El Senado de Chile privilegia en un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil la privación de libertad en lugar de mecanismos alternativos que favorezcan la reinserción social de los infractores, dijeron a IPS especialistas en derechos de la infancia.
Osvaldo Vásquez, director de los programas socio-educativos de control de la violencia y la agresión sexual en los jóvenes de la no gubernamental Corporación Opción, se declaró perplejo por las disposiciones aprobadas hasta ahora por el Senado en el proyecto que se comenzó a tramitar en agosto de 2002, en el contexto de reforma procesal penal.
La polémica se ha centrado en la edad de discernimiento y las penas que se aplicarían a los jóvenes infractores, puesto que la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por este país en 1990, establece que ningún menor de 18 años puede ser sancionado ni juzgado como adulto, situación en la que Chile está retrasado.
Miguel Cillero, consultor en Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo a IPS que este país y Argentina son los más atrasados de América Latina en materia de legislación penal juvenil y su adaptación a la Convención de los Derechos del Niño.
Cillero señaló que la legislación en Chile en materia de justicia juvenil en sus líneas gruesas, está diseñada hace más de 70 años y, en los últimos 10, se la ha intentado cambiar sin obtener resultados.
En la práctica, explicó el consultor de Unicef, tenemos un sistema tutelar con posibilidades de enviar menores al sistema de adultos después de los 16 años, y bajo esa edad sistemas de medidas de protección que incluyen el encierro.
Uruguay, Perú y casi todos los países de la región han avanzado en sus códigos de infancia, mientras que en Chile todavía hay un debate, dijo Vásquez.
A su juicio, en la discusión parlamentaria, el proyecto de 2002 se fue endureciendo y hoy día nos sentimos perplejos ante la decisión del Senado de ver como recurso principal la privación de libertad, despreciando el esfuerzo por validar elementos alternativos.
El proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil buscaba establecer por primera vez en Chile un sistema de justicia especializado para mayores de 14 y menores de 18 años de edad.
El objetivo es mejorar la eficiencia en la persecución del delito, brindar efectiva protección a las víctimas y garantizar un debido proceso a los jóvenes imputados.
La propuesta replica los principios establecidos en la reforma procesal penal en marcha en Chile, basada en juicios orales, transparencia y rapidez en la resolución de los conflictos a través de un procedimiento acusatorio, en que intervienen el Ministerio Público (Fiscalía) y defensores públicos que se encargarán de la representación de los imputados.
Las sanciones a los jóvenes serán cumplidas en recintos especiales, no en cárceles de adultos. Las penas varían desde la amonestación y trabajos en beneficio de la comunidad, aplicadas por instituciones colaboradoras del gubernamental Servicio Nacional de Menores (Sename) y supervisadas por este organismo, hasta la privación de libertad.
El nuevo sistema instaura los acuerdos reparatorios entre víctima e imputado y considera la edad del acusado, el número de infracciones cometidas y la gravedad de los hechos con el fin de evitar la reincidencia delictiva, con acento en la rehabilitación.
El proyecto original, añadió Cillero, era crear un sistema penal juvenil especial entre 14 y 18 años. Y hoy día lo que se estaría aprobando en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado es un sistema de rebaja de la imputabilidad con una mitigación de la pena con relación a la del adulto.
Así habrá menos penas y en recintos especiales, pero, como garantía, sólo hasta que cumplan los 18 años. En adelante, algunos podrán seguir allí y otros se tendrán que ir a recintos penales de adultos, aclaró.
Estos asuntos fueron planteados en un seminario este mes sobre los resultados preliminares de proyectos de la Corporación Opción, ejecutados con apoyo del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico de la gubernamental Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Luego de siete meses de trabajo sistemático de la Corporación con 71 jóvenes de 14 a 16 años involucrados en delitos de violencia y abuso sexual, éstos lograron identificar nociones de escuchar, recuperar la confianza, cumplir sus compromisos, reconciliarse con la sociedad y reconocerse como parte de ella para su reinserción, señaló la organización no gubernamental.
Las premisas del proyecto apuntaron a que la conducta de violencia y abuso sexual no se supera con el tiempo, sino que necesita intervención, y que el tratamiento temprano evita que el adolescente se convierta en adulto agresor. De ahí que los ejes de la intervención fueran tanto formativos y educativos como terapéuticos.
Más allá de la privación de libertad, es viable recuperar a los jóvenes infractores en un ambiente libre, rescatándolos del círculo de la reincidencia, sostiene la Corporación Opción.
Estadísticas de la policía chilena revelan que 10 por ciento del total de arrestos anuales de jóvenes obedecen a delitos violentos, y sólo 0,3 por ciento a agresiones sexuales que van desde abusos hasta violaciones.
Carmen Andrade, jefa del Departamento de Derechos y Responsabilidad Juvenil del Sename, negó que la tendencia del delito juvenil fuera en aumento. Ser aprehendido no es sinónimo de ser condenado, porque puede o no haber culpabilidad, advirtió.
Pero aun en el contexto de una baja, el delito violento es grave en cuanto a sus consecuencias, por eso es necesario intervenir, especialmente cuando la violencia se asocia a resolución de conflictos, afirmó Andrade, quien advirtió que se necesita más tiempo para evaluar los resultados de los programas de la Corporación Opción.
El Sename desarrolla 52 programas ambulatorios, destinados a jóvenes infractores a los que les asigna un delegado que ejerce funciones de tutoría, acompañamiento y control y que ejecuta un plan de intervención de acuerdo a las características de la persona.
Según cifras de la misma institución, un tercio de los jóvenes que pasan por sus centros, tanto cerrados como ambulatorios, vuelven a delinquir.
Vázquez dijo a IPS que lo más relevante del proyecto de Opción es haber revisado un contexto comparado con países que ya han incorporado, tanto en su legislación como en sus prácticas con jóvenes que cometen delitos, programas que pueden dar buenos resultados, dentro de un debido proceso.
El Estado no puede negar la diferencia entre un adolescente y un adulto, debe hacer un 'plus' y tratar de ser un apoyo para la reinserción social (del adolescente), agregó Vásquez.
El modelo generó una metodología e instrumentos pedagógicos y de seguimiento que ponemos a disposición de la comunidad para complementar la reforma (penal) en la infancia y la adecuación, tanto de la legislación como de las prácticas, a los principios de la Convención de los Derechos del Niño.
Actualmente, la Corporación atiende a 450 jóvenes derivados desde los tribunales, y cerca de 20 por ciento de ellos se sometió a los programas. Según Vázquez, el proceso con los jóvenes está validado y, aunque nos falta evaluar el impacto, que requiere tres años, estamos en condiciones de replicarlos a mayor escala.
Para Sillero, el principal aporte del proyecto de Opción es reforzar la idea que, incluso en factores graves o violentos, los jóvenes pueden ser ayudados a controlar su violencia a través mecanismos psico-sociales y no de encierro.
Pero de aprobarse la ley con el énfasis en la privación de libertad, programas de este tipo no tendrían cabida, dijo Cillero.
