Mientras yo esté vivo, no va a haber nada sobrehumano que me haga callar, dijo a IPS el peruano Luis Alberto Ramírez, horas después de sobrevivir al tercer intento de asesinarlo en un año y medio.
Ramírez, de 31 años, está bajo medidas cautelares de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su testimonio es clave en varios juicios por las desapariciones de decenas de estudiantes en 1991, en las que está implicado el general retirado Luis Pérez Documet.
El general deberá prestar testimonio en unas tres semanas en el juicio por secuestro y torturas a Ramírez, cometidos ese mismo año, dijo a IPS el abogado del amenazado, Carlos Rivera.
A las 18.30 (hora local) del miércoles, cuando salía de la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL), la entidad de derechos humanos que lo representa ante los tribunales, Ramírez fue atacado a balazos desde un automóvil.
El agente policial asignado a su protección lo cubrió con su cuerpo y se arrojó con él a una zanja. Luego repelió el ataque y, tras un intercambio de disparos, los atacantes huyeron.
Lo que me queda es terminar lo que he iniciado, dijo Ramírez y se quejó de los procedimientos policiales a que fue sometido después del atentado, como si fuera el atacante y no el agraviado.
El 22 de febrero de 1991, cuando tenía 17 años, Ramírez fue detenido por miembros del ejército en la ciudad de Huancayo, en la sierra central de Perú, durante uno de los operativos, frecuentes por entonces, con el presunto objetivo de capturar a integrantes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.
Por entonces gobernaba Alberto Fujimori (1990-2000), ahora refugiado en Japón y prófugo de la justicia peruana que lo busca por numerosos crímenes.
Conducido al cuartel Nueve de Diciembre de Huancayo, Ramírez permaneció detenido e incomunicado 15 días, y fue sometido a golpes, picana eléctrica y quemaduras, entre otros tormentos. Luego fue devuelto a su familia.
Durante su permanencia en el cuartel, Ramírez presenció varios episodios que cambiaron su vida, por ejemplo las torturas contra varios estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, algunos de los cuales siguen desaparecidos.
La justicia tramita muchos procesos penales por desaparición forzada, y Ramírez es testigo en tres de ellos. Su testimonio puede resultar clave para esclarecer lo ocurrido con al menos 74 estudiantes que permanecen desaparecidos.
De acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), este tipo de crímenes fueron cometidos de forma sistemática por el ejército.
El informe de la CVR, publicado en agosto de 2003, afirma que entre 1980 y 2000 murieron o desaparecieron en Perú 69.280 personas, a manos de la insurgencia o de la represión estatal.
El principal sospechoso de los intentos de asesinar a Ramírez es Pérez Documet, quien era jefe del Comando Político Militar de la Zona Centro cuando se cometieron los secuestros, y responsable por tanto de las acciones del personal militar bajo su mando en esa región.
Nuestra hipótesis es que quienes están interesados en que Ramírez se calle son las personas que serían acusadas por estos delitos, entre ellos el general Pérez Documet, dijo Rivera.
El 13 de marzo de 2004, cuatro hombres persiguieron a Ramírez a balazos, cerca de su casa en Huancayo. El IDL solicitó entonces garantías a la Prefectura zonal, que no se hicieron efectivas.
Luego siguieron reiteradas amenazas contra él, su esposa y sus pequeñas hijas. El IDL pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana, que ésta ordenó cumplir al Estado peruano.
Sin embargo, el 30 de agosto del año pasado, Ramírez sufrió otro ataque, nuevamente cerca de su casa. Una bala penetró en su abdomen, y se salvó gracias a una cirugía e internación hospitalaria de varias semanas.
Se trata, increíblemente, de una persona que parece condenada a muerte, dijo Rivera en referencia al evidente plan para impedir que preste testimonio. Pero Ramírez anticipó que ratificaría sus denuncias, pues sus perseguidores tienen que pagar por todo el daño causado.