El gobierno de Perú diseña un nuevo plan de conservación para su atractivo arqueológico más importante: la ciudad incaica de Machu Picchu, amenazada por la afluencia excesiva de turistas. Pero sectores de la industria local de turismo se oponen a cualquier intento de reducir las visitas.
Construida a fines del siglo XIV, Machu Picchu es la más extraordinaria edificación del imperio incaico, que abarcó el territorio de lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y parte de Argentina.
En las temporadas altas, cuando no llueve, unos 2.500 turistas ingresan diariamente a la ciudad, descubierta en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham.
La mayoría de visitantes utiliza la vía férrea para llegar a Machu Picchu, ubicada en lo alto de una montaña en el sureño departamento de Cusco, pero alrededor de 400 hacen un recorrido de dos días a pie por los caminos del Inca, atravesando escenarios de increíble belleza y acompañados por porteadores (campesinos que cargan sobre sus hombros equipos y vituallas), en promedio de casi dos por turista.
Esas visitas y los deslizamientos de tierra en laderas de las montañas han sido señalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como un grave riesgo para la zona, que es patrimonio cultural de la humanidad.
El paso descontrolado de miles de turistas ha dejado huellas notorias de desgaste en la zona arqueológica, de 31.000 hectáreas de extensión.
El tránsito por los caminos del Inca contamina y amenaza la rica biodiversidad de la zona, donde se calcula que existen alrededor de 350 variedades de orquídeas y diversas especies de fauna en extinción como el oso de anteojos o frontino (Tremarctos ornatus).
La Unesco instó en 2002 a las autoridades peruanas a elaborar un plan de control de visitas y de manejo de deslizamientos de tierra.
En respuesta, el gobierno del presidente Alejandro Toledo, a través del Instituto Nacional de Cultura (INC) y el Instituto de Recursos Naturales (Inrena), preparó un Plan Maestro de Preservación del Santuario Histórico de Machu Picchu, que será sometido en breve a consideración de la Unesco.
El plan prevé hasta 2006 coordinar acciones y proyectos presupuestarios para la zona, y de 2006 a 2010 ejecutar inversiones por 132,5 millones de dólares, en proyectos que incluyen un sistema de control satelital de los deslizamientos de tierras y trabajos de prevención y mantenimiento de la ciudadela y los caminos del Inca.
Los lineamientos de la propuesta fueron expuestos en diciembre ante representantes de municipios, organizaciones ambientalistas, grupos de arqueólogos, hoteleros y transportistas, agencias de turismo e incluso la Asociación de Porteadores.
Es obvio que los sectores vinculados a la industria turística no quieren ni oír hablar de reducir la masa de visitantes. No pudimos llegar a ninguna conclusión en esa desordenada asamblea, a la que asistieron 280 personas que representaban intereses diversos, algunos de ellos contradictorios, dijo a Tierramérica el ingeniero Marco Pastor, coordinador de la Intendencia de Áreas Protegidas del Inrena.
Por lo pronto, el municipio de Aguas Calientes, un poblado que surgió en torno al lugar en que los turistas descienden del ferrocarril para dirigirse a Machu Picchu, se apresta a batallar contra cualquier intento de reducción de visitas.
María Elena Córdova, directora de Gestión del INC, anticipó que el Plan Maestro no se propone reducir el promedio máximo actual de visitantes, pero sí quiere reglamentar la afluencia para eliminar o atenuar los impactos negativos.
Consultas públicas sobre el proyecto tendrán lugar el 11 y 12 de este mes, con la participación de representantes de la sociedad civil, el gobierno regional, los municipios, las comunidades campesinas, los colegios profesionales y los agentes de viaje.
Hay que escuchar a todos, y aunque sabemos que será difícil satisfacer a todos, debemos propender a la mayor participación posible para aprobar el Plan Maestro, dijo a Tierramérica Jorge Pacheco, gerente de la Unidad de Gestión de Machu Picchu,
El aumento de tarifas de acceso a la zona; la regulación de la afluencia para, entre otras cosas, mejorar el manejo de los desperdicios que dejan a su paso los turistas, así como la promoción de otros sitios incaicos en el país son algunas de las propuestas en ciernes.
El Director de la oficina en Cusco del INC, David Ugarte Vega Centeno, propuso aumentar 50 por ciento las tarifas de acceso a Machu Picchu, para agenciar mayores recursos y limitar parcialmente la afluencia de turistas.
Luis Antonio Mendoza y Walter Valderrama, ambos miembros de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecología, consideran inevitable reducir el flujo de visitantes para proteger Machu Picchu y proponen estudiar medidas de reglamentación similares a las existentes en sitios turísticos en Nepal, Asia.
Ahora marcha por los caminos del Inca una procesión de gentes que, sin querer o sin que les importe, depredan el ecosistema a su paso, dijo Mendoza a Tierramérica.
En Nepal, los visitantes tienen que aceptar que se haga un inventario de lo que portan al ingresar, y depositar una suma de garantía para cubrir las altas multas si dejan abandonados envases, plásticos o cualquier otra cosa en la zona que visitaron, explicó.
Valderrama opinó que para descongestionar el camino hacia Machu Picchu se pueden promover otras rutas, también incaicas pero más largas o complejas, y por consiguiente con mayor desafío, que es lo que se busca en el turismo de aventura.
* El autor es colaborador de Tierramérica. Publicado originalmente el sábado 7 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (