Dos empresarios acusados de crímenes de guerra vinculados al genocidio de Ruanda, en 1994, son juzgados en la capital belga bajo una ley de jurisdicción universal sobre violaciones de derechos humanos.
Etienne Nzabonimana, de 53 años, y Samuel Ndashyikirwa, de 43, fueron acusados de haber colaborado con la milicia de la etnia hutu en la masacre de de 50.000 tutsis y hutus moderados perpetrada en la sudoriental localidad de Kibungo durante la guerra civil ruandesa, que dejó alrededor de 800.000 muertos.
Los empresarios son hermanastros. Ambos se enriquecieron gracias a la venta de cerveza y tenían gran influencia en sus comunidades de Kibungo y la cercana Kirwa. Ndashyikirwa era dueño de una cadena de bares y una compañía de taxis.
Nzabonimana está acusado de haber proporcionado a los hutus cerveza, transporte y escondites para sus armas, mientras que a Ndashyikirwa se lo acusa de haber brindado ayuda táctica a las milicias.
La Fiscalía acusa además a Nzabonimana de haber estado presente en varios ataques de la milicia hutu, e incluso ordenado algunos, mientras que a que Ndashyikirwa se le imputa haber participado directa e indirectamente de las masacres.
El juicio, que comenzó el lunes, se lleva a cabo en Bélgica porque los sospechosos fueron detenidos en Bruselas hace tres años.
Los empresarios niegan los cargos. Nzabonimana asegura que estuvo escondido en su casa todo el tiempo en que se produjeron los hechos, mientras Ndashyikirwa asegura que siempre intentó impedir las masacres.
Ambos podrían ser sentenciados a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos.
El genocidio comenzó en Ruanda tras la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, un hutu. Su avión fue derribado en el aeropuerto de Kigali en abril de 1994.
La mayor parte de las víctimas de las masacres fueron tutsis, y los hutus fueron los responsables de la mayoría de los ataques.
Este es el segundo juicio sobre Ruanda que se realiza en Bruselas desde que se modificó en Bélgica una ley que permite acciones judiciales por crímenes de guerra aunque los acusados sean extranjeros.
En 2001, un tribunal belga sentenció a dos monjas católicas, un ex ministro y un profesor universitario ruandeses por su complicidad en las masacres.
Ese proceso fue llevado a cabo bajo una ley belga de 1993 que otorga a tribunales locales competencia para entender casos de violaciones a la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, no importa dónde hayan ocurrido ni dónde residan los acusados.
El juicio fue considerado un hito para el principio de jurisdicción universal, según el cual cualquier Estado está facultado para ejercer su competencia respecto de los responsables de algunos crímenes de derecho internacional, como genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Este principio, que se impone sobre el de soberanía territorial, parte de la idea de que dichos crímenes ofenden a toda la comunidad internacional y de que el deber de su persecución es universal.
La sentencia de 2001 desencadenó una ola de denuncias en los tribunales belgas. Incluso se presentaron acusaciones contra el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y contra el ex presidente de Estados Unidos, George Bush (1989-1993), padre del actual mandatario estadounidense, entre otros líderes.
Enfrentado a una crisis diplomática, el gobierno belga se vio obligado a enmendar la ley para aplicarla sólo a acusados radicados en Bélgica.
Bruselas tiene vínculos históricos con Ruanda, debido a que ese país de África central fue colonia belga. Soldados de ese país europeo murieron al comienzo del genocidio.
El tribunal en Bélgica escuchará a por lo menos 170 testigos en las próximas semanas, la mayoría procedentes de Ruanda. Se espera una sentencia para el 24 de junio. (
