La retención de decenas de niños por parte de presos amotinados en la cárcel de La Pica, al estr de Venezuela, terminó pacíficamente este viernes tras un acuerdo para agilizar procesos judiciales y conceder diversos beneficios a 60 de los 640 detenidos.
Lágrimas, sonrisas, gritos y aplausos acompañaron el reencuentro de los niños y otros familiares de reclusos, en gran proporción autosecuestrados dentro del penal, con los parientes que les aguardaban fuera, a medida que desde el atardecer del jueves comenzaron a salir, empezando por los menores, varios de ellos bebés en brazos de sus madres.
Una mesa integrada por autoridades gubernamentales a cargo del penal, jueces, fiscales, defensores públicos, parlamentarios regionales, autoridades de la ciudad de Maturín (500 kilómetros al este de Caracas) y el obispo católico de la zona llegaron a un acuerdo con delegados de los reclusos y sus familiares que puso fin al conflicto.
El gobierno da la cara y reconoce una deuda social penitenciaria que data de hace 25 años, dijo Erling Rojas, director de prisiones en el Ministerio del Interior y principal negociador oficial. No se tomarán represalias, agregó.
Los 600 presos varones y 40 mujeres de un anexo bloquearon la salida de más de 200 visitantes, entre ellos unos 60 niños y adolescentes, cuando concluía la visita del 15 de este mes, para exigir celeridad en el estudio de decenas de casos en que es posible que los presos sean juzgados en libertad o liberados tras cumplir una parte de su pena.
Entre tanto, en otras de las 32 cárceles venezolanas, que en total albergan unos 19.000 detenidos, se registraban huelgas de hambre y amenazas de huelgas de sangres (en que los presos se infligen cortaduras o se cosen los labios) como protesta por razones similares, pero las autoridades desmontaron los conflictos con ofertas de negociación.
En La Pica, presos y familiares mantuvieron su protesta en un clima de tensión, con la cárcel rodeada por efectivos de la militarizada Guardia Nacional y entre informes de que los presos disponían de cuchillos, armas de fuego y aun granadas, lo que convertía a sus familiares en escudos humanos.
Rojas negó que se apelase a un trueque de presos liberados a cambio de familiares, pero durante los días de autosecuestro salieron de la cárcel varias madres con niños que estaban retenidos, al igual que decenas de reclusos.
El acuerdo final estableció que un comité de familiares velará porque se agilicen los trámites judiciales, no se produzcan represalias contra los presos ni se procese a los parientes que se encerraron con ellos en los pabellones, y mejoren las instalaciones y la dotación de la cárcel.
La prisión está en ruinas y no soporta una remodelación más, admitió la parlamentaria regional Marelis Pérez, una de las negociadoras.
Pérez confirmó que unos 60 presos recibieron beneficios. Decenas de ellos quedaron en libertad condicional luego de que los jueces revisaron sus casos aceleradamente y a 22 se les concedió traslado a otras cárceles, para que estén más cerca de sus familiares.
El Ministerio del Interior se comprometió a acelerar los estudios psicosociales correspondientes a cada preso que alegue derecho a salir en libertad, y a remitirlos con prontitud a los tribunales, que son los que pueden conceder el beneficio.
Parece mentira que los presos deban llegar a esos extremos para que entonces todas las autoridades de la cadena, en los poderes públicos, cumpla con su trabajo, dijo a IPS Humberto Prado, de la organización no gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones.
Las organizaciones de derechos humanos criticaron sin embargo que los reclusos retuviesen familiares, aún con el consentimiento de muchos de ellos. No se puede reclamar por un derecho vulnerando el derecho de otros, dijo Prado.
Los padres, madres y demás parientes que colocaron a los niños en situación de rehenes cometieron un delito. Los presos tienen razón en su reclamo y sobreviven en condiciones espantosas, pero no se pueden violar los derechos de niños y adolescentes, dijo a IPS Yolanda Prince, de la ONG defensora de la infancia Cecodap.
Prado subrayó que de todas formas, hay que ponerse en los zapatos de los presos. Una justicia tardía no es justicia. No puede ser que porque alguien robó un teléfono celular permanezca detenido durante meses, exponiéndose a morir o a convertirse en un verdadero delincuente homicida, si se le puede juzgar en libertad.
El activista destacó la queja de que en Venezuela muere al menos un preso cada día, casi 400 por año.
El Estado no es capaz de garantizar la vida de 19.000 presos en un país con tantos recursos, mientras la vecina Colombia, con un conflicto violento que involucra a guerrillas, paramilitares y bandas narcotraficantes, y con 80.000 detenidos en su cárceles, apenas murieron 15 presos en un año, dijo Prado.
Este jueves, mientras se pactaba el acuerdo que hizo cesar el conflicto en La Pica, en la cárcel de Uribana, al centro-oeste del país, perecieron tres presos, baleados y acuchillados, tras estallar una riña entre los ocupantes de dos de los pabellones de esa prisión.
La Asamblea Nacional (parlamento) decretó una emergencia penitenciaria en el país en noviembre y ofreció aprobar los recursos económicos necesarios para atenderla, en tanto el presidente Hugo Chávez integró con algunos ministros una comisión para instrumentarla, recordó Prado.
Los presos se exasperan y sus familiares también. Han pasado seis meses y no se ven los resultados de esa emergencia, agregó el activista. (
