El derecho de los refugiados y de los inmigrantes peligra gravemente en la Unión Europea, advirtió este lunes en la capital española el director de la sección para este país de la organización humanitaria Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.
En ese sentido, Pía Oberoi, experta en refugio y asilo de Amnistía Internacional, señaló a IPS que los gobiernos de la Unión Europea (UE) y de otras naciones de Occidente están más preocupados por enviar a quienes llegan buscando refugio a otros países en lugar de protegerlos.
Esa política no toma en cuenta que muchos de ellos son enviados a países con gobiernos dictatoriales en los que se violan los más elementales derechos humanos, apuntó la especialista en el acto de celebración en Madrid del Día Mundial del Refugiado.
Oberoi añadió que el recurso de calificar de ilegales a los inmigrantes que llegan sin papeles o a través de vías de acceso irregulares es un pretexto que daña a los más vulnerables y en especial a mujeres y niños.
Beltrán y Oberoi encabezaron la presentación del informe Frontera Sur en este país, donde aún no se han acallado los ecos de la tragedia del día 13, cuando seis mujeres con un hijo pequeño cada una procedentes de África subsahariana murieron al naufragar una patera (endeble embarcación) cerca del puerto marroquí de Tánger, próximo al estrecho de Gibraltar.
Tres días más tarde, otros 13 inmigrantes extenuados fueron rescatados por un equipo de submarinistas de la militarizada policía española Guardia Civil, tras 10 días a la deriva sin agua potable ni alimentos que ingerir. En la patera había embarcado otras 11 personas cuyos cuerpos fueron arrojados al mar a medida que fallecían.
Los supervivientes, 12 hombres y una mujer procedentes de Ghana y Malí, fueron avistados a unas 120 millas de distancia de la isla de Gran Canaria por tripulantes del buque mercante Khalifeh Livestock, quienes ataron la patera a su embarcación y dieron aviso a Salvamento Marítimo, que se ocupó de trasladarlos a tierra firme y prestarles los primeros auxilios.
Pocos días antes de estos hechos, la Guardia Civil interceptó en esa zona a otra patera con 59 harragas, el término árabe equivalente a espaldas mojadas, como se les llama a los inmigrantes latinoamericanos que ingresan a Estados Unidos por la frontera mexicana.
La confirmación de que 33 de los 59 inmigrantes eran menores de 18 años hace prever que este año se supere el número de esta franja etaria que desembarcaron de modo irregular en España y fueron detenidos. En 2004 sumaron 1.575.
Frontera Sur, el informe presentado este lunes por Amnistía Internacional, refleja la tensa situación que se vive en el sur de España, tanto en las costas continentales con el mar Mediterráneo como en las Islas Canarias, por la incesante llegada de extranjeros en pésimas embarcaciones que ponen doblemente en peligro su vida.
Asimismo, alerta de los malos tratos a que son sometidos, en muchos casos por miembros de la Guardia Civil, antes de ser devueltos sin certificar si son exiliados políticos, a sus países de origen.
Al respecto, Amnistía Internacional asegura que las políticas migratorias de España y de otros estados miembros de la UE, así como la promovida en países como Marruecos, impiden a las personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos llegar a España, pedir asilo y obtener protección.
La organización humanitaria con sede en Londres reconoce el derecho del Estado español a controlar la inmigración y regular la entrada de extranjeros en su territorio.
Empero, critica que este hecho haya provocado que el derecho a solicitar asilo esté en peligro de extinción, debido a que España presenta una de las tasas per cápita más bajas de toda la UE en número de solicitantes (una por cada 10.000 residentes), cifras que, señala, disminuyen año tras año.
Beltrán insistió en que tanto las autoridades como los medios de comunicación invisibilizan a los refugiados, ya que mientras se hace referencia al flujo de 'ilegales' se oculta la realidad de quienes huyen de persecuciones y graves abusos en sus países de origen, una situación que se refleja en Frontera Sur.
Por otro lado, la organización humanitaria hizo un pormenorizado estudio de la situación de los refugiados e inmigrantes en Europa, mostrando que en prácticamente todos los países se violan sus derechos, aunque en unos más que en otros.
