Reclusos de la prisión de La Pica, en el oriente de Venezuela, aún mantienen como escudos humanos a 40 niños y decenas de otros familiares, al cumplirse este miércoles el décimo día de motín en reclamo de beneficios procesales que las autoridades conceden por cuentagotas.
Con el modus vivendi establecido en la cárcel, junto a la ciudad de Maturín a 500 kilómetros al este de Caracas, los presos prácticamente conviven con sus familiares-rehenes, controlan la prisión, hicieron un alto en sus rencillas internas y liberan niños y mujeres a medida de que son atendidas sus demandas, según fuentes concordantes.
Los presos están provistos de cuchillos, armas de fuego y granadas, al igual que sus similares de otras cárceles del país. Es resultado de un proceso de transgresión de normas y acuerdos entre custodios y mafias propio del panorama penitenciario en Venezuela.
Alrededor de la prisión vigilan policías, efectivos de la militarizada Guardia Nacional y decenas de otros familiares de los detenidos, quienes entregan alimentos y bebidas a presos y rehenes. Mientras, responsables del Ministerio de Interior y Justicia, dirigidos por Erling Rojas, director de prisiones, negocian con los reclusos.
Seguimos trabajando para agilizar el proceso y resolver los retardos procesales y las evaluaciones psicosociales, y nos mantenemos en contacto con los tribunales y demás autoridades, dijo este miércoles Rojas.
Buscamos que los presos desistan de su actitud, y estamos optimistas de que en las próximas horas culmine el conflicto, agregó el funcionario.
Desmintió que hubiese un canje, a razón de un recluso liberado por cada mujer o niño a quien se permita salir de la prisión, pero la prensa local ha registrado la salida de varios presos cuyos casos han sido agilizados con acuerdo de los tribunales.
Elizabeth Torres, madre de una niña de pocos meses que fue liberada junto con su bebé al cabo de una semana de secuestro, relató a periodistas que el 15 de este mes fue a visitar a un cuñado, y varios familiares y presos le propusieron quedarse para ayudar en la protesta, lo cual aceptó.
Entre los más de 200 familiares que quedaron tras los muros ese domingo, 59 eran niños y adolescentes.
El principal problema en la prisión, con tantos niños, es de salud, porque el agua que llega no sirve para el consumo, relató Torres. También bomberos y funcionarios de Protección Civil han confirmado casos de diarreas, vómitos y escabiosis entre los pequeños.
Esos padres, madres y demás familiares que colocaron a los niños como escudos humanos están cometiendo un delito, destacó a IPS Yolanda Prince, de la organización no gubernamental Cecodap, que defiende los derechos de la infancia.
Según Prince, deben intervenir en la zona los Consejos de Derechos del Niño, ente previsto en la ley de Protección del Niño y del Adolescente, hasta ahora sin figuración en este caso, así como la Fiscalía, que aún no demanda acción alguna a los tribunales.
Sabemos que muchos internos tienen razón en los derechos que reclaman, que les son escamoteados en medio de condiciones de reclusión espantosas, pero ese no es motivo para violar derechos de sus familiares niños y adolescentes, insistió Prince.
Según reportes de periodistas a las puertas de la cárcel, al menos 13 de los 560 presos detenidos en La Pica han sido puestos en libertad desde que se inició el motín.
El de La Pica es uno de los conflictos que sacudieron este mes varias de las 32 cárceles de Venezuela, que albergan en total más de 19.000 presos. La exigencia principal de los detenidos es que se les concedan beneficios procesales, como libertad condicional, trabajo extramuros y libertad por haber cumplido una porción sustancial de la pena.
Para que los tribunales concedan alguno de esos beneficios se necesitan evaluaciones de cada detenido. Los reclusos argumentan que esos exámenes se prolongan o no se realizan, privándoles de la oportunidad de volver a la libertad.
También protestan por las condiciones insalubres de reclusión, la falta de clasificación entre procesados y los que tienen condena firme así como en razón de la peligrosidad, la carencia de oportunidades para trabajar en la cárcel y la represión de los uniformados cuando se realizan requisas para decomisar armas.
Mientras en La Pica los presos se amotinaban junto a familiares autosecuestrados y decenas más retenidos contra su voluntad, en otras cárceles los presos cumplieron ayunos, protestas ruidosas y amenazaron con huelgas de sangre —cortarse los brazos o coserse los labios— si no se atendían sus demandas.
La violencia es pan de cada día en las cárceles venezolanas. En 2003, último año para el que se dispone de cifras completas, perecieron 402 detenidos, uno cada 22 horas, y 1.428 resultaron heridos, la mitad por armas de fuego, según la organización no gubernamental Provea.
En el primer trimestre de 2005 murieron 110 presos y 156 fueron heridos. Muere uno cada día entre los 19.000 presos, mientras en la vecina Colombia, con un drama de violencia política y 80.000 presos, sólo matan como promedio a un detenido cada mes, comparó Humberto Prado, del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones.
Prado, él mismo un ex preso, recogió testimonios sobrecogedores, como el hecho de que en cárceles donde, en alguna noche de riñas entre presos, los vigilantes uniformados no sólo se abstuvieran de intervenir, sino que cruzaran apuestas sobre quiénes resultarían vencedores.
En La Pica, donde murieron 18 presos este año, entre ellos tres cuando intentaban fugarse, continúan la espera y las gestiones para que los familiares sean liberados.
