Intestinas luchas de poder se desataron en el movimiento que respalda al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el zurcido de las diferencias deja ver, bajo las costuras, problemas ambientales y de derechos humanos junto a discrepancias o ambiciones políticas.
La basura que agobia a buena parte de Caracas, la rebelión de indígenas en defensa de derechos políticos y de sus tierras ante la explotación minera, los derechos de los homosexuales, la denunciada discriminación de trabajadores por ser de oposición y las acusaciones de abusos por parte de cuerpos policiales son el telón de fondo en la disputa por parcelas de poder.
La controversia más ruidosa se registró en la capital, precisamente, al chocar el recién estrenado alcalde mayor del área metropolitana, Juan Barreto, un periodista y profesor universitario, con Freddy Bernal, ex policía de elite que desde hace cuatro años gobierna el municipio Libertador, el occidente de la urbe donde viven dos de cada tres caraqueños.
Con vistas a las elecciones de concejales en todo el país del 7 de agosto, el gobernante Movimiento V República (MVR) realizó comicios en su base de afiliados, pero en Caracas y otras plazas fueron inscriptos igual como candidatos partidarios a aspirantes que no ganaron la nominación. Esa tarea fue llevada adelante por jefes políticos del sector.
La protesta en Caracas contra los abusos de Bernal hizo que chavistas seguidores de Barreto incluso saboteasen actos oficiales y se encadenasen durante horas en la céntrica plaza de Bolívar, sin dejar de recordar dramas de la ciudad, como la basura.
A su vez, Bernal contraatacó diciendo que, como político, me he cuidado de no hacer negocios, no ser homosexual, no consumir drogas ni asistir a ballet rosados (orgías), lo que la oposición interpretó en la prensa como un retrato hablado de Barreto.
El alcalde mayor del área metropolitana caraqueña, junto con definirse como heterosexual, criticó a su adversario por descalificar y estropear los derechos de los homosexuales. Podemos legar a tener desde un concejal hasta un presidente homosexual, si fuera el caso, advirtió.
Cuando habló ante miles de trabajadores el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, Chávez regañó a los alcaldes: Hago un llamado a Barreto y a Bernal. Están poniendo la cómica (haciendo el ridículo). No los elegimos para eso. O trabajan juntos, o renuncian para elegir a otros revolucionarios que trabajen por Caracas, reclamó el presidente.
Ambos aceptaron la reconversión, pero dirigentes de grupos de homosexuales que simpatizan con Chávez, el Movimiento Gay Revolucionario y Nueva Alternativa, criticaron a Bernal, quien se reunió con varios activistas y luego dijo que, quizá fueron indebidas esas palabras, porque en la revolución no puede haber exclusión.
Analistas de oposición como Manuel Malaver sostuvieron que la pugna es la punta de un iceberg entre las corrientes militarista -las decenas de ex oficiales que son dirigentes del MVR o funcionarios y apoyarían a Bernal— y civilista, que respaldaría a Barreto, pero la dirigencia oficialista rechaza hablar siquiera de esa línea divisoria.
El politólogo opositor José Vicente Carrasquero dijo a IPS que las disputas derivan de la estructura de clientelismo político que ha montado Chávez como base de apoyo, pues carece de suficientes recursos o cargos para mantenerla incólume.
Pero mientras Barreto y Bernal se llamaron a silencio, emergió un conflicto entre el MVR y un partido aliado, Patria Para Todos (PPT), que denunció el linchamiento político de uno de sus dirigentes, Eduardo Manuitt, gobernador del central estado de Guárico.
Manuitt es objeto de una investigación parlamentaria porque en su jurisdicción un cuerpo de policías rurales carga con decenas de acusaciones por delitos que van desde robos y secuestros hasta extorsión y ejecuciones extrajudiciales.
El PPT acusó a parlamentarios del MVR de servir a los intereses de carteles de narcotraficantes que enfrentarían a Manuitt, cargos que rechazaron de modo categórico varios jefes del principal partido oficialista. Si el PPT no se retracta, la alianza debería ser revisada, dijo Francisco Ameliach, coordinador general del MVR.
