El gobierno de México alzará una protesta formal y firme por la arremetida de Washington contra los inmigrantes, dijo este jueves el presidente Vicente Fox, sumando la queja a una larga lista que ha dado pocos resultados.
México reaccionó con indignación a la promulgación el miércoles en Estados Unidos de una ley que impide el acceso a licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, y dispone extender los muros de seguridad erigidos en la larga frontera con su vecino meridional.
El gobierno, organizaciones de derechos humanos y académicos de México criticaron la ley, pues ataca directamente a más de ocho millones de inmigrantes sin permisos de residencia en Estados Unidos, de los cuales unos cinco millones son mexicanos.
Los nuevos requisitos exigen la verificación de cuatro documentos antes de emitir una licencia, para evitar su otorgamiento a inmigrantes sin residencia legal y a solicitantes de asilo, y la creación de una tarjeta electrónica de identidad estandarizada como registro de conductor.
El Senado estadounidense votó el martes por unanimidad a favor de la Real ID Act (Ley de Identidad Real, en inglés), promulgada el miércoles por el presidente George W. Bush. La cámara baja había aprobado la norma la semana pasada.
Los permisos para conducir son a menudo la única identificación a la que pueden acceder los inmigrantes sin papeles, y son ampliamente aceptados como tales en todo el país, incluso para adquirir pasajes de tren o avión y para abrir una cuenta bancaria.
Nuestra tarea es presentar una queja formal y firme en contra de una opción (la nueva ley) que no tiene que ver con el desarrollo armónico de las relaciones entre Estados Unidos y México, dijo Fox.
Poco antes, el canciller Luis Ernesto Derbez anunció que su país llevaría sus reclamos contra la política migratoria de Estados Unidos hasta la Organización de las Naciones Unidas.
Los dos países dialogan periódicamente sobre la migración desde que Washington comenzó a endurecer en 1993 sus controles en la frontera sur, con operativos policiales y la construcción de muros.
Desde entonces, México protesta todos los años por las medidas contra la inmigración, un flujo que no se detiene, aunque busca los cruces menos vigilados, que son también los más inhóspitos y peligrosos.
Entre 1995 y 2005, murieron más de 3.000 inmigrantes intentando cruzar a Estados Unidos.
Hay falta de voluntad política, pues aunque Estados Unidos y México dialogan a altos niveles, en la práctica no hay avances y el endurecimiento contra la migración continúa, dijo a IPS la coordinadora de vinculación y promoción de la organización no gubernamental mexicana Sin Fronteras, Karina Arias.
Como la mayoría de observadores locales, Arias considera un tremendo error de Washington el tratamiento del problema migratorio como cuestión de seguridad, cuando es un asunto de derechos humanos y de desarrollo.
Ni los muros ni las restricciones para obtener licencias detendrán la inmigración, coinciden analistas.
El éxodo de mexicanos se ve alentado por las mejores condiciones económicas de Estados Unidos, los lazos familiares existentes y la fuerte demanda de mano de obra barata en ese país.
El ingreso promedio por persona en Estados Unidos es de 36.000 dólares anuales, mientras el de México es de 9.000.
En Estados Unidos viven cerca de 40 millones de inmigrantes de origen latinoamericano, la mayoría mexicanos.
Las remesas que éstos últimos envían cada año —en 2004 sumaron 17.000 millones de dólares— son el principal soporte económico para 1,6 millones de familias en México.
La demanda de inmigrantes indocumentados como mano de obra en el sector agrícola en Estados Unidos va en aumento. Según cifras oficiales, en 1994 esos inmigrantes representaban 38 por ciento del total de la fuerza laboral agropecuaria, pero para 2003 ya eran 60 por ciento.
Los ríos de promesas y negociaciones que por décadas llevaron a cabo México y Estados Unidos, se dirigen hoy a las cañerías, dijo a IPS el académico Tomás Vergara.
La ley promulgada por Bush otorga además recursos para extender unos 112 kilómetros de muros de metal y concreto tendidos en los 3.200 kilómetros de límites entre Estados Unidos y México.
El resto de la frontera está fuertemente vigilada, y marcada por barreras naturales o por vallas.
La nueva norma dispone ampliar de 22 a 27 kilómetros el muro ya existente entre las ciudades de Tijuana, del lado mexicano, y San Diego, en el estado estadounidense de California.
Es una verdadera tontería la construcción de bardas (muros), porque ello no hace a una frontera segura, dijo el canciller mexicano.
El muro y las licencias no son las únicas evidencias del clima persecutorio que se ha instalado en Estados Unidos contra los inmigrantes.
En abril, Minuteman Project, un grupo de caza inmigrantes irregulares se desplegó en una parte de la frontera con México, y anunció que repetirá la acción en octubre en toda la zona fronteriza.
Surgieron además varias iniciativas similares a la Propuesta 200, aprobada en noviembre en el sudoccidental estado estadounidense de Arizona en el marco de las elecciones presidenciales, para restringir el acceso a servicios de salud y educación a inmigrantes sin residencia legal en ese distrito.
Las nuevas iniciativas contra los inmigrantes se registran en el septentrional estado de Arkansas, en el central de Colorado y en el occidental de California, cuyo gobernador, Arnold Schwarzenegger, declaró su apoyo a Minuteman.
