Creyendo que era un juguete, Esteban de 10 años tomó la pistola de su papá y disparó contra su hermana, matándola en el acto. Hechos similares a éste, registrado en México, se repiten de forma periódica en América Latina, donde las armas cortas y ligeras están fuera de control.
Datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales recogidos por IPS indican que en Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela existen 43,5 millones de armas pequeñas registradas, cantidad que podría multiplicarse hasta por 10 si se incluyeran las que circulan en el mercado negro.
Las verdaderas armas de destrucción masiva son las cortas o pequeñas, que en el caso de América Latina circulan con impunidad y sin mayor problema, dijo a IPS Carlos Gómez, director en México de Amnistía Internacional (AI), el grupo humanitario con sede en Londres que lleva adelante, junto a otras organizaciones, la campaña mundial Armas bajo control.
Las armas pequeñas como revólveres, pistolas automáticas, fusiles, subfusiles y ametralladoras, cuya característica es que pueden ser activadas por cualquier persona sin entrenamiento y se pueden esconder con relativa facilidad, matan en el mundo a una persona cada minuto, indica Amnistía.
Existen alrededor de 639 millones de armas pequeñas en el planeta y cada año se producen ocho millones más. Los países que fabrican la mayoría de ellas son Estados Unidos, Francia, Rusia y Gran Bretaña, que obtienen jugosos ingresos por sus ventas.
Estudios patrocinados por el no gubernamental Centro de Estudios Sobre Política Criminal y Seguridad afirman que en América Latina mueren cada día 1.300 personas víctimas de armas de fuego cortas y ligeras.
La hermana del niño mexicano Esteban es parte de esas estadísticas. El papá de ambos, un policía en retiro, tenía su arma escondida bajo el colchón de su cama, donde la encontró el menor antes de activarla, en un hecho que IPS conoció a inicios de año, pero que por voluntad de los involucrados no trascendió a los medios de comunicación.
La secretaría (ministerio) de Defensa de México informó que de 1972 a 2002 registró 5,4 millones de armas. Muchas de ellas se compran y venden en los mercados ilegales, donde además circularían otras 10 millones.
Sus costos en general son accesibles, ya que se sitúan entre 300 y 1.500 dólares dependiendo del calibre, y están en manos de policías, soldados, pero también en las de delincuentes y familias.
Para combatir su proliferación y mal uso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó en 2001 una conferencia que adoptó el Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Livianas, con compromisos para un evitar su comercio ilegal.
Se trata de esfuerzos mínimos ante la dimensión del problema, sentenció Gómez.
Lo que sucede es que hay intereses económicos muy grandes de por medio (de los fabricantes de armas), sostuvo el director mexicano de Amnistía Internacional.
En Argentina, donde grupos no gubernamentales demandan al gobierno llenar el vacío de no tener en vigencia programas nacionales de desarme, 1.600 personas murieron en 2004 por disparos.
En ese país hay dos millones de armas registradas y nadie se atreve a dar una cifra sobre las ilegales.
Una persona (en Argentina) puede tener cuantas armas quiera tener y eso es una barbaridad, los requisitos actuales se cumplen fácilmente y son menos exigentes que para obtener una licencia de conducir, declaró a IPS Gabriel Conte, delegado para América Latina del grupo no gubernamental International Action Network on Small Arms.
El problema de las armas ligeras es que impactan más en la salud que en la seguridad, porque la gente se mata más en su casa o entre personas que se conocen entre sí, que en casos de asaltos o violencia callejera o barrial, señaló Conte.
Tratándose de toda América Latina, Gómez está parcialmente de acuerdo con ese punto de vista. Las armas están en las calles y las usan especialmente los delincuentes, matando a miles de personas, sostuvo.
En Brasil, 38.000 personas murieron a tiros en 2002, lo cual equivale a 25 por ciento más que en Estados Unidos en ese mismo año. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Brasil tiene el mayor índice mundial de asesinatos con armas de fuego.