Iris Varela, parlamentaria del MVR de verbo encendido, insistió en que frente a Manuitt no estamos en una discusión política, sino por los derechos humanos.
En cambio, el tema de los derechos ciudadanos quedó en segundo plano en otra diatriba entre oficialistas, después que esta semana la dirección del MVR suspendió de la militancia a otro parlamentario, Luis Tascón, y podría expulsarlo dentro de un mes.
Tascón fue sancionado luego que acusó públicamente a dirigentes del partido de estar pensando en el 2012 en vez de sostener la labor del presidente.
El año próximo habrá elecciones presidenciales y Chávez anunció que buscará la reelección —de modo indiscutido por sus seguidores— para un sexenio, pero no hay definición de un heredero político para cuando llegue la hora del relevo en 2012.
Uno de los delfines de Chávez puede ser Diosdado Cabello, quien le acompañó como teniente cuando el actual mandatario sublevó sin éxito, en 1992, a varias unidades del ejército contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Cabello, gobernador del estado de Miranda (al este de Caracas), fue el anfitrión del cónclave de la dirección del MVR que resolvió sancionar a Tascón.
Pero la notoriedad de Tascón se debe a que en 2004 colocó en su página de Internet la lista de los 3,4 millones de venezolanos que firmaron para solicitar un referendo revocatorio del mandato de Chávez, consulta que se hizo el 15 de agosto del año pasado y en la cual el presidente confirmó su mandato con 59 por ciento de los sufragios.
Según denuncias enviadas a la Fiscalía o ventiladas por la prensa, funcionarios públicos fueron despedidos por haber firmado, e incluso tres ex empleadas de la vicepresidencia entablaron una querella judicial.
En sus fuentes, los periodistas han recogido denuncias de que trabajadores, empresarios o ciudadanos que hacen trámites públicos o solicitan un empleo han debido mostrar como requisito su arrepentimiento por haber firmado contra el mandatario.
De comprobarse estos hechos se estaría en presencia de una evidente discriminación política, toda vez que ello constituye un trato desigual y una forma de exclusión, y además podrían constituir ilicitudes, dijo la Fiscalía en un comunicado.
El tabloide opositor Tal Cual equiparó la lista de Tascón con las prácticas de persecución que adelantó hace medio siglo contra opositores en Estados Unidos el tristemente célebre senador anticomunista Joseph Mc Carthy
La organización no gubernamental de derechos humanos Provea criticó que la Fiscalía ni siquiera calificase como infracción al orden legal la publicación que hizo Tascón, en tanto Chávez, hace un mes, en uno de sus llamados a la conciliación, admitió la existencia del listado al proclamar entiérrese la lista de Tascón.
En el frente ambiental, la próxima apertura de nuevas minas de carbón en la Sierra de Perijá, en el extremo occidental fronterizo con Colombia, ha desmarcado de las autoridades a comunidades indígenas y ambientalistas que respaldan al presidente Chávez.
Centenares de indígenas de las etnias wayúu, yucpa y barí marcharon en abril por las calles del centro de Caracas, acompañados de ambientalistas y activistas populares urbanos, exigiendo que Chávez desmontase el plan de concesiones que afectaría sus tierras y ríos, que son fuente del acueducto para Maracaibo (noroeste), la segunda ciudad del país.
Una barrera de la Guardia Nacional, policía militarizada, les impidió llegar hasta el palacio de gobierno.
El ambiente marcará las próximas protestas y los debates que obligarán a definiciones del gobierno, dijo a IPS el ambientalista y economista petrolero Francisco Mieres.
Un capítulo nuevo se abrirá por el empeño oficial de permitir que empresas mineras y forestales exploten la sierra de Imataca y otras áreas del sudeste, agregó.
Esta semana, indígenas de la etnia pemón, en el sudeste fronterizo con Brasil, bloquearon durante horas una carretera en protesta porque los candidatos que eligieron, según sus alegatos, no fueron favorecidos por el MVR al inscribir las listas de aspirantes para las municipalidades en esa región del país. (
