El gobierno de Colombia insiste en que la actual desmovilización paramilitar constituye la primera acción de este tipo que toma en cuenta el reclamo de justicia. Pero víctimas de la violencia y activistas replican que en los últimos años no han esperado que justicia y verdad les cayeran del cielo.
La Ley de Justicia y Paz, aprobada por el parlamento la semana pasada para reglamentar la entrega de armas y desmovilización de unos 10.000 paramilitares (agrupados en las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), es considerada muy laxa por sus críticos.
Víctimas de la violencia, opositores, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y grupos de derechos humanos no ven en ella mecanismos reales para recabar la verdad sobre los ataques a civiles perpetrados desde el surgimiento del paramilitarismo, en 1982, en el marco de la guerra civil colombiana de más de cuatro décadas.
Ante la aprobación de la ley, el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el psiquiatra y escritor José Gutiérrez, y el jurista Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe para que ese tribunal internacional juzgue los crímenes paramilitares.
La lucha por la verdad y por la justicia en estas últimas décadas ha sido sostenida por los sobrevivientes de atentados, torturas y desplazamiento, familias y comunidades de muertos y desparecidos, activistas y organizaciones sociales y políticas, afirma el sacerdote jesuita Javier Giraldo, director del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
El informe Colombia: deuda con la humanidad – Paramilitarismo de estado 1988-2003, publicado por el Banco de Datos en diciembre de 2004, lista 12.398 ejecuciones extrajudiciales, 2.121 desapariciones forzadas y 1.339 casos de tortura cometidos en 15 años por el paramilitarismo.
Otras fuentes no gubernamentales calculan en 2.000 los asesinatos cometidos por paramilitares a partir del cese del fuego del 1 de diciembre de 2002, exigido por el gobierno del derechista Álvaro Uribe para negociar la desmovilización de las AUC.
Las víctimas han promovido la firma y la ratificación de algunos tratados internacionales que hoy sirven de apoyo a sus demandas, como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Colombia en abril de este año.
Los sobrevivientes también anotan como logro que el país sea parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI en julio de 2002 para entender en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Sobrevivientes y activistas creen que su labor determinó la presencia desde 1997 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También señalan los pronunciamientos anuales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de cuyo contenido dependen hoy millonarias donaciones de gobiernos extranjeros.
A través de la figura de la tutela, introducida en la Constitución de 1991, las víctimas han conseguido varios fallos que sentaron jurisprudencia, emitidos por la Corte Constitucional.
La Corte ratificó garantías para los desplazados por el conflicto, más de tres millones en este país, estableció el derecho de familiares de las víctimas y de otras personas no afectadas a constituirse en parte civil en procesos preliminares de investigaciones, y dictaminó sobre la responsabilidad directa de las autoridades, por omisión, en muchos crímenes políticos y de lesa humanidad.
En 2004, la Corte Constitucional impuso restricciones a los ataques verbales de funcionarios contra defensores de derechos humanos y comunidades.
En 2001, la Corte había reconocido que el crimen de genocidio podía aplicarse al exterminio de organizaciones políticas, aunque el derecho internacional lo restringe a la eliminación sistemática de un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
El fallo se refirió a los asesinatos de unos 4.000 miembros del Partido Comunista y de la izquierdista Unión Patriótica, proceso en etapa de solución amistosa entre el Estado y portavoces de las víctimas, por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dictado muchas resoluciones que nos ayudan, sobre todo medidas cautelares y provisionales que (…) han obligado al gobierno a crear espacios interinstitucionales internos para concertar con los afectados, recordó Giraldo en un encuentro nacional que culminó el sábado con la creación del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Ambas entidades dieron pie a comisiones locales de investigación de crímenes, que han fracasado, según Giraldo, siempre que se espera que sea la justicia interna la que dé la solución y la que dicte las sanciones.
El único avance parcial fue el de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, por la matanza de unos 300 habitantes rurales del municipio de ese nombre en el occidental departamento del Valle del Cauca, entre 1988 y 1990.
