El presidente de Perú, Alejandro Toledo, ya vapuleado por acusaciones de corrupción, transita ahora por un terreno más peligroso aun ante la posibilidad de que prospere en el Congreso legislativo un pedido de destitución por incapacidad moral.
El presidente del Congreso, Antero Flores-Aráoz, informó que ese cuerpo debatirá en sesión plenaria, posiblemente este jueves, un informe de la comisión investigadora de las denuncias de falsificación de firmas para inscribir partidos políticos en competencias electorales.
La comisión parlamentaria sostiene en su documento entregado a comienzos de este mes que Toledo es coautor de asociación ilícita para delinquir por haber participado en una verdadera fábrica de firmas para inscribir para las elecciones de 2000 a su partido, entonces llamado País Posible.
El cuerpo legislativo peruano, que es unicameral y se compone de 120 miembros, puede eventualmente proponer la inhabilitación de Toledo para ejercer cualquier puesto público por 10 años, a partir de que concluya su mandato en julio de 2006, o la suspensión en el cargo por un tiempo que no ha sido definido.
Empero, para que alguna de estas posibilidades se concrete debe contar con los votos de dos tercios de la cámara, un piso difícil de alcanzar porque aparecen divididos al respecto los opositores Partido Aprista Peruano, socialdemócrata, y la centroderechista Unidad Nacional, los dos sectores con mayor cantidad de representantes después del gobernante Perú Posible.
Uno de los requisitos para inscribirse en el registro electoral y participar en los comicios en Perú es presentar de respaldo al menos uno por ciento de firmas del total de ciudadanos que integran el padrón electoral. Esa exigencia en 2000 fue de 128.000 adhesiones.
Además, las leyes electorales indican que debe volver a inscribirse para nuevos comicios todo partido que consiga menos de cinco por ciento de votos en una elección nacional o no logre acceder al parlamento.
Entre las principales imputaciones que pesan sobre Alberto Fujimori y su gobierno de 1990 a 2000 figura, precisamente, la existencia de una fábrica de firmas montada por sus colaboradores para los comicios de ese mismo año, de fin abrupto de su mandato.
Fujimori fue destituido por el Congreso, precisamente, con la imputación de incapacidad moral, luego de que, acosado por denuncias de corrupción, enviara su renuncia al cargo por facsímil desde Japón, a donde había llegado aprovechando un viaje oficial a Brunei.
Entonces sólo se requería para hacer caducar un mandato presidencial una mayoría parlamentaria simple.
En el documento entregado ahora por la comisión investigadora, a Toledo también se le acusa de perpetrar delitos contra la fe pública y de haber infringido varios artículos de la Constitución referidos a las funciones de los mandatarios de Perú.
Esta imputación a Toledo, sin embargo, parece esconder en su envés otros intereses, según expertos. Yo creo que, en verdad, nadie quiere la vacancia presidencial, lo que pasa es que hemos entrado en una etapa de la 'espectacularización' de la política, dijo a IPS el analista político Rafael Roncagliolo.
La afirmación de Roncagliolo, ex secretario técnico del Acuerdo Nacional creado para buscar el consenso entre los distintos sectores sociales y fuerzas políticas, se sustenta en el hecho de que la vacancia presidencial por incapacidad moral es una figura jurídicamente nebulosa.
En diálogo con IPS, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, coincidió con este punto de vista y se preguntó qué es incapacidad moral. Luego explicó que esa calificación va más allá de la inmoralidad, pues implica que la persona carece totalmente de moral.
En medio de este enredo de términos, parece evidenciarse una forma de proceder que agrava la imagen ya negativa de los políticos en Perú, algo bastante extendido en varios otros países de América Latina.
Hay mucho canibalismo político y afán de figuración, declaró a IPS Ronald Gamarra, el ex procurador adjunto del Estado para casos de corrupción que tuvo la misión de investigar a Fujimori y a su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, preso desde junio de 2001 y sujeto a proceso en más de 60 causas.
