Un año después de que unas 1.000 personas fueran masacradas en enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en el norte de Nigeria, el gobierno del presidente Olusegun Obasanjo no ha logrado juzgar a los responsables, señaló la organización Human Rights Watch (HRW).
En su informe de 75 páginas titulado Venganza en nombre de la religión: el ciclo de violencia en los estados de Plateau y Kano, el grupo con sede en Nueva York presenta un detallado análisis de los hechos ocurridos el año pasado, cuyos factores aún amenazan la estabilidad en el centro y norte de Nigeria.
Los choques entre cristianos y musulmanes continúan, y nuevos enfrentamientos son inminentes.
El conflicto comenzó con una disputa sobre los derechos de la tierra y el ganado entre la etnia tarok, predominantemente cristiana y dedicada al cultivo, y los fulani, ganaderos que en su gran mayoría profesan la fe islámica.
Musulmanes armados mataron en febrero del año pasado a más de 75 cristianos cuando acudían a la iglesia, en represalia por un ataque tarok a aldeas fulanis poco antes. El mes siguiente, cientos de cristianos rodearon la localidad de Yelwa para vengarse y masacraron a 700 musulmanes.
Una semana después, los fulanis respondieron matando a más de 200 cristianos de la ciudad de Kano, capital del estado del mismo nombre. La policía y el ejército fueron enviados para controlar la situación, pero según el informe contribuyeron a la masacre.
El presidente de la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, Mike Okono, dijo que los problemas religiosos nigerianos son muy delicados y que en relación con ellos no debe haber vencidos ni vencedores, ya que el objetivo primordial es lograr una reconciliación entre ambas partes.
Cerca de 48 por ciento de los 133 millones de nigerianos son musulmanes, 44 por ciento son cristianos y el resto siguen a religiones animistas.
En la zona sudoccidental del país, los choques entre religiones son menos graves, porque dentro de una misma familia hay cristianos y musulmanes. En el norte es diferente. Los incidentes de Plateau fueron motivados por líderes políticos con intereses egoístas, que despertaron los sentimientos religiosos para ganar votos en las elecciones, dijo Okono a IPS.
El director de la División Africana de HRW, Peter Takirambudde, responsabilizó al gobierno de Obasanjo por las masacres.
Takirambudde señaló que las fuerzas de seguridad estaban ausentes cuando comenzaron los enfrentamientos, y cuando llegaron, en lugar de proteger a los civiles, abrieron fuego en forma indiscriminada.
Se veían signos preocupantes desde hacía mucho tiempo, pero el gobierno no hizo nada hasta que la situación se fue de control, afirmó.
Por su parte, la Comisión sostiene que el gobierno estadual de Plateau es el principal responsable de garantizar la seguridad en la zona y quien debió actuar para detener la masacre.
Okono criticó al informe de HRW, difundido el miércoles, por no contener información actualizada.
Da la impresión de que no se ha hecho nada internamente. Ni siquiera menciona los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y comisiones como las nuestras para garantizar que retorne la paz y estabilidad en las áreas afectadas, afirmó.
Organizaciones extranjeras, que escriben sobre los problemas en esa parte del país, no entienden que se trata de pueblos que han convivido por siglos, y que tienen una cultura, un mercado y una economía comunes, sin ninguna distinción excepto la religión. Lo que se debe hacer es reconciliarlos, añadió.
Okono instó al gobierno a mejorar las condiciones económicas de los nigerianos para reducir las tensiones religiosas.
Esto es algo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha predicado y defendido. La comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales deben ayudar al país a mejorar la situación económica de sus habitantes si quieren minimizar la crisis, afirmó.
En su informe, HRW señaló que la raíz del conflicto está en la disputa sobre quiénes son los indígenas (los habitantes originales de la zona) y quiénes los colonos (los que la ocuparon después).
Pero Okono alegó que en la Constitución no hay una distinción entre indígenas y colonos, y que la separación entre unos y otros es una creación de los líderes políticos para manipular a los ciudadanos según sus propios intereses.
Como Takirambudde, Okono quiere que los responsables de la violencia sean juzgados, pero como parte de una política general orientada a impedir que ocurran hechos similares.
La mayor parte de la violencia tuvo motivos políticos. Por tanto, insistimos en que cualquiera que esté implicado debe ser llevado a un tribunal y los que sean sentenciados deben recibir un castigo severo para disuadir a otros, dijo a IPS.
Por su parte, Takirambudde afirmó que el gobierno necesita hacer mucho más para garantizar una paz duradera en las áreas afectadas.
Las autoridades deben enviar un claro mensaje a los responsables de estos asesinatos, que deben ser detenidos y juzgados. La impunidad sólo ha estimulado más violencia, aseveró.
Pese a que el incidente de mayor impacto internacional fue el del año pasado, el norte de Nigeria ha sido escenario de varios enfrentamientos religiosos desde 2001. HRW calcula que en los últimos cuatro años murieron en la zona de 2.000 a 3.000 personas. (
