La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está dispuesta a asesorar a víctimas de paramilitares en sus demandas contra la ley que otorgó esta semana estatus político a los crímenes de esos grupos.
La Ley de Justicia y Paz, aprobada el martes por el parlamento, se comenzará a aplicar a la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que llevan un año de negociaciones secretas con el gobierno del derechista Álvaro Uribe, y considera los crímenes cometidos por esos grupos ilegales como delitos políticos.
La decisión de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue expresada el viernes por su director, Michael Frühling, quien advirtió que las víctimas son los que más han sufrido por hechos que necesitan ser esclarecidos. Las víctimas necesitan ser apoyadas plenamente por el Estado para que la norma sea efectiva.
La demanda a la que se refirió Frühling implica trabajar para que cada víctima y organización adelante las gestiones de inconstitucionalidad (de la ley) en sus procesos, dijo a IPS el jurista Eduardo Carreño, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. La ley también será apelada conjuntamente por las víctimas ante la Corte Constitucional.
Desde noviembre de 2003 se han desmovilizado unos 5.000 miembros de estos grupos ilegales que dicen apoyar al Estado y combaten contra las guerrillas izquierdistas, alzadas en armas hace más de 40 años.
A partir de la vigencia de la ley, que reglamenta esa desmovilización, 20 fiscales tendrán que investigar a fondo, en un plazo máximo de sólo 60 días, los crímenes de cada uno de los más de 10.000 paramilitares que podrían desmovilizarse de aquí a diciembre, según el cronograma de negociación con el gobierno.
Las AUC son consideradas responsables de la mayoría de crímenes contra civiles en el conflicto colombiano, según agencias de la ONU. Varios de sus actuales jefes son poderosos capos del narcotráfico.
Este sábado fue establecido en Bogotá el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MVCE), tras un encuentro de tres días inaugurado por Frühling el jueves.
En el encuentro participaron más de 800 delegados nacionales, deudos de asesinados y desaparecidos o sobrevivientes de torturas, violaciones y desplazamiento forzado, de etnocidio y exterminio de grupos políticos como la izquierdista Unión Patriótica y el Partido Comunista, entre otras atrocidades.
Según Carreño, el MVCE presentará las denuncias de crímenes impunes a las instituciones de justicia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, en el caso de delitos posteriores a la creación de ese tribunal especializado, el 1 de julio de 2002.
Así se irá abriendo camino para que la justicia llegue, la verdad histórica se conozca y la reparación sea efectiva, y, sobre todo, para que no vuelvan a repetirse los crímenes, expresó Carreño.
El MVCE declaró persona non grata al director de la misión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la desmovilización de paramilitares, el argentino Sergio Caramagna, y pidió su salida del país por no cumplir su mandato cabalmente.
Caramagna calificó el viernes de indigna y perversa la petición de la organización de derechos humanos Human Rights Watch a los gobiernos de Holanda y Suecia, para que cesaran su apoyo financiero a la misión de la OEA, pues su existencia había servido para legitimar la impunidad en el proceso de desmovilización paramilitar.
El diplomático —que había dirigido a inicios de los años 90 una misión similar durante la desmovilización de la contra nicaragüense, por la que recibió fuertes críticas— dijo que era un contrasentido exigir a la misión resultados en la verificación y cortarle al mismo tiempo sus fuentes de financiación.
Caramagna subrayó que su labor en Colombia mantenía el respaldo de los países miembros de la OEA, y eso es lo que fundamenta nuestra tarea aquí.
La Ley de Justicia y Paz debería aplicarse también cuando se desmovilice la guerrilla izquierdista, que controla amplias zonas rurales y es objeto del Plan Patriota, una arremetida militar gubernamental financiada y asesorada por Washington.
Uribe aseguró que la ley no fue concertada con los jefes de las AUC, varios de ellos señalados como capos del narcotráfico.
Se ha hecho con toda la buena fe, con toda la honradez, con la discusión sobre la mesa, dijo el presidente, un hacendado que en los años 90 fue gobernador del norteño departamento de Antioquia, con regiones de fuerte predominio paramilitar.
El Defensor del Pueblo (ombudsman) Volmar Pérez cuestionó el viernes la ausencia de mecanismos suficientes en la nueva ley para esclarecer el papel de las AUC en crímenes de lesa humanidad.
El ombudsman presentó este sábado ante el encuentro del MVCE su propuesta de constituir una Comisión de la Verdad de carácter político (…) muy al estilo de la manera como han funcionado en otras regiones del mundo, como en Centroamérica y Sudáfrica, pues con la nueva ley no va a ser posible judicialmente establecer de manera integral la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y de los hechos de violencia de que son responsables los jefes de los conocidos grupos de autodefensa.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, anunció cabildeos para convencer a los potenciales gobiernos donantes de Colombia de que se abstengan de financiar desmovilizaciones efectuadas al amparo de esta ley, pues se trata de un contrato con la impunidad, que quedará consolidada con la vigencia de esta norma.
Para AI, la ley contraría normas internacionales que establecen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familias.
