El debate sobre la proyectada construcción de dos fábricas de celulosa en el oeste de Uruguay acaparó el interés de activistas y autoridades en la Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).
El gobierno uruguayo prometió este viernes que velaría para que las dos fábricas sobre el occidental río Uruguay generen el menor impacto ambiental posible. Pero los activistas alegan que serán igualmente nocivas.
Ambientalistas y autoridades se refirieron al asunto en el marco de la conferencia que comenzó el lunes y terminó este viernes en la sudoriental ciudad de Punta del Este.
Uruguay reafirma su compromiso del cumplimiento del Convenio de Estocolmo, sin renunciar al irrenunciable derecho al desarrollo que tienen todos los países y pueblos del mundo. Lo hace apostando a un proyecto nacional de desarrollo productivo sustentable, dijo este viernes el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, al abrir la última sesión de la conferencia.
Lo hace con la responsabilidad de impulsar una política de producción más limpia en el sector agrícola, ganadero e industrial, como esencia para hacer más eficiente el uso de los recursos y más competitivos los sectores productivos, añadió.
La fabricación de celulosa a partir de madera incluye un proceso de blanqueado que si se realiza con cloro o sus compuestos, genera residuos muy tóxicos como dioxinas y furanos, dos de los 12 contaminantes controlados por el Convenio.
El tratado busca eliminar o reducir nueve plaguicidas (DDT, aldrina, dieldrina, endrina, clordano, heptacloro, hexaclorobenceno, toxafeno y mirex), dos subproductos de procesos industriales y de combustión (dioxinas y furanos), y un grupo de contaminantes industriales conocidos como bifenilos policlorados (PCB).
La exposición a estos 12 contaminantes incrementa los riesgos de contraer cáncer, provoca trastornos hormonales, neurológicos, infertilidad, diabetes y debilidad en el sistema inmunológico.
Se trata de sustancias muy tóxicas y volátiles, de gran persistencia y capacidad para acumularse en los tejidos animales grasos y transmitirse a través de la cadena alimentaria.
Activistas han criticado la intransigencia del gobierno en su apoyo a la construcción de las dos fábricas de celulosa, una de la empresa finlandesa Botnia y otra de la española ENCE.
Si bien las autorizaciones para los dos proyectos fueron otorgadas por el gobierno de Jorge Batlle, concluido el 1 de marzo, la nueva administración izquierdista también los respalda, alegando la necesidad de atraer inversiones y generar puestos de trabajo.
Las compañías europeas aseguran que el proyecto permitirá la creación de 4.000 nuevos empleos e inversiones por 1.500 millones de dólares.
La proyectada ubicación de las plantas cerca de la ciudad de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, limítrofe con Argentina, motiva también preocupación de organizaciones y autoridades de la oriental provincia argentina de Entre Ríos.
En el marco del encuentro en Punta del Este, el gobierno uruguayo se esmeró por calmar las aguas.
Hemos tenido una reunión oficial con representantes del gobierno finlandés, y el compromiso de ese gobierno es de asegurarle a todos nuestros compatriotas y a los argentinos que las mismas condiciones de control que se emplean en las cerca de 30 plantas que hay en Finlandia, serán las que se implementarán acá, dijo este viernes en rueda de prensa el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana.
También le ofrecieron a nuestro gobierno enviar los técnicos que nosotros consideremos apropiados para contribuir a que el control sea adecuado para garantizar la calidad del agua, y de la atmósfera y llevar la tranquilidad a los habitantes de Fray Bentos, añadió.
Las organizaciones ambientalistas pusieron en duda que el gobierno finlandés y la empresa Botnia asuman ese compromiso, y criticaron la vaguedad de los términos usados por las autoridades.
María Isabel Cárcamo, representante en Uruguay de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) dijo a IPS que hay tres métodos para la elaboración de celulosa, y sólo uno de ellos no es emisor de dioxinas.
Mi opinión personal es que no debería haber ninguna fábrica de celulosa, pero, en el marco del Convenio de Estocolmo, esperamos que al menos utilicen el sistema TCF (siglas en inglés de totalmente libre de cloro), que no emite esos contaminantes, dijo.
Las dos empresas emplearán el sistema ECF (libre de cloro elemental), que si bien no es el más contaminante, libera una importante cantidad de dioxinas, según el no gubernamental grupo Guayubira, de Uruguay.
Nos prometieron que utilizarán los sistemas aprobados en la Unión Europea, pero eso no nos tranquiliza porque allí se aplica el ECF, indicó Cárcamo.
En una carta dirigida el jueves al director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Klaus Toepfer, 23 organizaciones no gubernamentales y de vecinos afirmaron que en una investigación sobre emisiones aéreas en una planta finlandesa con sistema de blanqueo del tipo ECF (que emplea dióxido de cloro y que es el que se utilizaría en Uruguay), se detectaron niveles altos de varias dioxinas y furanos.
La misma investigación encontró que los niveles del principal furano hallado en el aire eran más altos en la sangre de un grupo de trabajadores de la planta de celulosa que en la población aledaña, añadió el texto.
Organizaciones ambientalistas de Argentina, y el propio gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, presionaron al gobierno del presidente Néstor Kirchner para que intentara disuadir a Vázquez de suspender la construcción de las fábricas.
El mandatario uruguayo, de visita el jueves en Buenos Aires, reiteró que se va a continuar con las obras en Fray Bentos, y aseguró que se tomarán las medidas necesarias para que la contaminación no exista.
Vázquez y Kirchner acordaron la creación de una comisión bilateral que estudiaría los riesgos ambientales del proyecto.
Activistas argentinos y uruguayos realizaron el 30 de abril una movilización contra los proyectos en el puente sobre el río Uruguay, que une Fray Bentos con la ciudad argentina de Gualeguaychú. Más de 15.000 manifestantes bloquearon el cruce.