Así, en Austria, aunque a fines de 2004 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres artículos de la ley de Asilo, que permitía la expulsión antes de que se considerase el recurso de apelación, sigue siendo preocupante que las autoridades de ese país no se cercioren de que el gobierno de la nación receptora cumpla las garantías ofrecidas antes de la extracción.
Como ejemplo, Amnistía pone lo ocurrido en febrero de 2004 a un solicitante de asilo en la ciudad de Traiskirchen, quien fue víctima de malos tratos, que llegaron a incluir quemaduras de cigarrillos en su hombro cuando se negó a abandonar el campo de refugiados para ser expulsado.
En Bélgica, prosigue el informe, también se infligen tratos crueles, inhumanos o degradantes y se hace uso de una fuerza excesiva para expulsar a ciudadanos extranjeros.
No obstante, en el caso de Francia, el estudio reconoce avances en la situación de los menores que llegan solos al país y destaca como hecho positivo la confirmación de las denuncias de la Defensoría de los Niños, que expresó su honda preocupación por la situación de niños no acompañados a los que se detenía en zonas de espera antes de ser expulsados.
A esa acusación, se sumaron varias organizaciones no gubernamentales que pusieron de manifiesto que, en varios casos, se impidió que los niños se reuniesen con sus padres, que se encontraban ya en el país.
Tras comprobarse estos hechos, el Tribunal de Apelación de París resolvió que las zonas de detención debían ser consideradas territorio francés, lo que permite que los jueces tengan ahora competencia para analizar los casos que allí se producen, señala Amnistía Internacional.
Los malos tratos se producen también en Grecia, donde en diciembre de 2004 se denunció que unos 60 solicitantes de asilo procedentes de Afganistán, de los que al menos 17 eran menores de 18 años, habían sido torturados y maltratados por agentes de policía.
En tanto, en Irlanda se llegó al extremo de que en 2004 se eliminó la garantía constitucional de la ciudadanía para las personas nacidas en ese país y cuyos progenitores carecieran de ciudadanía. Con esa base, en octubre de 2004 fueron expulsadas 32 personas que tenían hijos de nacionalidad irlandesa y se dictaron órdenes de expulsión contra otras 352.
Idéntica situación se produce en el sur de Italia, donde miles de inmigrantes y solicitantes de asilo siguen llegando por mar a sus costas y centenares mueren en el intento, subraya el informe.
Muchos de esos barcos zarpan de Libia, en la costa norte de África, país al que son devueltos gran cantidad de ellos.
Esta situación, sostiene la organización no gubernamental, viola el Estatuto de los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, porque no se toma en cuenta la situación de los países de origen de estas personas, como ocurrió el 17 de marzo de este año, cuando las autoridades italianas devolvieron 180 de ellos a Libia donde pueden ser objeto de torturas.
Por último, la investigación señala que en Suiza, uno de los países considerados más desarrollados de Europa, la legislación permite el uso de armas de electrochoque, entre ellas las pistolas Taser, contra inmigrantes y refugiados.
Estas pistolas son armas paralizantes de electrochoque concebidas para provocar la incapacitación instantánea de personas. Con ellas se pueden efectuar descargas de hasta 50.000 voltios a través de los dardos que disparan. Los dardos, punzantes y en forma de anzuelo, permanecen unidos a la pistola mediante cables de cobre que administran descargas de alto voltaje y bajo amperaje.
Su alcance es de aproximadamente seis metros y medio y los dardos pueden penetrar hasta cinco centímetros en la ropa o la piel de la persona contra el cuál se ha disparado. No obstante, también pueden utilizarse sin los dardos, a bocajarro, como armas paralizantes de electrochoque.
En el caso de Austria, Amnistía señala también su preocupación porque no se hayan habilitado los mecanismos necesarios para garantizar la supervisión y una rendición de cuentas adecuadas en lo que se refiere a los centros de acogida de los solicitantes de asilo, ya que la responsabilidad del funcionamiento diario de estos centros ha sido subcontratado a empresas del sector privado en 2003.
También preocupa, que las autoridades austriacas no se cercioren de que el gobierno del país receptor cumple las garantías ofrecidas antes de la extradición.
