Políticos divididos y el gobierno de Bolivia ocupado en reprimir a 20.000 campesinos, maestros, comerciantes y universitarios que asedian La Paz por noveno día, montan la incertidumbre sobre el futuro político de este país, que no halla el camino a un acuerdo sobre autonomías departamentales y asamblea constituyente.
Hasta el martes, los sindicatos campesinos, de comerciantes y de maestros, agrupados en un Pacto Antioligárquico, marchaban reclamando una convocatoria a asamblea constituyente como punto principal, pero el miércoles sus líderes resolvieron dejar en segundo plano la demanda y pusieron el énfasis en la nacionalización de los campos petroleros operados por compañías extranjeras.
La carta sindical fue echada sobre la mesa, después de que el Congreso legislativo no sesionó el martes ni el miércoles, alegando el clima de inseguridad generado por las marchas, y dejando un sentimiento de frustración y descontento en la gente.
La fuerza radical más activa desde octubre de 2003, el vecindario de El Alto, ciudad contigua a la sede de gobierno, también resolvió intensificar las medidas de presión con una intervención a la planta de almacenamiento de gasolina y gas licuado, y una marcha masiva proyectada para el lunes de la próxima semana.
Los combativos vecinos alteños se sumaron al pedido de renuncia al presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, pues no logró alcanzar un acuerdo político encaminado a responder las demandas de las regiones.
Un pronunciamiento similar fue emitido por los parlamentarios de partidos opositores, en una sesión informal realizada la noche del martes, en el que acusaron a Vaca Díez de evitar el acuerdo político respecto de las demandas de oriente y occidente.
Las bancadas parlamentarias de oriente, correspondientes a los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni, no recibieron el respaldo de los legisladores de occidente para facilitar la realización de un referendo sobre autonomías, porque éstos desean la inclusión de la asamblea constituyente en el temario.
Afectados por la destrucción de vehículos y las continuas manifestaciones, los propietarios y conductores de unidades del transporte público suspenderán sus actividades este jueves y viernes.
Para completar el cuadro de conflicto, el ex policía Juan Carlos Soraide se declaró en huelga de hambre y convocó a otros uniformados a sumarse al movimiento pacifista que dice liderar.
No podemos reprimir a nuestras esposas comerciantes y a nuestros hijos universitarios, expresó el huelguista. El Comando Departamental de la Policía de La Paz restó importancia a la convocatoria de Soraide.
Mientras el oriental departamento de Santa Cruz reclama una consulta popular sobre la creación de las autonomías regionales (tendente a descentralizar el control de los ricos recursos naturales de esa zona), en la región occidental la fuerza de las masas populares amenaza desbordarse y superar el control de sus líderes, sumidos en discrepancias internas.
Las demandas se multiplican y abarcan desde el pedido de renuncia al presidente Carlos Mesa hasta la nacionalización de los campos gasíferos operados por una decena de compañías extranjeras, entre las que destacan la brasileña Petrobras, la española Repsol y otras de origen británico y estadounidense.
Las tendencias están orientadas por intereses económicos y al acumular fuerza pueden tomar diversos rumbos dejando de lado sus objetivos iniciales, dijo a IPS el docente universitario y sociólogo Joaquín Saravia.
A diferencia de Santa Cruz, que siguió un proceso de construcción de una propuesta y estrategia encaminada a las autonomías departamentales, la fuerza de movilización de El Alto, un enorme y empobrecido suburbio de La Paz, no tiene un objetivo político concreto y corre el riesgo de terminar en conductas violentas, explicó.
Santa Cruz asumió el liderazgo económico por su contribución a las exportaciones de productos no tradicionales con 600 de los 2.000 millones de dólares exportados en 2004 y por las oportunidades de comercialización del gas natural existente en la región oriental.
Las expresiones de protesta en La Paz se realizan en medio de divergencias profundas entre los líderes de las movilizaciones.
El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quedó superado por sus bases que se aproximan al sindicalista campesino, de la misma tendencia política, Román Loayza, quien enarbola la consigna de nacionalización de los hidrocarburos, como lo hace el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares.
Morales es diputado y dirigente de los cultivadores de hoja de coca y conduce el principal partido político opositor.
Pero Morales no comulga con Solares —quien propuso días atrás la sustitución del presidente Mesa por un militar patriota y honesto—, y lo acusa de haber integrado grupos paramilitares en los años 80.
El analista político Jorge Kafka señaló que estas diferencias de opiniones entre los actores, un escenario de múltiples demandas y la ausencia de mediadores crean una situación caótica.
Los campesinos que llegaron hace 15 días a La Paz no están dispuestos a marcharse sin alcanzar su objetivo de obtener una convocatoria del Congreso a la asamblea Constituyente.
El secretario ejecutivo de la Central Provincial Bolívar, Sergio Alave, del departamento de Cochabamba, dijo a IPS que sus afiliados están dispuestos a quedarse dos meses o todo el tiempo que demande la lucha en las calles.
Los campesinos dirigidos por Alave y seguidores del MAS permanecen hospedados en el edificio principal de la Universidad Mayor de San Andrés.
Alave recordó que ese sector sindical también protagonizó movilizaciones en octubre de 2003, cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyó tras una revuelta popular conocida como la guerra del gas, que impidió la exportación del hidrocarburo a Estados Unidos y México, y acabó con 67 muertos, según los familiares de las víctimas.
En el otro frente, los empresarios cruceños de la Cámara Agropecuaria del Oriente también exigen la renuncia de Mesa, a quien cuestionan la falta de principio de autoridad en la preservación de la propiedad de tierras agrícolas.
Grupos de campesinos sin tierra invadieron hace 15 días una propiedad en la población de Yuquises, y la demora en su expulsión hizo más impopular a Mesa entre el empresariado cruceño.
La influyente Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se sumó a las voces contrarias al mandatario y sugirió un adelanto de las elecciones generales.
Poco antes, el empresario del cemento y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y la ex gobernante Acción Democrática Nacionalista (ADN), de derecha, se pronunciaron por anticipar las elecciones.
En su defensa, Mesa replicó acusando a los líderes sindicales de promover una desestabilización de la democracia, y ratificó que defendería las instituciones sin acudir a mecanismos de represión que provoquen bajas entre los manifestantes.
