Romina Tejerina afrontará en junio un juicio que puede llevarla, con 20 años, a prisión perpetua por haber matado a puñaladas a su hija recién nacida. Había quedado embarazada de un vecino que la violó. Ella hace dos años que está en la cárcel y su atacante libre de culpa y cargo.
El caso, que tiene como escenario la noroccidental provincia argentina de Jujuy, es paradigmático de la alienación a la que puede llevar el desamparo en que viven miles de mujeres en los países de América Latina donde la ley penaliza la interrupción voluntaria del embarazo aun cuando sea producto de un ataque sexual.
Expertos creen que Tejerina saldrá del juicio oral y público con la condena penal máxima en este país. En tanto, su violador, un hombre que la duplica en edad y que fue sobreseído por la justicia 20 días después de conocido el caso, se jactó en televisión de haber querido dar su apellido a la criatura fallecida.
En Argentina, la legislación sólo permite el aborto en casos de violación de una mujer "demente o idiota", según reza el texto de la norma, o cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre.
No obstante esas restricciones, el Ministerio de Salud calcula en 500.000 el número de abortos que se realizan cada año en forma clandestina, lo cual ha pasado a ser la primera causa de muerte materna en este país, igual que en Uruguay, donde también esta práctica está penalizada salvo excepciones muy puntuales.
En noviembre de 2004, el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, admitió que el aborto era un problema sanitario de tal magnitud que el país haría bien en discutir la despenalización de esa práctica.
Su opinión, contraria a la del presidente Néstor Kirchner, desató fuertes críticas de la Iglesia Católica y de sectores conservadores, pero también recogió apoyos, sobre todo porque su posición estuvo en línea con medidas previas para prevenir el embarazo.
El ministro fue el promotor de la primera ley de salud sexual y reproductiva en el país que contempla el reparto gratuito de anticonceptivos en hospitales públicos. También propuso elaborar un manual para mejorar la atención a mujeres que llegan a las guardias de los hospitales con un aborto inconcluso.
El legrado posaborto es la segunda causa de hospitalización de mujeres en edad fértil en Argentina y las organizaciones no gubernamentales denuncian que las más pobres sufren el maltrato de médicos y enfermeras, que las condenan por haber recurrido a esa práctica para interrumpir el embarazo.
Guía para el mejoramiento de la atención posaborto se llama el texto para los profesionales que llegará a todos los centros de salud del país en junio. El libro plantea un trato humanizado y libre de prejuicios y recomienda la aspiración que, a diferencia del legrado, permite completar el aborto sin anestesia general.
Numerosas organizaciones de mujeres, que ya se habían pronunciado a favor de despenalizar el aborto, resolvieron aprovechar la oportunidad histórica que brinda la gestión ministerial favorable a esta prédica y lanzaron una propuesta que busca generar un amplio consenso al respecto.
Tras una serie de reuniones en las que participaron organizaciones de todo el país, esos grupos de lucha a favor de los derechos femeninos anunciaron que este viernes, en víspera de celebrarse el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la presentación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina.
La campaña incluye la realización de talleres de información, reflexión y debate, la recolección de firmas para exigir al parlamento la aprobación de una ley de despenalización del aborto, o al menos una iniciativa orientada en ese sentido, explicó a IPS una de las promotoras de la campaña, Maria José Lubertino, directora del Instituto Social y Político de la Mujer.
El ministro legitimó desde el poder un debate que el movimiento de mujeres viene planteando desde hace 20 años, destacó Lubertino.
Esta campaña argentina finalizará el 28 de septiembre, cuando se celebrará el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y dos meses después se entregarán las firmas al Congreso legislativo.
Las mujeres apoyamos todos aquellos proyectos de ley que permitan avanzar en la despenalización, explicó Lubertino, aludiendo así a las iniciativas con más respaldo que son las que proponen ampliar la legalización a los casos de mujeres violadas, o cuando se determine la imposibilidad de la vida extrauterina del feto.
Una encuesta realizada este año por encargo de la filial argentina de la Fundación Friedrich Ebert indicó que 76 por ciento de los consultados manifestaron estar a favor del aborto en casos de violación, como ocurre en Brasil, donde, más allá de las trabas que ponen algunos profesionales, las mujeres pueden interrumpir el embarazo cuando es resultado del ataque sexual.
El sondeo también arrojó un alto nivel de apoyo al aborto no punible cuando se compruebe que el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina. Actualmente, una mujer encinta con este diagnóstico debe llegar a término y colaborar con el parto, aun cuando se sabe que el bebé morirá en pocos minutos.
En cambio, los porcentajes de aceptación del aborto bajan cuando la causa alegada es la falta de deseo de tener un hijo, que recoge 19 por ciento de adhesiones, o cuando falló el método anticonceptivo, que baja a 18 por ciento. No obstante, 70 por ciento cree que, en realidad, la mujer aborta toda vez que no desea tener un hijo.
Cuando Tejerina fue violada guardó silencio por vergüenza. Temía que no le creyeran. Cuando advirtió que no menstruaba desde hacía varios meses recurrió a un médico y confirmó el embarazo. No obstante, el profesional le explicó que no podía ayudarla porque el aborto era ilegal.
La joven jujeña, entonces, ocultó el embarazo y probó con todos los métodos caseros a su alcance para abortar. Cuando la criatura nació en el baño de su casa, en el séptimo mes de gestación, intentó seguir manteniendo el secreto y, en un episodio que los peritos calificaron de psicótico, asesinó a la recién nacida de 17 puñaladas.
No sabía qué hacer, argumentó la adolescente luego de la tragedia, cuando fue interrogada por la policía. La enorme mayoría de los argentinos cree que en un caso como éste, la mujer debe poder someterse a un aborto. Sólo falta que esa voluntad se traslade al Congreso y se transforme en una ley.
