Cincuenta y nueve niños, entre ellos un bebé de seis meses de edad, junto con 267 adultos, cumplieron este martes 48 horas como rehenes de presos amotinados en la cárcel venezolana de La Pica, 500 kilómetros al este de Caracas, mientras un millar de detenidos en otras prisiones iniciaron una huelga de hambre.
Los presos reclaman sobre todo beneficios legales, como regímenes de libertad condicional, posibilidad de cumplir reclusión domiciliaria o trabajos en vez de estar en la cárcel, o liberación al cumplir con parte de la pena, y también que se amplíen los derechos de visita de sus familiares, se mejore la salubridad de las prisiones y se aceleren sus procesos judiciales.
Decenas de familiares de presos en La Pica, donde están presas unas 600 personas, incluyendo a 40 mujeres, se autosecuestraron desde el domingo y forzaron al resto a permanecer dentro de instalaciones controladas por grupos de detenidos provistos de cuchillos, armas de fuego e incluso granadas, según testimonios concordantes.
La mayoría de los presos están armados, no quieren deponer su actitud y el riesgo de violencia es muy alto porque hay unos 20 niños con cuadros de diarrea y vómitos, dijo Juan Richard, un fiscal del Ministerio Público que visitó la prisión.
A La Pica se trasladó de urgencia desde Caracas el director de prisiones del Ministerio de Interior y Justicia, Ehrling Rojas, quien inició negociaciones para liberar a los niños: Gran cantidad de familiares no quieren estar en el penal, pero están secuestrados, afirmó.
Rojas no descartó que la situación provenga de factores externos al drama de las prisiones, y dijo que se investiga la coincidencia de la huelga con el robo de armas en un cuartelillo de la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) próximo al penal de Yare (30 kilómetros al este de Caracas), detectado el pasado fin de semana.
Ocho fusiles, 16 subametralladoras y varias pistolas fueron sustraídas del cuartelillo. En Yare está preso, acusado de acciones terroristas, el general de la GN Felipe Rodríguez, apodado El Cuervo y contumaz adversario del presidente Hugo Chávez.
El ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, descartó la vinculación entre El Cuervo y el robo de armas, que atribuyó a bandas que se dedican a asaltar camiones blindados transportadores de valores, y agregó que con varios allanamientos se ha logrado recuperar parte del armamento extraviado.
Mientras tanto, en cinco cárceles de varios puntos del país los presos observan huelgas de hambre, como protesta por las condiciones inseguras e insalubres de su reclusión, por los fallos de los comités de autoridades que evalúan su conducta (y les niegan en algunos casos la libertad condicional), y por vejaciones que, según alegan, se realizan a familiares que les visitan.
Las requisas son inútiles mientras no exista un sistema de clasificación de los presos, y la violencia tras las rejas no se podrá erradicar si no existen programas de trabajo, resocialización y lucha contra el ocio, enfatizó Humberto Prado, de la organización no gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones.
En las 32 cárceles de Venezuela, donde hay 19.400 presos, mueren cuatro detenidos cada tres días. Durante 2003, último año para el que se dispone de cifras completas, perecieron 402 internos, uno cada 22 horas, y 1.428 resultaron heridos, la mitad por armas de fuego, según la organización humanitaria Programa Venezolano de Educacion y Acción en Derechos Humanos (Provea).
Es gravísimo que se estén matando. Han muerto visitantes, y los retenidos en La Pica están en grave riesgo, dijo a IPS Carlos Nieto, de la ONG Una Ventana a la Libertad.
La violencia puede desactivarse si se investiga quienes introducen o permiten introducir armas, si se limita el hacinamiento y se ponen en marcha las siempre incumplidas promesas de combatir el ocio con oportunidades de trabajo, opinó Prado.
En noviembre de 2004 se creó una comisión presidencial para reformar el sistema penitenciario, pero se desconoce el trabajo de sus reuniones y su impacto en las prisiones. Es inconcebible que tengamos 400 muertos por año y Colombia, con 75.000 reclusos, menos de 20, deploró Nieto.
En La Pica, cuando Rojas solicitó la liberación de un niño enfermo, los reclusos pidieron a cambio la libertad de uno de ellos, lo que el funcionario no pudo cumplir, pues escapa a su competencia, según informaron fiscales del Ministerio Público.
La GN ha reforzado la vigilancia externa de las cárceles en conflicto, mientras funcionarios civiles negocian la entrega de agua y alimentos en La Pica y Vista Hermosa (cárcel del sureste) a cambio de la libertad de niños y otros familiares.
Los militares se han abstenido de intervenir para evitar un choque violento con muy probable derramamiento de sangre, y aguardan por el resultado de las negociaciones, informaron comandantes de unidades que cercan las prisiones. (
