La incertidumbre política y la parálisis del gobierno en Brasil pueden prolongarse por varios días más ante la amenaza de nuevas denuncias de corrupción que involucran a partidos oficialistas, además de indefiniciones en los mecanismos de respuesta a la crisis.
El diputado Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), se mantiene recluido en su residencia de Brasilia desde el lunes, cuando un diario publicó su entrevista en la que acusa al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Delubio Soares, de sobornar diputados para asegurar el respaldo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero a través de otros dirigentes del PTB que lo visitaron en Brasilia, Jefferson aseguró que dispone de pruebas de sus acusaciones y de otros hechos que podrán afectar a muchos parlamentarios, pero dijo que sólo las divulgará ante una Comisión Parlamentaria de Investigación.
Soares negó cualquier participación suya y del PT en compra de votos, en una entrevista a la prensa otorgada este miércoles en Sao Paulo, tras una reunión de la dirección ejecutiva de ese partido izquierdista liderado por Lula.
La entrevista de Jefferson constituye un chantaje que tendrá como respuesta una acción judicial, indicó.
El tesorero del PT dijo que renunció al secreto bancario y tributario para poner sus cuentas y documentos a disposición de cualquier investigación, ya sea parlamentaria o judicial, para eliminar dudas sobre su honestidad.
Empero, no explicó porque demoró tres días a contrarrestar las acusaciones y calificó el chantaje como un intento de diseminar mal olor para descalificar otros políticos.
Las explosivas denuncias del presidente del PTB fueron divulgadas tres semanas después de estallar otro escándalo en el que miembros de su partido son acusados de corrupción en la empresa de Correos y en el Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB).
El PTB, como importante fuerza aliada del gobierno, ganó el derecho de nombrar dirigentes de esas y otras áreas estatales, además del titular del Ministerio de Turismo. Jefferson estaría por detrás del cobro de propinas a empresarios interesados en negocios con las estatales, según un diálogo grabado y difundido por la prensa.
Sus denuncias apuntan a diputados del Partido Liberal y del Partido Progresista, ambos también socios del gobernante PT, como receptores de una supuesta coima mensual de 30.000 reales (unos 12.000 dólares) pagada por Soares.
Si se comprobaran esas denuncias, las consecuencias para el gobierno serían imprevisibles, opinaron expertos. Habría parlamentarios que perderían sus mandatos, partidos involucrados, incluyendo el PT, sufrirían daños insanables en su imagen, arruinando la coalición que apoya a Lula.
Los efectos podrían alcanzar incluso al propio Lula, quien conoció las denuncias, aunque en términos genéricos, como admitieron ministros y líderes parlamentarios.
El gobierno ya expiró políticamente, pero a nadie interesa la deposición o inhabilitación de Lula, sostuvo el diputado Raul Jungmann, del opositor Partido Popular Socialista (PPS), en una entrevista a una radio de gran audiencia.
Los parlamentarios del PTB decidieron este miércoles dejar el oficialismo, ante declaraciones de ministros y dirigentes del partido de Lula de que el PTB seria una mala compañía para el gobierno a la que tuvo que sujetarse para contar con mayoría en el Congreso Nacional.
Acorralado por las denuncias y amenazas de Jefferson, el gobierno inició una contraofensiva el martes, dimitiendo los 14 miembros de la dirección de Correos y del IRB, nombrados por indicación de partidos.
El presidente Lula aprovechó su discurso en la inauguración del Foro Global de Combate a la Corrupción, promovido por la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Crímenes, para recordar una larga lista de acciones anticorrupción de su gobierno y prometer cortar incluso en carne propia para erradicar el mal.
Lula había calificado a Jefferson hasta la semana pasada como un aliado confiable, a quien daría incluso un cheque en blanco. Lo dijo porque el gobierno y el PT intentaban evitar la implantación de una comisión parlamentaria de investigación para averiguar las denuncias de corrupción en los Correos.
Pero esa postura desgastó a Lula y su administración durante las tres últimas semanas, ante los indicios de participación de Jefferson y su partido en el cobro de propinas a empresarios interesados en contratos con la empresa estatal.
El gobierno y el PT decidieron ahora por una retirada ordenada, cediendo posiciones cuando las presiones se hacen irresistibles. Renunció a la resistencia contra la comisión investigadora de los correos y pasó a aceptarla, pero intenta aún limitar sus averiguaciones a esa cuestión.
Sobre el supuesto pago del PT a los diputados del Partido Liberal y Partido Progresista, se pretende dejarla a cargo del organismo de combate de la Cámara de Diputados contra irregularidades cometidas por parlamentarios.
La posición parece inocua, porque será imposible impedir que Jefferson sea interrogado y hable sobre los pagos mensuales, al prestar testimonio ante la comisión investigadora sobre la siutación en los correos, a ser instalada este jueves.
La crisis estimuló muchos políticos y expertos a buscar soluciones para las causas de la corrupción política en Brasil. Una amplia reforma política, financiamiento público de las campañas electorales y reducción drástica de los cargos de confianza cuyos titulares son nombrados por los gobernantes son algunas sugerencias.
En Brasil, cada gobierno recién elegido puede cambiar 22.000 altos funcionarios, lo que genera un ambiente propicio para la distribución de los cargos en canje por apoyo político, mala gestión de órganos y empresas estatales y corrupción generalizada, según Claudio Abramo, director ejecutivo de Transparencia Brasil.
