La condena internacional a la violencia que siguió a las elecciones parlamentarias en Etiopía tomó nueva fuerza esta semana, luego de que Gran Bretaña anunciara la suspensión de una ayuda de 36 millones de dólares a este país del Cuerno de África.
La entrega de estos fondos quedará supeditada a que mejore la situación política etíope, explicó el miércoles la secretaria de Desarrollo Internacional británica, Hillary Benn, durante una breve visita a Adis Abeba.
Londres tomó esta decisión a pesar de que líderes del gobierno y de la oposición etíope se comprometieron a intervenir para detener la violencia.
Al menos 35 personas murieron desde la semana pasada en diferentes manifestaciones populares contra el gobierno, a quien la oposición acusa de haber fraguado las elecciones parlamentarias del 15 de mayo.
Un acuerdo entre varios grupos políticos, alcanzado el 10 de junio tras una considerable presión diplomática de la Unión Europea (UE) y otros organismos internacionales, colapsó a pocas horas de su firma.
El principal bloque opositor, la Coalición por la Unidad y la Democracia (CUD), arguyó que no podía poner en práctica el acuerdo pues varios de sus líderes fueron detenidos por orden del gobierno.
El sábado pasado, periodistas fueron hostigados por policías cuando iban a entrevistar al principal líder del CUD, Hailu Shawel, y descubrieron que estaba demorado en su domicilio por las fuerzas de seguridad. Luego fue liberado.
Benn también exhortó a las autoridades etíopes a permitir que la Cruz Roja Internacional acceda a los detenidos en las manifestaciones, que comenzaron el 6 de junio.
El miércoles, la organización Human Rights Watch (HRW) expresó preocupación por la situación de los detenidos, que según el Consejo Etíope de Derechos Humanos son más de 3.000, incluyendo a dos de sus observadores.
Dado el largo historial de abusos de las fuerzas de seguridad de Etiopía, tenemos muchas razones para sospechar de que (los detenidos) estén siendo maltratados, dijo la subdirectora para África de HRW, Georgette Gagnon.
La organización con sede en Nueva York señaló en un comunicado que hay varias personas en prisión también fuera de Adis Abeba.
La situación de los detenidos en localidades lejos de la capital es de particular preocupación, sobre todo porque se tiene poca información para saber cuántos son en total, cuáles fueron las razones de su detención y cuáles son las condiciones en que están recluidos, indicó HRW en un comunicado.
Se presume que la mayoría son partidarios de la oposición y estudiantes.
Cientos de personas resultaron heridas en las protestas, que surgieron en reacción a una prohibición del gobierno a realizar manifestaciones públicas. El lunes, el primer ministro Meles Zenawi anunció por la televisión estatal que la prohibición se mantendría un mes más.
El gobierno de Meles acusó a los políticos opositores de estimular y, en algunos casos, organizar las manifestaciones, convocadas por estudiantes de la Universidad de Adis Abeba. La policía cerró el campus universitario y detuvo a cientos de jóvenes.
El 7 de junio, la policía federal ingresó a un colegio tecnológico y detuvo a más alumnos. Al día siguiente, la ola de detenciones llegó a su punto más álgido cuando la policía y las fuerzas especiales abrieron fuego contra jóvenes que lanzaban piedras en el distrito de Merkato, el centro comercial capitalino.
Meles señaló durante la campaña electoral que algunos miembros del CUD imitaban tácticas de propaganda de los responsables del genocidio en Ruanda en 1994 para estimular las tensiones étnicas en los comicios.
La jefa del equipo de observadores de la UE, Ana Gomes, sostuvo que la comparación era provocativa.
HRW, por su parte, criticó el discurso de la oposición, y señaló que pudo haber contribuido a los acontecimientos de la semana pasada. Sin embargo, los líderes opositores se proclaman inocentes e insisten en que el gobierno cometió fraude en las elecciones.
Los resultados preliminares indican que el gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope permanecerá en el poder, al haber ganado más de 300 de los 547 asientos del parlamento.
Sin embargo, la CUD mostró un significativo avance, al obtener 189 bancas, contra 12 de las elecciones pasadas.
El anuncio oficial de los resultados se postergó hasta el 8 de julio, pendiente de una investigación que llevará a cabo la Junta Nacional de Elecciones sobre irregularidades en 299 centros de votación.
Entrevistado por IPS, el vicepresidente de la CUD, Admasu Gebeyehu, mostró cauto optimismo sobre las perspectivas de mejorar la relación con el gobierno.
Si hacemos algo juntos, si formamos un foro que nos haga trabajar unidos con un fin determinado, la situación podría mejorar. Esa es mi percepción personal. Tendríamos un objetivo en común, que demandaría la contribución de todas las partes. Quizás así se generaría confianza, señaló.
Pero, a la vez, Adamasu advirtió que si las investigaciones sobre las irregularidades en las elecciones no eran satisfactorias, su partido iniciaría acciones legales, protestas pacíficas y un boicot en el parlamento.
Sabemos que boicotear es la peor opción. Pero si todo sale mal, no vamos a ser parte de un mal proceso. Será mejor para nosotros mantenernos al margen, indicó.
Similares advertencias se escuchan de Meles.
Mientras (los líderes opositores) respeten las reglas del juego, no tiene por qué haber problemas, dijo el primer ministro a periodistas.
El gobierno y los partidos de oposición no necesitan estar perdidamente enamorados entre sí para trabajar en armonía. Mientras (todos) se mantengan del lado de la ley, no habrá haber problemas, añadió.
*/Atención Editores: este despacho corrige la fecha del quinto párrafo de la nota transmitida a la hora 20.12 GMT/
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