La renuencia del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, a promulgar la Ley de Hidrocarburos, transfiriendo esa responsabilidad al Poder Legislativo, es interpretada como señal de debilidad, mientras movimientos sociales reclaman la nacionalización de los campos petroleros.
Mesa logró que los cañones de los sindicatos y grupos indígenas apuntaran al Congreso legislativo, que este martes puso en vigencia la controvertida legislación en medio de una incertidumbre política acentuada por la permanente amenaza de las compañías transnacionales de iniciar procesos de arbitraje por la modificación de las reglas de juego.
Al cumplirse el plazo de 10 días concedido al mandatario por la Constitución para promulgar el nuevo cuerpo legal, Mesa devolvió el proyecto al Congreso y evitó comprometerse con su contenido, por temor a perder la confianza de los organismos financieros internacionales y de los países donde se hallan las casas matrices de las inversoras petroleras.
El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, promulgó la ley este martes.
Horas después, Mesa pronunció un mensaje por radio y televisión, en el cual asumió la responsabilidad de hacer cumplir la ley, pero reiteró que el instrumento legal pertenecía al parlamento.
La actitud del mandatario nos muestra indecisión, una pérdida de protagonismo e iniciativa y no podríamos cancelar la posibilidad de un final de gestión adelantado, dijo el analista económico del Centro de Desarrollo Laboral, Carlos Villegas.
La nueva ley incrementa las obligaciones tributarias de las empresas que explotan gas natural, creando un impuesto directo de 32 por ciento, exento de deducciones y descuentos, mantiene un 18 por ciento de retenciones dirigidas a las regiones (regalías) y obliga a las compañías concesionarias a firmar nuevos contratos.
Bolivia es un país andino con 9,2 millones de habitantes, 70 por ciento de los cuales son pobres. Anualmente recibe unos 400 millones de dólares, en créditos y donaciones, para cerrar un déficit fiscal que equivale a seis por ciento de su producto interno bruto (PIB).
En varias oportunidades, Mesa advirtió que el cambio de las reglas de juego para las compañías que operan en la segunda reserva de gas natural más grande de América del Sur, daría pie al inicio de juicios internacionales hasta por 8.000 millones de dólares, una cifra similar al PIB nacional.
En medio de aplausos, gritos de parlamentarios indígenas e interrupciones, Vaca Díez, cuestionó el papel de Mesa por una demora de 10 días que permitió la preparación de protestas sociales con incidencia directa en la estabilidad democrática.
Nacionalización, nacionalización, gritaron algunos diputados indígenas que contaban con el respaldo en las calles de cientos de manifestantes combativos y dispuestos a tomar edificios públicos, incluyendo el palacio del Congreso.
Esta ley generará demandas de las petroleras, pero en la situación en que estamos no es conveniente quedarnos con la anterior, dijo Vaca Díez en un discurso.
Además de exigir la nacionalización del petróleo, los obreros de las ciudades de La Paz y El Alto, agrupados en torno a las centrales obreras regionales y la Central Obrera Boliviana (COB,) adoptaron como consigna el pedido de renuncia de Mesa por considerar que traicionó los intereses de los sectores que apoyaron su ascenso al poder, el 17 de octubre de 2003.
Este miércoles 18, una marcha de unas 2.000 personas promovida por el opositor Movimiento al Socialismo (MAS) ingresará a La Paz, la sede de gobierno, tras recorrer desde el lunes pasado unos 120 kilómetros con la consigna de incrementar los tributos petroleros.
Mesa sustituyó por la vía constitucional al renunciante Gonzalo Sánchez de Lozada (2202-2003), tras un levantamiento popular conocido como la guerra del gas, en el que murieron 67 personas y que impidió un proyecto para exportar el hidrocarburo, a través de puertos chilenos, a Estados Unidos y a México.
Tras la promulgación de la nueva ley, el MAS, liderado por el diputado indígena Evo Morales, presentó un proyecto modificatorio que propone la anulación de los 76 contratos petroleros vigentes y la firma de nuevos acuerdos.
El MAS mantiene su demanda de aplicar una regalía petrolera de 50 por ciento, en lugar de 18 por ciento vigente, defiende el fortalecimiento de la compañía petrolera estatal y exige la revisión del proceso de privatización de otras empresas del Estado.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá, puso en cuestión el nuevo cuerpo legal y anticipó un escenario adverso a las inversiones privadas.
Las empresas petroleras consideran que un cambio en los términos de los contratos representa una rescisión unilateral de compromisos, y es previsible el inicio de arbitrajes internacionales contra el Estado para recuperar sus inversiones y las ganancias cesantes, dijo a IPS el consultor petrolero Carlos Alberto López.
López previó una mayor reducción de las inversiones en el sector y citó como ejemplo el descenso registrado entre 1998 y 2004, período en que los montos invertidos cayeron de 600 a 200 millones de dólares anuales. (
