La justicia francesa inició una investigación sobre las condiciones de detención de siete ciudadanos franceses en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Los magistrados considerarán si las detenciones constituyeron una violación del derecho internacional. Seis de los siete prisioneros fueron luego transferidos a Francia para ser acusados en este país.
La corte de apelaciones de París designó el miércoles a dos de sus más renombradas fiscales, Sophie Clement y Nathalie Frydman, para investigar la prisión a fines de 2001 de los ciudadanos franceses en el centro de detención en Guantánamo tras la invasión estadounidense a Afganistán..
El año pasado, seis de los prisioneros fueron entregados a Francia. Todos ellos fueron detenidos de inmediato por las autoridades francesas. El 21 de marzo, cuatro fueron liberados. Los restantes dos fueron mantenidos en prisión por razones de seguridad.
La decisión del miércoles es la culminación de un extenso debate sobre la potestad de los tribunales franceses para investigar la situación de los derechos humanos en el extranjero si las víctimas de esa nacionalidad.
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La pesquisa será la primera sobre la zona sin ley de Guantánamo, dijo a IPS el asesor legal de los ex detenidos William Bourdon.
Según el tratado bilateral de cooperación judicial vigente, no veo cómo el gobierno de Estados Unidos puede negarse a cooperar con las autoridades francesas, dada la gravedad de las acusaciones contra los militares estadounidenses, sostuvo el abogado.
Bourdon y otro abogado de París, Jacques Debray, dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no formuló acusaciones específicas contra los prisioneros franceses en Guantánamo. La investigación realizada por el propio gobierno francés tampoco arrojó ningún cargo contra los detenidos.
El estatus legal de los prisioneros en Guantánamo no es claro, escribió el 18 de octubre de 2002 el entonces canciller y actual primer ministro Dominique de Villepine en una nota oficial.
Nuestros socios estadounidenses consideran que ni las Convenciones de Ginebra ni las relaciones consulares se aplican a ellos, agregó De Villepin en esa nota.
Las Convenciones de Ginebra son la base del derecho internacional humanitario, que rige la protección de los civiles en el marco de un conflicto armado y el trato a los prisioneros de guerra, mientras la de Viena define los términos de protección que un país debe proveer a sus ciudadanos detenidos en el exterior.
Bourdon y Dabray presentaron en 2002 una demanda ante un tribunal en la meridional ciudad de Lyon en nombre de dos de los detenidos franceses en Guantánamo, Nizar Sassi y Mourad Benchellali.
El tribunal rechazó la presentación, con el argumento de que le resultaría imposible procesar el caso dada la inmunidad de que gozan los funcionarios estadounidenses de acuerdo con las leyes y tratados internacionales.
Pero la corte suprema de apelaciones de Francia anuló ese fallo el miércoles, lo que abrió paso a la investigación.
El tribunal de alzada sentenció que los jueces franceses debían analizar el arresto y las condiciones de detención de los demandantes, especialmente a la luz de la tercera Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el tratado internacional para la protección de derechos civiles y políticos.
La legalidad de las detenciones también será considerada por el 16 Congreso de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas, que se celebrará en París la semana próxima, en presencia de cientos de juristas de todo el mundo.
Uno de los organizadores del Congreso, Roland Veil, dijo a IPS: Apelaremos a las convenciones internacionales para establecer la legalidad y las violaciones de derechos humanos de esta guerra contra el terror.
La Asociación, fundada en París en 1946, trabaja en cooperación con varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El gobierno de George W. Bush ha violado en los últimos cuatro años las Convenciones de Ginebra y los tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos, dijo a IPS la abogada estadounidense Ann Fagan Ginger.
Según la constitución de ese país, las Convenciones de Ginebra y otros tratados internacionales tienen rango de ley suprema en Estados Unidos, sostuvo Fagan Ginger, pero el gobierno los viola flagrantemente en una escala que supera los peores abusos del maccartismo en los años 50.
Entonces, ni siquiera había un Guantánamo o un Abu Ghraib, sostuvo la abogada.
El congreso de la Asociación debería, según Fagan Ginger, pedir apoyo internacional para el relator especial de la ONU sobre violaciones en derechos humanos en la guerra contra el terror, declarada por Estados Unidos tras los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU creó el cargo en su sesión de abril.