La Comisión Trujillo reunió por tres meses de 1994 a delegados de 11 entidades gubernamentales y estatales y de siete no gubernamentales, a instancias de la CIDH.
Por su carácter extrajudicial, rompió el esquema de la verdad procesal y judicial (y logró) analizar a fondo los expedientes que ya habían absuelto a todos los victimarios, llegando a conclusiones completamente opuestas a las que fundamentaron las absoluciones, según Giraldo.
La Comisión Trujillo responsabilizó al Estado, cargo que el presidente Ernesto Samper (1994-1998) aceptó, ordenando medidas de reparación que se cumplieron parcialmente.
Miembros de la Comisión promovieron una ley que dispuso la obligatoriedad de la reparación estatal, cuando ésta fuera exigida por un tribunal.
Se trató de un aporte más que todo a la verdad, pero no a la justicia, pues los delitos siguen impunes, a pesar de las recomendaciones de la Comisión, que señaló caminos concretos para superarla, dijo Giraldo.
Desde la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), las autoridades no volvieron a aceptar comisiones mixtas extrajudiciales nacionales.
En cambio, existen los tribunales de opinión, no vinculantes, como el Tribunal contra la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad, un proyecto de organizaciones de 12 países de América Latina que sesionó en 1989 y 1991.
Se han realizado una decena de tribunales internacionales de opinión sobre Colombia, que permiten escuchar realmente a los testigos, y recopilan y lanzan públicamente elementos probatorios, según Giraldo.
Un tribunal reunido en 2000 en la ciudad estadounidense de Chicago para tratar un bombardeo de la fuerza aérea colombiana sobre el caserío de Santo Domingo, en la nororiental frontera con Venezuela, incidió en la destitución de oficiales responsables.
En 1992, 10 organizaciones no gubernamentales europeas y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos reunieron en un tomo el registro de más de 300 victimarios colombianos miembros del ejército o de la policía nacional, con sus hojas de vida y los crímenes en los que habían participado, rememoró Giraldo.
Muchas embajadas tomaron este libro como referente obligado para cuando el gobierno colombiano mandaba sus consultas sobre los agregados militares. Sabemos de muchos casos en que este libro sirvió para que le fuera negado el agreement (venia diplomática) a estos represores, agregó.
Últimamente, en comunidades declaradas en resistencia a la guerra surgió la controvertida propuesta de no colaborar más con el aparato judicial.
Esa fue la reacción de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego que ante más de 500 crímenes, el aparato judicial ha respondido con formalismos que jamás han llevado a un solo acto de justicia, dijo Giraldo.
Para el sacerdote y jurista no hay que esperar a que los estados, los mismos victimarios, conviertan la verdad en verdad oficial, la unjan y le den validez. Démosle validez nosotros, salvemos esa verdad desde nosotros mismos, agregó y propuso maneras de sanción social, sanciones éticas.
La Ley de Verdad y Justicia que aún no ha sancionado Uribe califica los crímenes paramilitares como de origen político, aligera las penas notablemente y prevé una instancia ante los tribunales, donde cada acusado efectuaría una confesión para acogerse a los beneficios. También establece un fondo para reparar a las víctimas.
Pero fija un plazo perentorio y muy breve (60 días) para que 20 fiscales investiguen delitos cometidos por miles de miembros de las AUC, y no contiene mecanismos ciertos para verificar que los mismos no vuelvan a sumarse a acciones armadas, afirman los críticos.
La ley nada establece acerca del esclarecimiento del origen del paramilitarismo, sus fuentes de financiamiento, sus vínculos con el narcotráfico, sectores económicos o fuerzas de seguridad, añaden.
Para Giraldo, es hora de buscar la salida más allá de los mecanismos establecidos de justicia. La verdad sobre las víctimas solamente está allí en las víctimas, no en otra parte, aseguró.
