderes de Mahajana Eksath Peramuna y de la Alianza de Unidad Nacional criticaron la forma en que la propuesta fue presentada en el parlamento.
Para quienes perdieron todo por el tsunami del 26 de diciembre, el acuerdo no ha sido precisamente apresurado. Cuanto más demore el gobierno en firmar el mecanismo, más demoraremos nosotros en recibir la ayuda. No nos importa quién se opone o está a favor, mientras logremos lo que merecemos, dijo a IPS una de las víctimas, Hettiarchchige Premathunge.
El pescador es de Pereliya, en el sur del país, donde murieron más de 1.500 personas cuando las enormes olas descarrilaron un tren repleto de pasajeros. Él perdió todo su equipo de pesca y hasta ahora no ha recibido ninguna ayuda para recuperar su medio de vida.
Ahora, espera que la ayuda global prometida por los donantes, de 3.000 millones de dólares, le permita volver al trabajo.
El devastador maremoto mató a más de 200.000 personas sólo en los países del sudeste asiático con cosas sobre el océano Índico.
Aunque ha transcurrido medio año desde el desastre natural, por el que murieron 31.299 personas y 4.100 quedaron desaparecidas en Sri Lanka, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció esta semana que medio millón de habitantes aún están registrados como desplazados por el tsunami en esta isla del océano Índico ubicada en el sur de India.
El maremoto también dejó sin empleo a 275.000 personas, un tercio de ellas en la industria pesquera, según la Organización Internacional del Trabajo.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios sostuvo que 16.479 embarcaciones pesqueras fueron dañadas o destruidas, lo que representa la mitad de la flota nacional. De los 54.266 refugios transitorios necesarios sólo se han construido 31.000, y 9.480 familias aún vivían en tiendas el 8 de junio, agregó la agencia.
Para reemplazar las viviendas destruidas por las olas se necesita construir más de 77.000 unidades, según estimaciones oficiales. Informes presentados en mayo ante una reunión de donantes señalan que un cuarto de los afectados por el tsunami viven debajo de la línea nacional de pobreza, fijada en un ingreso mensual de 1.423 rupias (unos 14 dólares).
Los esfuerzos de reconstrucción se han visto obstruidos por la burocracia y las chicanas políticas, a pesar de la llegada de abundantes recursos en asistencia y voluntarios. Las instituciones donantes y los trabajadores humanitarios han afirmado que la reconstrucción se frenó por la ausencia de un plan completo de reconstrucción y de un acuerdo entre el gobierno y los Tigres de Tamil.
Fueron los rebeldes los primeros en sugerir un esquema conjunto para administrar la asistencia en las áreas del territorio que controlan. Una vez que los negociadores de Noruega —país que propició conversaciones de paz entre el gobierno y los separatistas en 2002— lograron sentar las dos partes a la mesa para acordar el inicio de un plan, la iniciativa obtuvo gran respaldo internacional.
Los rebeldes se alzaron en armas más de dos décadas atrás en reclamo de un país separado para la minoría tamil de Sri Lanka. El violento levantamiento ha causado hasta ahora más de 65.000 muertes.
Sri Lanka tiene 20 millones de habitantes, 74 por ciento de los cuales pertenecen a la etnia singalesa, 18 por ciento son tamiles, y el ocho por ciento restante se divide en grupos étnicos menores.
El acuerdo de esta semana es el primer paso significativo desde que las conversaciones entre Colombo y los Tigres se detuvieron en abril de 2003, si bien el cese del fuego se mantiene desde febrero de 2002.
El enviado especial de la ONU para el tsunami, el ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001), respaldó el mecanismo conjunto durante una visita a la devastada costa este en mayo. Quiero que continúe el esfuerzo de reconstrucción, dijo, añadiendo que el pacto permitiría una distribución equitativa de la ayuda.
Es de una importancia mayor que las partes hayan firmado este acuerdo sobre un esquema de administración conjunta, afirmó el viernes el canciller de Noruega, Jan Petersen.
El acuerdo cuenta con respaldo de los afectados por el tsunami en el sur del país. La gente del norte también ha sido dañada, no podemos oponernos a la intervención del LTTE, dijo SP Liyanage, también de Pereliya.
Aunque perdió mayoría en el parlamento, el gobierno de Kumaratunga aún puede sobrevivir, al menos a corto plazo, pues ha recibido apoyo condicional de dos grandes colectividades opositoras, el Partido de Unidad Nacional y la Alianza Nacional Tamil.
La presidenta podría fortalecerse aún más si los partidos islámicos aceptan que la minoría musulmana ha obtenido una representación justa en el mecanismo de implementación.
Pero la reconstrucción puede quedar inconclusa si las protestas del FLP logran mayor intensidad, y el oportunismo político gana a buena parte de la oposición que está apoyando a Kumaratunga.
El FLP ha amenazado con iniciar acciones legales contra el mecanismo para acompañar sus protestas. No podemos permitir que vendan el país, dijo el líder parlamentario del partido, Wimal Weeravansha.
Al FLP le molesta también que se haya otorgado a los donantes que aportan fondos de asistencia el estatus de observadores en los comités regionales que administrarán la ayuda.
A la postura del FLP se ha sumado el grupo Jathika Hela Urumaya, representado en el parlamento por ocho monjes budistas, que ha anunciado su apoyo a un eventual juicio político contra la presidenta Kumaratunga.
Uno de los monjes legisladores inició una huelga de hambre contra el mecanismo, a la que puso fin luego de que Kumaratunga tranquilizara a los religiosos tres semanas atrás.
La presidenta se reunió con los líderes budistas un día antes de firmar el acuerdo con el fin de lograr el respaldo del influyente clero. Setenta por ciento de la población es budista, 15 por ciento sigue al hinduismo, el cristianismo atrae a ocho por ciento, y siete por ciento es islámica.
Kumaratunga sabe que ahora tiene una oportunidad de cumplir la promesa que hizo cuando fue elegida en 1994: hallar una solución política a la costosa guerra civil. Y ha dicho que el mecanismo firmado podría servir de base para una solución permanente.
El noruego Petersen también se mostró optimista: Es la primera vez en más de dos décadas de conflicto armado que las partes han acordado cooperar en una estructura política administrativa que compromete los niveles nacional, regional y local. (