Gamarra, que hasta fines del año pasado tuvo que ver con la investigación judicial de falsificación de firmas, agregó que lo normal, en una democracia adulta, hubiera sido que el caso siguiera su curso normal en la justicia, no que se arme este zafarrancho en el Congreso.
El caso de las firmas falsas se catapultó luego de que Carmen Burga, quien supuestamente participó en ese delito, ofreció su versión al diario Perú.21, tras lo cual la Procuraduría tomó el caso y presentó la denuncia a la Fiscalía, que a su vez derivó la investigación a un juez.
En el decurso de las investigaciones judiciales incluso se ordenó el arresto de Margarita Toledo, hermana del presidente, por su presunta vinculación con el caso. Aún sigue cumpliendo arresto domiciliario.
Sin embargo, Toledo no se vio implicado al no encontrarse pruebas al respecto y porque la misma Constitución establece que un mandatario no puede ser acusado durante su gestión, salvo por faltas políticas muy específicas, como el cierre arbitrario del Congreso.
Pero fue el mismo parlamento el que formó una comisión que ahora acusa a Toledo de ilícitos penales y que plantea no sólo la destitución sino también su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años una vez que termine su mandato.
Roncagliolo, al examinar este laberinto de acusaciones, comentó a IPS que la política peruana está vacía de contenidos y que no tenía ningún sentido vacar o suspender al presidente en sus funciones cuando falta sólo un año para los comicios de donde surgirá su sucesor.
Otro factor que abona la tesis de acción política espuria detrás de las acusaciones radica en el hecho de que el gran promotor de esta situación es Rafael Rey, representante de la derechista Coordinadora Democrática-Renovación, de la coalición opositora Unidad Nacional, y además vinculado a la prelatura católica Opus Dei.
Rey también aparece involucrado en un caso de falsificación de firmas, en la misma época en que se investiga a Toledo.
Expertos indican que la comisión del Congreso también debería haber investigado este caso, pero toda la atención pareció centrarse en demostrar que Toledo sí está involucrado en una presunta fábrica de firmas.
En medio de esta revuelta mediática, los procesos contra Montesinos y sus cómplices, así como la extradición de Fujimori desde Japón, avanzan lentamente, se bloquean y hasta deviene en dictámenes de libertad para acusados que pasaron varios meses en prisión sin sentencia firme.
Medina llamó la atención sobre la diametral diferencia, a su entender, que existe entre la corrupción registrada en el gobierno de Fujimori y la que se presume existe con Toledo.
Al respecto, el ex procurador Gamarra sostuvo que toda corrupción es condenable y hay que combatirla, pero evidentemente el gobierno de Fujimori era una verdadera mafia, mientras que lo actualmente vemos en el gobierno de Toledo es obra de pájaros fruteros.
Fuera del caso de las firmas falsas, en la administración de Toledo se han denunciado algunos casos de corrupción, en los que aparecen acusados parientes suyos.
Pedro Toledo, uno de los hermanos del mandatario, fue implicado en un negocio vinculado a la telefonía fija en Lima.
Por su parte, Margarita Toledo, además de su supuesta responsabilidad en el caso de las firmas falsas, habría favorecido a amigos y parientes suyos en el otorgamiento de contratos para realizar obras públicas. Ninguno de estos casos, sin embargo, ha sido demostrado hasta ahora de manera concluyente ante la justicia.
Si se mira el panorama político de los últimos años, puede afirmarse que ningún mandatario estuvo exento de acusaciones de corrupción e, incluso, de violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió con Alan García (1985-1990) y Fujimori.
Por eso, si Toledo, cuya buena gestión económica es destacada por expertos, es destituido por estas acusaciones por el Congreso será difícil saber si realmente se hizo justicia o si, simplemente, se trata de un caso extremo de canibalismo político.
Como sostiene Medina, pareciera que en Perú los políticos jugaran, constantemente, a 'liquidar' al adversario.
