Con la recuperación económica consolidada en Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) intenta otra vez incidir en el debate sobre el diseño y el rumbo del modelo de crecimiento de este país.
Aun cuando el escenario es distinto al de los años 90, la agencia multilateral volvió a la carga con su recetario ortodoxo: mayor superávit fiscal, menos gasto, aumento de tarifas y acuerdo con los acreedores que rechazaron la oferta de reestructuración de la deuda en bonos.
Desde 2002 que el FMI no se inmiscuía así en los temas macroeconómicos, dijo a IPS el economista Eduardo Curia, asesor del Ministerio de Economía, refiriéndose al informe Argentina: 2005 Artículo IV. Consulta y Conclusiones, aprobado el lunes 20 por el directorio del Fondo y divulgado el domingo por el diario Clarín.
Curia estima que la fase de recuperación económica está agotada, el ritmo de crecimiento se desaceleró, y llega ahora el momento de la discusión sobre la esencia del modelo económico.
Muchos economistas ven la oportunidad de definir lineamientos sobre el futuro. En este contexto, Curia considera necesario rechazar las exigencias del FMI que no estén en consonancia con las prioridades del gobierno.
Un aspecto clave es el tipo de cambio. El gobierno de Néstor Kirchner sostiene que la moneda local debe cotizarse cerca de tres pesos por dólar, a fin de preservar la competitividad del sector exportador, en un contexto de depreciación mundial de la divisa estadounidense.
Esta política lleva al Banco Central a comprar dólares y, a la vez, adoptar medidas para contener la inflación, propiciada por la emisión de pesos.
Por eso el FMI opina sería mejor dejar que la moneda nacional se apreciara, lo que permitiría al gobierno comprar con el monto del superávit fiscal en pesos más dólares para cancelar sus obligaciones externas.
Además, el Fondo advierte que la política cambiaria puede conducir a una inflación de dos dígitos este año.
A pesar de su preocupación por la suba de precios, la agencia multilateral reclama aumentar las tarifas de los servicios públicos, una decisión que difícilmente tome Kirchner cuando faltan cuatro meses para las elecciones legislativas, y que no condice con su política de estimular el consumo.
El gobierno necesita discutir un nuevo acuerdo con el FMI que le permita renovar vencimientos de capital e intereses por 2.250 millones de dólares en lo que queda del año. Pero se resiste a hacerlo bajo condiciones impuestas en un año electoral.
Por el momento, las discusiones marchan a fuego lento.
La economía argentina colapsó a fines de 2001, pero el modelo basado en la convertibilidad monetaria (un peso igual a un dólar) que regía desde 1991 ya mostraba importantes fisuras en 1998, cuando la actividad económica se estancó para pasar luego a una persistente recesión.
En medio de una profunda crisis que tuvo gran impacto político y social, las autoridades resolvieron a inicios de 2002 poner fin a la convertibilidad y devaluar la moneda nacional. Poco después, el producto interno bruto (PIB) volvió a crecer.
En 2003, el crecimiento del PIB fue de 8,8 por ciento, en 2004 de nueve por ciento, y para este año se estima una expansión de siete puntos porcentuales. El desempleo cayó a la mitad, y la pobreza, que había llegado a afectar a más de 50 por ciento de los 37 millones de argentinos, comenzó a ceder.
La recuperación se logró en buena medida por impulso del sector agroexportador, sin mayor endeudamiento y con un superávit fiscal que se mantiene en 3,5 por ciento del PIB. El consumo creció en promedio hasta alcanzar los grados anteriores a la crisis, y también se elevó la inversión.
Recuperado el país del colapso, parece momento para observar y rediseñar el modelo de crecimiento, basado por ahora sobre la exportación de productos agropecuarios y, en menor medida, en el desarrollo de la industria y los servicios.
Además, pese a la caída de la pobreza, persiste una enorme brecha entre los más ricos y los más pobres.
Este mes, el gobierno de Kirchner exhibió el crecimiento del mes de abril, casi 10 por ciento mayor que el de igual mes de 2004, para minimizar los datos globales del primer trimestre, que mostraban una desaceleración de la actividad.
Esos flancos son los que el FMI considera más vulnerables. Son muchos los desafíos que quedan por delante si la actual recuperación debe convertirse en crecimiento económico, afirma el informe.
El Fondo recomienda dejar que la moneda local se aprecie, alerta sobre las dañinas consecuencias de aplazar un aumento de tarifas de las empresas de servicios públicos privatizados, y pide un margen significativamente más alto de superávit fiscal.
Las autoridades del Fondo también insisten en cerrar un acuerdo con 24 por ciento de los tenedores de bonos que no aceptaron a comienzos de año la propuesta gubernamental de canje de la deuda externa impaga desde fines de 2001.
Buenos Aires dejó de pagar sus compromisos de 81.800 millones de dólares con los acreedores privados, y después de tres años efectuó una propuesta de canje de títulos impagos que fue aceptada por 76 por ciento de los tenedores de bonos.
Las autoridades del FMI creen que, pese a ser éste un año electoral, se logró consolidar una plataforma favorable que permite ahora lanzar un plan de acción que aborde todos estos temas pendientes.
