La negativa de legisladores a renunciar para habilitar elecciones generales anticipadas y la amenaza de una inminente reanudación de las protestas populares son las mayores piedras puestas en el camino de Eduardo Rodríguez en su primera semana como presidente de Bolivia.
Rodríguez tropieza con las demandas de grupos sociales del occidente del país resueltos a recuperar los hidrocarburos para el Estado y convocar una asamblea constituyente, y con las exigencias de empresarios y político del oriente de imponer las autonomías departamentales.
Son los mismos reclamos que llevaron a la renuncia el 7 de este mes de su antecesor, Carlos Mesa, tras 20 días de virtual paralización de este país de 9,2 millones de habitantes.
Sin prometer nada, el nuevo presidente ha trazado un camino discreto que debería finalizar a fin de año con la entrega del mando a un presidente elegido en las urnas, tal como lo dispuso el Congreso legislativo cuando lo designó en el cargo de modo interino en la madrugada del día 10.
Pero el trámite no resulta fácil. El período constitucional, que continúa Rodríguez por decisión parlamentaria, es de cinco años y lo comenzó en agosto de 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció el 16 de octubre de 2003 y fugó del país, tras una revuelta popular que culminó con la muerte de 67 personas a manos de la represión policial y militar.
A Sánchez de Lozada lo sucedió al día siguiente el hasta ese entonces vicepresidente Mesa, que asumió el mando constitucional también por orden parlamentaria para finalizar el mandato original de esa administración en agosto de 2007.
Tras la dimisión presentada por Mesa y en medio de una creciente desconfianza por el sistema de partidos políticos y sus actores, las organizaciones sociales forzaron a su vez la renuncia a sus legítimas pretensiones de sucederlo por orden constitucional del presidente del Senado y del Congreso, Hormando Vaca Díez, y de su par de la Cámara de Diputados, Mario Cossío.
Los sucesivos alejamientos le abrieron paso a Rodríguez por su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien asumió el gobierno convencido de ser prenda de unidad y paz para reencaminar la golpeada institucionalidad democrática.
Pero su tarea afronta graves problemas. Las encuestas expresan que la ciudadanía, además de elegir a presidente y vicepresidente en los previstos comicios de este año, quiere también la renovación del hoy desprestigiado parlamento,
Para poner los escaños parlamentarios en juego se requiere como paso previo la renuncia de los 157 miembros del Congreso, salvo, claro está, que se reforme la Constitución a través de una ley específica. Empero, su aplicación, en caso de conseguirse, sólo sería posible para la próxima legislatura, a partir de agosto de 2007, explicó a IPS el constitucionalista, Benjamín Miguel Harb.
La impopularidad de los parlamentarios û27 senadores y 130 diputados— se acrecentó luego que algunos solicitaron, para renunciar, el pago de una compensación económica que puede llegar a cinco veces la retribución mensual si se aplica la legislación laboral boliviana para los casos de despido.
Los legisladores cobran el equivalente a 2.716 dólares al mes, mientras que el salario mínimo nacional que sirve de referencia para las distintas actividades económica equivale a unos 50 dólares.
Pero Harb aclara que la función de los congresistas es de representación política en un poder del Estado y, por lo tanto, no tienen una dependencia patronal como para exigir indemnización ante un retiro anticipado.
La desaprobación popular hacia el Congreso se hizo sentir a gritos el jueves, cuando los presidentes de las cámaras parlamentarios intentaron acompañar al presidente Rodríguez, mientras recibía honores de las Fuerzas Armadas.
Los calificativos y críticas frente a la sede del gobierno obligaron a los representantes del Congreso a abandonar uno de los balcones antes que concluyera el acto de reconocimiento militar a su comandante en jefe o Capitán General, como es el presidente del país según la Constitución.
Minutos antes, en un acto en que se entregaron los símbolos presidenciales a Rodríguez, una medalla, banda y bastón de mando, el mandatario y el titular del Congreso libraron una suave puja discursiva.
Muy didáctico en su explicación y casi anticipando el comportamiento del presidente, Vaca Díez explicó en un discurso que la falta de consenso sólo permitirá la convocatoria a elecciones para presidente y vicepresidente.
En cambio, Rodríguez respondió con voz firme que el Congreso debe interpretar las demandas de elecciones generales para fortalecer el sistema democrático.
El descontento social puede provocar nuevas movilizaciones que presionen hasta alcanzar la clausura del Congreso, advirtió a IPS el profesor universitario y sociólogo Joaquín Saravia.
A todo esto, la sociedad boliviana ya muestra la pugna por la silla presidencial, donde aparecen entre las principales figuras el empresario de la industria del cemento Samuel Doria Medina, el líder campesino y del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002).
Doria Media, quien encabeza la intención de votos según últimas encuestas, fundó el partido Unidad Nacional (UN) tras apartarse del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que gobernó entre 1989 y 1993 a través de su líder, Jaime Paz Zamora, y luego formó coalición con el gobierno Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario.
La UN participó por primera vez en las elecciones municipales de diciembre del pasado año.
En cuanto a Morales, el desgaste sufrido en las última crisis políticas del país, al encabezar movilizaciones callejeras y bloqueos de tránsito, ha minado en algo su antigua convocatoria electoral, que lo llevó a quedar en segundo lugar y a muy pocos votos de Sánchez de Losada en los comicios generales de 2002. Empero, expertos aclaran que la campaña aún no arrancó.
Por su parte, Quiroga aún se maneja sin partido político, aunque goza de una licencia de la Acción Democrática Nacionalista (ADN) que dirigió tras el fallecimiento de su jefe Hugo Banzer, dictador de Bolivia de 1971 a 1978 y luego presidente elegido en las urnas de 1989 hasta su muerte en 2001.
Al margen del Poder Legislativo, el presidente Rodríguez tratará de persuadir a los habitantes de El Alto, vecina a La Paz, que amenazan con volver a sus marchas y bloqueos callejeros hasta obtener la nacionalización de los campos petroleros y gasíferos, ahora cedidas en concesión a empresas transnacionales.
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto mantiene por ahora la declaración de cuarto intermedio en su lucha por la recuperación de los recursos naturales y la asamblea constituyente.
Rodríguez pidió a las organizaciones alteñas un compás de espera y la realización de elecciones generales para derivar la demanda al próximo gobierno.
Durante 20 días, las huelgas y movilizaciones de El Alto asfixiaron el aparato productivo de esa empobrecida ciudad y de La Paz, con pérdidas estimadas en 100 millones de dólares, la cuarta parte del déficit fiscal de Bolivia, y el cierre de 80 fábricas pequeñas, según estimaciones de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
Mientras y tras el cambio de mandatario, las expectativas de la región oriental de Bolivia por la realización de un referéndum sobre autonomías departamentales se han fortalecido.
Luego de los frustrados intentos parlamentarios de fijar fecha, un comité regional organizado por empresarios y dirigentes cívicos resolvió seguir su propio camino.
Ese comité dispuso que la consulta se realice el 12 de agosto, en coincidencia con las elecciones de prefectos (gobernadores) departamentales, una convocatoria que no se ajusta a las normas constituciones para los referendos, que el presidente Rodríguez pretende hacer cumplir fiel a su formación en derecho.
Uno de los actores de las movilizaciones de junio, el MAS entregó al presidente dos proyectos de decreto encaminados a realizar el referéndum sobre autonomías y la convocatoria a asamblea constituyente.
El presidente tiene la disposición de autorizar el funcionamiento de una comisión que facilite la realización de una asamblea constituyente para garantizar justicia, igualdad, equidad y la recuperación de los hidrocarburos, dijo Morales. (