El Ministerio de Salud de ese país informó que cerca de 300.000 personas fallecieron por armas de fuego en los últimos 10 años, muchos de ellos en hechos de violencia urbana.
Con el problema a cuestas, autoridades de gobierno de ese país, al igual que otros como Chile y México, han emprendido campañas para recoger las armas en poder de civiles. La última de ellas se activó en julio de 2004 y según informes oficiales hasta fines de mayo logró recoger más de 350.000.
Quienes entregan las armas, que luego son destruidas, reciben pagos de 40 a 120 dólares y nadie pregunta sobre los antecedentes y registros de las mismas, incluso en el caso de que hayan sido usadas en un crimen.
Henri Burin de Roziers, fraile misionero francés que trabaja en los septentrionales estados brasileños de Tocantins y Pará, dijo a IPS que la campaña de desarme es un desastre para los campesinos pobres.
Está siendo usada para reprimirlos, para detenerlos por posesión ilegal de armas, mientras los hacendados entregan viejas armas y se quedan con las mejores. A su entender, campañas anteriores de los años 80 y 90 solo sirvieron para reprimir y atemorizar los pobres, y no tocaron a los terratenientes que tienen más armas y milicias privadas.
En Brasil hay 15,5 millones de armas pequeñas en manos de civiles y 8,7 millones se consideran ilegales, según una investigación del Instituto de Estudios de Religión.
Chile, uno de los países con menores problemas de seguridad en América Latina, no se salva del problema. Se estima que en ese país circulan unas 300.000 armas ilegales.
Legisladores y gobierno concertaron una nueva Ley de Control de Armas, que sustituyó a una de 1972. Gracias a esa norma, que entró en vigencia en mayo, se recolectaron sólo poco más de 400 en recintos policiales, militares y templos católicos.
En Chile existen unas 700.000 armas de fuego legalmente inscritas, incluyendo escopetas y otras armas de caza, además de pistolas y revólveres. Esa cifra incluye armas largas de empresas de seguridad.
En la última década, el año récord de inscripción de armas fue 1995, con 22.017 unidades. Pero ha ido bajando y en 2004 hubo menos de 8.700. Se calcula que 11 por ciento de los 15,2 millones de chilenos poseen armas de fuego.
El presidente Ricardo Lagos señaló que los delincuentes roban en Chile un promedio de 10 armas al día. Sus informes indican que cada año se decomisan unas 3.500 armas a delincuentes. De ellas, una de cada tres fue robada y a una de cada cinco se le borró su número de serie.
En tanto en Venezuela, donde se cometieron 11.342 homicidios en 2003, también se han realizado campañas para recoger armas. La última data de fines de los años 90, cuando se lograron recolectar algunas decenas de revólveres viejos y prácticamente inservibles.
Al igual que en la mayoría de países, las armas legales deben ser registradas ante las autoridades. El trámite cuesta algo más de 200 dólares en el caso de Venezuela.
Los informes oficiales indican que en ese país hay 1,5 millones de armas registradas y 500.000 esperan su legalización. Además, se estima que hay tres millones de armas ilegales.
En El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la violencia y delincuencia va en crecimiento, 70 por ciento de los homicidios se cometen con armas que circulan con relativa facilidad amparadas en las redes de traficantes.
Muchas de las armas que se usan en la región centroamericana datan de los conflictos armados internos que esa zona sufrió en las décadas del 70 y del 80 entre militares y grupos guerrilleros.
Cuando esas guerras civiles finalizaron, con la firma de acuerdos de paz, miles de armas fueron a dar al mercado ilegal.
Las armas registradas legalmente en América Central suman poco más de 500.000. Sin embargo, hay más de un millón adicionales no registradas, indica el estudio Small Arms Survey, publicado en junio de 2003 con el patrocinio del Instituto de Graduación Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza.
*Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Mario Osava (Brasil), Gustavo Gonzáles (Chile) y Humberto Márquez (Venezuela)
