«Se van a morir todos por revoltosos, hijos de la chingada, gritó un fiscal segundo antes de que policías dispararan contra un grupo de campesinos del estado de Guerrero, México, matando a 17 de ellos. A 10 años de esa masacre, que fue grabada en video, sus autores intelectuales permanecen impunes.
"No hemos encontrado justicia, y los que ordenaron que nos tiraran (dispararan) andan libres y tranquilos, lamentó Mauro Hernández, conductor de la camioneta que transportaba a los campesinos que el 28 de junio de 1995 fueron asesinados en una zona rural del sudoccidental estado de Guerrero conocida como Aguas Blancas.
Bajo una lluvia de tiros acompañada de insultos, los campesinos, opositores al entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron cayendo uno a uno, según se observa en un borroso video grabado en el lugar de los hechos por agentes policiales.
Una versión editada de ese material fue exhibida primero por los acusados para aducir que dispararon en defensa propia, pero la grabación completa, difundido de forma posterior por medios de comunicación, mostró con claridad que se trató de una masacre de campesinos indefensos.
Trece de los autores materiales de ese crimen, en su mayoría policías, están presos desde hace 10 años, pero permanecen libres los señalados como sus autores intelectuales, que son los colaboradores y el propio gobernador de la época de Guerrero, Rubén Figueroa, del PRI, el partido que gobernó México de 1929 a 2000,
"La impunidad prevalece y eso indigna cuando la evidencia es tan contundente contra el ex gobernador y otros ex funcionarios, dijo a IPS David Velazco, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que responde a la Compañía de Jesús, una de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica.
"A diez años de Aguas Blancas, las huellas de los autores intelectuales siguen allí para quien quiera verlas, apuntó el director del grupo, que junto a otros presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que en 1998 pidió al gobierno de México mayor profundidad en las investigaciones y castigo a los responsables de ordenar el crimen.
Hernández, el chofer del vehículo en el que viajaban los campesinos asesinados y que en su mayoría simpatizaban con la Organización Campesina de la Sierra del Sur, grupo opositor al PRI, declaró que en el lugar escuchó con claridad al entonces subprocurador (fiscal segundo) de Guerrero, Rodolfo Sotomayor, gritar "se van a morir todos por revoltosos, hijos de la chingada (hijos de puta).
Sotomayor murió el año pasado en un accidente de motocicleta.
En abril y por primera vez desde 1928, asumió la gobernación de Guerrero un político ajeno al PRI, hecho que llevó esperanza a los grupos que piden justicia por diversos hechos de represión reportados en ese estado, entre ellos el de Aguas Blancas. Se trata de Zeferino Torreblanca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
"Hubo esperanzas con el nuevo gobernador, pero el desencanto emergió rápido, pues con el argumento de no generar enfrentamientos y que haya concordia, Torreblanca sepultó cualquier posibilidad de reactivar las investigaciones sobre Aguas Blancas y otros casos, dijo el director de Agustín Pro Juárez.
Guerrero es un territorio con 3,1 millones de habitantes, 43,3 por ciento de los cuales viven en zonas rurales y en su gran mayoría en la pobreza, marcado por la presencia de insurgentes, mafias de taladores de madera, cultivos de drogas y poderosos hacendados ligados al PRI, partido que ha sido acusado de ejercer la represión desmedida contra sus opositores en esa zona.
En las sierras de Guerrero, 11 de sus 17 municipios indígenas son catalogados por estudios oficiales de altamente marginados y uno de ellos como el más pobre de este país de 103 millones de habitantes.
Un año después de la matanza de Aguas Blancas se presentaron en ese lugar personas armadas y con los rostros cubiertos que dijeron ser miembros del rebelde Ejército Popular Revolucionario. Allí entonaron arengas a favor de la revolución, el socialismo y la toma del poder por las armas y pidieron justicia por la matanza de los campesinos.
El grupo, que luego se limitó a realizar algunas acciones de propaganda y algunos ataques menores a guarniciones policiales, sufrió desde entonces divisiones y según el gobierno nacional de Vicente Fox es ahora marginal y no representa ninguna amenaza.
El ex gobernador Figueroa aseguraba que él y su equipo de colaboradores eran víctimas de grupos extremistas y que en Aguas Blancas sólo hubo una acción defensiva de los policías.
Para sustentar su tesis presentaron como argumento un video cuyo contenido había sido manipulado, según se constató luego. En esa grabación aparecían cuerpos de campesinos empuñando armas de alto poder, lo que era parte de un montaje.
El caso fue considerado en su momento ejemplo de corrupción y abuso de poder. En 1996, la Corte Suprema de Justicia concluyó en un informe no vinculante que los culpables de la matanza fueron "sin duda" policías y funcionarios.
Pero, aunque la repercusión política y social que tuvo la matanza fue muy contundente, las investigaciones se mantuvieron siempre en manos de la Procuraduría de Guerrero, que hasta antes de abril fue manejada por el PRI y según la cual los policías que dispararon actuaron por su cuenta.
A pesar de que algunos de los testigos y autores del crimen acusaron al ex gobernador Figueroa y a sus subalternos de ordenar la matanza y a que incluso estuvo su subprocurador en el lugar de los hechos, la justicia no ha podido encauzarlos y el nuevo gobernador de Guerrero se niega a reabrir el caso.
Grupos humanitarios y los familiares de los campesinos asesinados demandan, hasta ahora sin éxito, al gobierno de Fox y al gobernador Torreblanca para que se nombre una fiscalía especial que vuelva a analizar el caso de Aguas Blancas.
