La huelga de hambre que amenaza la vida del encarcelado ex primer ministro de Haití Yvon Neptune ya lleva tres semanas, lo que aumenta la tensión en el país más pobre de América.
Neptune, primer ministro durante la presidencia del hoy exiliado Jean-Bertrand Aristide, comenzó el fin de semana a beber líquidos a pedido de sus familiares, pero su condición sigue siendo extremadamente débil, según informes desde Puerto Príncipe, donde está recluido en un edificio del gobierno desde marzo.
El ex gobernante no ha visto un juez desde poco después de su arresto, en junio, cuando fue acusado de pergeñar una masacre en la ciudad de St. Marc en febrero de 2004, poco antes de la caída y el exilio de Aristide, ocurrida el 29 de ese mismo mes.
El gobierno, que no ha difundido las evidencias en su contra, ofreció la semana pasada retirar todos los cargos a condición de que se exilie en la vecina República Dominicana. Pero Neptune declinó la oferta.
El caso tiene serias implicancias morales y políticas para el gobierno haitiano y para la comunidad internacional, según el secretario general actuante de la Organización de Estados Americanos (OEA), el estadounidense Luigi Einaudi.
Al mismo tiempo, el jefe de la división de Derechos Humanos de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití (MINUSTAH), Tierry Fagart, calificó la detención de Neptune de ilegal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los principales organismos del sistema de justicia de la OEA, advirtió el viernes que aún espera la respuesta del gobierno del primer ministro interino Gerard LaTortue a tres pedidos de informes sobre la situación legal de Neptune y sobre su condición de salud.
Pero la crisis penal de Haití es más amplia, alertó la CIDH. En la visita de una misión del organismo a Haití el mes pasado, se constató que apenas nueve de 1.504 presos en la Penitenciaría Nacional habían sido acusados de algún delito.
El gobierno de Estados Unidos, que tuvo la cooperación de Neptune en el periodo de transición entre la polémica caída de Aristide y la subsecuente instalación del gobierno de Latortue, no se ha referido públicamente a la situación del encarcelado primer ministro, pero ha presionado por su liberación de forma reservada.
La situación solo puede ser considerada ridícula. Las autoridades haitianas están desafiando a su único sostén internacional, dijo Joselyn McCalla, de la estadounidense Coalición Nacional por los Derechos Haitianos (NCHR), organización con sede en Nueva York.
Con 7.500 soldados y policías, MINUSTAH es la única fuerza armada bien organizada dentro del país. Pero mientras muestra una mayor agresividad al enfrentarse con pandillas armadas y ex soldados, carece del mandato y la fuerza para asegurar el orden en todo el país.
Excepto en las grandes ciudades como Puerto Príncipe, Cap-Haitien y Gonaives, virtualmente todo el país está bajo control de pandillas armadas y señores de la guerra, incluidos ex soldados de las fuerzas armadas abolidas por Aristide en 1995, según fuentes del Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense.
La situación hace muy improbable la celebración de elecciones transparentes para la fecha programada, en noviembre.
La organización anti-Aristide Proyecto Democracia en Haití (HDP) llamó a desplegar 1.000 agentes y expertos en seguridad francohablantes de las policías canadiense, francesa y estadounidense para mejorar la seguridad hasta que se realicen las elecciones.
El director de HDP, James Morrell, insistió en que es posible celebrar elecciones exitosas, tanto porque se redujo la cantidad de circuitos electorales como por el control de MINUSTAH, que reduce la intimidación de los ciudadanos por parte de grupos armados.
Pero McCalla advirtió que aún restan 20 millones de dólares para cubrir el financiamiento del proceso de registro de ciudadanos habilitados para votar y de las propias elecciones. Los comicios ratificacarán la situación de facto, dijo.
Quienquiera que mantenga el poder en el terreno ganaría hoy. Los que serán elegidos son unos matones, sostuvo McCalla.
Los eventuales candidatos reciben dinero de narcotraficantes, según informes que se concentran en el hecho de que la inestabilidad persistente ha facilitado esa actividad delictiva. Haití es un punto de tránsito de embarcaciones para el tráfico de drogas que se dirigen hacia Estados Unidos.
Los contactos entre narcotraficantes y ex militares son de especial preocupación, según un informe de HDP. Ese vínculo, admitió la organización, no surgió en el gobierno de Aristide.
Al mismo tiempo que se registra una crisis en torno de la figura de Neptune, la preocupación aumenta porque la Corte Suprema de Justicia de Haití desacreditó el viernes la acusación a Jodel Chamblain, a quien se atribuye el asesinato de al menos 15 resisdentes de la localidad de Raboteau en 1994.
Chamblain, uno de los ex militares que encabezaron la revuelta que acabó con el gobierno de Aristide, estuvo involucrado en otros asesinatos cuando era el número dos de FRAPH, un escuadrón de la muerte que operó en las fuerzas armadas a comienzos de los años 90. Su liberación es, al parecer, inminente.
Mientras, la economía, que recibió una inyección de más de 1.300 millones de dólares de naciones donantes y el Banco Mundial hace un año, sigue estancada. Apenas se han entregado 20 por ciento de los fondos prometidos hasta ahora. (
