Muerte a las perras, ya regresé, es el mensaje hallado junto al cuerpo de una de las casi 1.700 mujeres guatemaltecas asesinadas en los últimos cinco años. Los cadáveres de otras que fueron mutiladas y violadas revelan que existe en la sociedad una gran carga de odio e impunidad.
La violencia contra las mujeres aqueja a varios países latinoamericanos, pero las máximas expresiones por el número de víctimas y la descarga de odio tienen como referencias obligadas al caso de Ciudad Juárez, al norte de México, con más de 350 crímenes a partir de 1993, y Guatemala, donde sólo el año pasado se reportaron 527 asesinatos de mujeres, en una población total de más de 12 millones.
Es especialmente alarmante que las prácticas empleadas en los crímenes del último lustro sean similares a las que se emplearon contra la insurgencia durante 36 años de guerra civil (1960-1996), en los que cerca de la cuarta parte de las casi 200.000 personas muertas fueron mujeres, dijo a IPS la diputada Alba Maldonado, del grupo parlamentario Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Tras los acuerdos de paz, la sociedad guatemalteca parece haber desarrollado una gruesa capa de insensibilidad, y un grave deterioro de valores impide frenar la violencia hacia las mujeres, apuntó Maldonado al tiempo de resaltar que ya no sólo indigna la cifra de muertas sino también la crueldad ejercida en su contra.
Del total de personas asesinadas en 2004, las 527 mujeres fueron 12 por ciento, cifra lamentable pero que no puede compararse con el caso de Ciudad Juárez, señaló a IPS Arturo Soto, embajador de Guatemala en México.
En opinión del diplomático, la elevada criminalidad, el narcotráfico y la proliferación de pandillas conocidas como maras, junto con aspectos culturales como el patriarcado o los conflictos intrafamiliares son causas que fomentan los crímenes.
La mayor socialización de la mujer la ha llevado a participar también en estos hechos delictivos y a ser víctima de las venganzas entre bandos rivales, agregó Soto.
Para frenar la violencia es necesario aplicar políticas educativas y preventivas, así como reforzar la cooperación judicial con México y los países centroamericanos, a fin de evitar que los delincuentes queden impunes al desplazarse libremente por las porosas fronteras, opinó.
El embajador descartó que estos hechos denunciados por defensores de los derechos humanos de Guatemala y organismos internacionales tenga sus orígenes en el fin de la guerra civil, y arguyó que con la firma de los acuerdos de paz las armas fueron sepultadas.
Maldonado insistió, en cambio, en que la desmovilización de miles combatientes sin un programa de readaptación a la vida civil, junto con la existencia de unos dos millones de armas de fuego en manos de la población, son factores que juegan un papel relevante en el caso de los femicidios.
Miles de ex combatientes se incorporaron a cuerpos policiales o grupos privados de seguridad, y a muchos de quienes actuaron en la contrainsurgencia se les había entrenado para destrozar al enemigo, alegó la legisladora, que también es abogada.
Algunos de los excombatientes que pasaron a la Policía Nacional Civil han cometido agresiones contra mujeres con las viejas tácticas contra la insurgencia, destacó.
Como sociedad tenemos pendiente admitir lo que ocurrió durante la guerra y buscar cómo cerrar las heridas para frenar la cultura de la violencia, alegó Maldonado.
La diputada recordó que entre las atrocidades atribuidas a la contrainsurgencia estuvo la responsabilidad en casos de embarazadas a las que se les abrió el vientre para sacar a los fetos, colgarlos de árboles o estrellarlos contra las rocas, y también apuntó que muchas mujeres fueron víctimas de mutilaciones y abuso sexual como algunas asesinadas recientemente.
Organizaciones civiles como Red No Violencia contra las Mujeres han documentado casos de niñas y mujeres jóvenes asesinadas en los últimos años cuyos cuerpos revelan una gran carga de violencia de género, atadas con alambre de púas, con uñas de las manos arrancadas, violadas, degolladas, acribilladas y con leyendas tatuadas en sus cuerpos como Venganza, Una perra menos o La pagaste perra.
Hilda Morales, de la no gubernamental Red No Violencia contra las Mujeres, expuso a IPS que Guatemala vive una cultura de mucha violencia y el Estado ha sido incapaz de frenarla. Hay terror, principalmente entre las familias que viven en las zonas marginales, donde se registra el mayor índice de asesinatos.
La activista subrayó que las voces de auxilio de madres y el reclamo de 'ni un asesinato más' parecen no tener eco en el gobierno, que desconoce cuál es el trabajo de las organizaciones civiles y se limita a decirles que no hay recursos para tantas agrupaciones, como si se tratara de un simple (pedido de) empleo.
Morales dijo que en ocasiones las familias de las víctimas callan por temor o desilusión, pues el Ministerio Público minimiza sus denuncias, ignora la aportación de nuevos datos, no investiga o evita dar seguimiento a los casos y emite opiniones que parecen justificar los crímenes si la víctima se dedicaba a la venta de servicios sexuales o si fue muerta por pandilleros o narcotraficantes.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional elaboró un informe sobre los femicidios en Guatemala y exhortó al gobierno de Óscar Berger a investigar estos crímenes con criterios de género, establecer mecanismos de búsqueda de desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia, aplicar programas preventivos y adaptar la legislación nacional a las normas internacionales sobre violencia contra las mujeres.
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos criticó los escasos recursos que destina el gobierno guatemalteco a frenar, prevenir y castigar estos asesinatos.
A fines de junio se reunirán en Guatemala legisladoras de ese país, México y España, para avanzar en los intentos de formar una red interparlamentaria contra los femicidios.
Tenemos mucho por avanzar, ya comenzamos y parece que nuestro reclamo de 'no más asesinatos de mujeres' no se escucha, pero todo esto debe sensibilizar a la sociedad que hasta ahora no ha reaccionado con indignación por la crueldad de estos asesinatos, concluyó Maldonado.
