Unos 100.000 inmigrantes quedaron sin poder acogerse al proceso de normalización de residencia en España tras cerrarse el plazo establecido, según el gobierno, mientras la oposición eleva esa cifra a un millón.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Rafael Caldera, informó este lunes que 690.679 extranjeros iniciaron su regularización, pero el apresamiento de una patera (embarcación frágil) con 59 inmigrantes a bordo, entre ellos ocho niños, muestra que la inmigración irregular está lejos de haber terminado.
Yolanda Villavicencio, presidenta de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (Aesco), calificó este proceso de positivo aunque, dijo a IPS, falta todavía mucho por hacer, tanto acerca de la situación de los inmigrantes en España como en la cooperación efectiva para que cambie la situación en sus países de origen.
Porque, explicó, es la situación terrible, económica, política y social en la que viven la que lleva a esas personas a viajar al exterior, incluso jugándose su vida y la de sus hijos.
A España suelen llegar mujeres con ocho meses de embarazo o con niños recién nacidos, transportadas en pateras, para lograr así la radicación legal, ya que la ley de este país no permite la expulsión del país de menores ni de sus madres.
Las pateras, de bajo calado y utilizadas por ello en lagos para cazar patos, son el transporte más común al que apelan las organizaciones de traficantes de inmigrantes sin papeles con destino a las costas españolas. De ese modo lograr llegar a playas donde las lanchas guardacostas no lo pueden hacer.
Según Caldera, tras el cierre del plazo de inscripción el sábado quedaron sin incorporarse al proceso de regularización unas 100.000 personas, cantidad que multiplicó por 10 Mariano Rajoy, presidente del centroderechista Partido Popular, la primera fuerza de oposición.
Villavicencio cree que hablar de un millón es exagerado, pero también piensa que son más de los que dijo Caldera y estimó esa cantidad en unos 300.000, si consideramos que hay estudiantes y mujeres que están con su familia, además de inmigrantes que no contaron con el apoyo de sus empleadores.
El proceso se inició el 7 de febrero, cuando resonaban todavía los ecos de la llegada de un barco sin capitán o personal responsable y con 227 africanos sin documentación alguna a las españolas Islas Canarias, ubicadas frente a la costa occidental de África.
Al dar comienzo a la regularización, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció que, una vez que terminase el mismo, se aplicaría estrictamente la ley de extranjería. Por lo tanto, todo inmigrante que quisiese venir a trabajar a España de aquí en más debería obtener previamente un visado de ingreso porque, de lo contrario, sería devuelto a su país de origen.
Caldera, quien ofreció una rueda de prensa este lunes, afirmó que ahora en España hay mayores perspectivas de desarrollo económico-social y más dignidad, porque ha aflorado el máximo empleo sumergido posible.
Esto es así porque las solicitudes de regularización fueron presentadas por los empresarios con empleados extranjeros sin contrato, a quienes se los eximió de las penas que les correspondía por esa ilegalidad.
Esa legalización implicará que trabajadores y empresarios deberán cotizar a la Seguridad Social por los empleos legalizados, lo que implicará para la administración unos ingresos aproximados de 1.500 millones de euros (más de 1.900 millones de dólares) al año, calculó el ministro.
Del total de expedientes presentados, 88 por ciento de ellos fueron admitidos, nueve por ciento tienen pendientes la presentación de los respectivos certificados de empadronamiento, de otra constancia de arraigo o de antecedentes penales, y sólo tres por ciento restante fueron rechazados. Caldera afirmó que antes de finalizar julio estarán resueltos todos los casos.
De los casi 700.000 expedientes presentados durante esta etapa de inscripción, 30 por ciento corresponden al sector de empleo doméstico, 20 por ciento al de la construcción, otro tanto de hostelería y comercio, 13 por ciento a la agricultura y el resto a otras áreas de menor peso.
A la pregunta de por qué queda todavía un remanente de personas que no presentaron la solicitud de regularización, Caldera lo atribuye a que son inmigrantes que carecen de una relación laboral consistente.
Hay muchas personas que trabajan unos días en una obra en construcción, en el hogar o en el sector agrario, son despedidas, se ofrecen en otro lado y así sucesivamente, detalló.
Al margen de que la ley sea mejorable, o de cómo se aplique, la presidenta de Aesco insiste en que se debe poner el esfuerzo en posibilitar y ayudar un mejor desarrollo de los países del Sur, donde la gente sufre tanto penurias económicas impensables en Europa como graves situaciones dictatoriales.
No hay murallas ni controles policiales y militares que puedan detener a quienes tratan de llegar a Europa en búsqueda de una vida mejor para ellos y sus familiares, añadió.
Tampoco parece que vayan a prosperar todos los rechazos anunciados de las solicitudes, pues la organización no gubernamental SOS Racismo ha anticipado que presentarán reclamos por la vía contencioso-administrativa. Parte de los rechazos se dieron porque la persona inmigrante no tenía certificado de empadronamiento en el municipio donde vive.
Ante ello, Diego Lorente, abogado de SOS Racismo, señaló que en ningún estado de derecho se plantea que haya un único medio de prueba y que, tanto como ese certificado, puede valer el pasaporte en el que consta la fecha de entrada a España o, incluso, el certificado del abono de transporte público.
Desde el lado del gobierno, la visión es otra. Caldera, feliz por haber llevado adelante este proceso de manera positiva, advirtió de que quienes hayan quedado fuera tienen todavía la posibilidad de demostrar su arraigo en España o serán repatriados en condiciones humanitarias. No cabe otra alternativa. La política de inmigración debe ser seria y firme.
