Una posible negociación para acabar con la violencia de ETA y la potenciación de los reclamos nacionalistas de catalanes y vascos marcaron el debate parlamentario sobre el primer año de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo más destacado en la sesión iniciada en la víspera y finalizada este jueves fueron las expresiones y frases indirectas de Zapatero y de diputados de otros partidos respecto de un diálogo tras bambalinas o abierto con el grupo terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) para alcanzar la paz.
Ante una dura crítica del presidente de la principal fuerza opositora, el centroderechista Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, quien lo acusó de radical, sectario y traidor a los muertos por el terrorismo, el jefe de gobierno le recordó que ya hubo dos intentos de negociación, en 1989 y 1998.
Al contrario de lo que ocurrió en esas oportunidades, aclaró, él será muy prudente y no levantará falsas expectativas. En 1989, bajo el gobierno de Felipe González (1983-1996), también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sus representantes se reunieron con la dirección de ETA en Argel.
En 1998, gobernando el entonces presidente del PP, José María Aznar, negociaciones similares se hicieron en Suiza. Ambas despertaron grandes expectativas y luego fracasaron ruidosamente, debido a las exigencias políticas de ETA.
En todo caso, Zapatero anticipó que la paz no tendrá precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia, recordó que ETA está más débil que nunca y que se han detenido en los últimos 12 meses 175 personas acusadas de pertenecer a ese grupo terrorista.
ETA sólo tiene un destino: disolverse y deponer las armas. Como presidente del gobierno tengo el deber de trabajar para lograr ese fin, apuntó, aunque luego advirtió que nadie debía hacerse ilusiones, porque la historia del grupo no lo permitía.
La gran diferencia esta vez con las anteriores negociaciones, explicó, si se concretasen, es que el gobierno planteará el asunto en el Congreso para que éste, como representación soberana del pueblo, se informe y decida.
Así como en ningún momento dijo que ya se estuviera negociando y que en las acusaciones Rajoy tampoco se lo dijera expresamente, también la afirmación de que eso ocurre fue hecha indirectamente por varios portavoces parlamentarios.
Quizás el más claro fue Joan Puigcercós, de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), un partido que con sus votos en el Congreso legislativo posibilitó que el PSOE tuviera la mayoría necesaria para proclamar presidente del gobierno a Zapatero.
Dirigiéndose a Zapatero desde la tribuna de oradores, Puigcercós expresó: Me congratula que diga aquí que (à) la política sirve para acabar con el terror. Nos congratula, y se lo decimos francamente: bienvenido al club.
Esa bienvenida se refiere a encuentros que el líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, mantuvo en secreto en Francia con la dirección de ETA y cuya posterior divulgación lo hizo acreedor de duras críticas del PP y de reproches del gobierno español y del PSOE.
En los pasillos del Congreso, hablando con un reducido grupo de periodistas, el dirigente y diputado popular Ángel Acebes manifestó que Zapatero no tiene conversaciones discretas con su partido, pero que le consta que están hablando con ETA.
La posibilidad de dialogar fue apoyada también por los nacionalistas vascos moderados, cuyo portavoz, Josu Erkoreka, expresó que para lograr la pacificación hay que negociar con quien haya que negociar, hablando con quien se tenga que hablar.
Al término del debate, en lo que puede ser una pista para el futuro, Zapatero afirmó que su gobierno está y estará con la inmensa mayoría de los vascos en la búsqueda de la convivencia y del final de la violencia, tengamos que arriesgar lo que tengamos que arriesgar.
En ese camino, todo hace suponer que contará con la oposición del PP, que dio por roto el llamado Pacto Antiterrorista suscripto con el PSOE bajo el gobierno de Aznar, pero que lo apoyarán el resto de las fuerzas políticas.
Es más, el portavoz de la coalición Izquierda Unida (basada en el Partido Comunista), Gaspar Llamazares, propuso que se firme un nuevo pacto, multilateral, en el que participen todos los partidos.
En tanto, la reestructuración del Estado se evidenció como otro tema en el que se encuentran posiciones sumamente enfrentadas.
Por un lado están los gobiernos del País Vasco y de Cataluña, dos de las 17 comunidades autónomas que integran España, que plantean una modificación de sus Estatutos Autonómicos (una especie de constitución) para tener más competencias, restándoselas al gobierno central.
Por otro, se encuentran el PP, que es contrario a cualquier cambio en ese sentido, e Izquierda Unida y ERC, que proponen sin vueltas la necesidad de establecer un estado federal español.
Es más, Llamazares llegó a plantear ante la prensa días antes de esta sesión parlamentaria que está a favor no sólo de un estado federal sino también de la República, lo que significaría terminar con el régimen monárquico.
Los nacionalistas catalanes y vascos, entre otras reclamaciones, hicieron la de que el gobierno central transfiera a sus autonomías los fondos y la administración de la seguridad social, lo que rompería la caja única que existe en la actualidad para las jubilaciones, pensiones y sanidad.
Zapatero se opone a esa transferencia, pues considera que la caja única es el principal instrumento de garantía de la solidaridad en el Estado y para cada uno de los pensionistas de este país.
Erkoreka no vaciló en afirmar que, pese a las duras palabras intercambiadas entre Zapatero y Rajoy, entre el PP y el PSOE existe unidad en lo referente al nervio patriótico (español).
Porque, añadió, El PP nunca falla en el cierre de filas contra el resto de los grupos cuando plantean iniciativas que superan la línea roja de la ortodoxia patriótica.
Ante las demandas de mayor autonomía financiera, Zapatero se manifestó dispuesto a apoyar la reforma de los Estatutos Autonómicos, siempre y cuando sean aprobados por mayoría absoluta por los respectivos parlamentos autónomos y por el Congreso central, con el debido respeto a la Constitución española.
También dijo que aceptaría negociar un nuevo modelo de financiación, pero que no se haría con cada una de las Comunidades Autónomas, sino que deberá ser un proceso multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con la correspondiente reforma legislativa el año próximo.
Zapatero recordó que la Constitución acoge el principio de garantizar que el gobierno de la nación está en condiciones de desempeñar, con rigor y calidad, las funciones superiores que el texto constitucional a él y sólo a él le encomienda
Ellas son las que se identifican con el concepto mismo del Estado y las que le permiten asegurar la igualdad, la cohesión y la solidaridad entre los españoles, por lo que le corresponde la capacidad de dictar bases sobre las materias que la Constitución así le atribuye, detalló.
Para abordar ese tema, Zapatero convocará a fines de junio una reunión con los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas, contrariando así al gobierno del País Vasco, a cargo de una coalición nacionalista moderada, y de Cataluña, encabezado por el PSOE con el apoyo de Izquierda Republicana de Cataluña.
Mientras, los nacionalistas catalanes y vascos insisten en que sus propios parlamentos son los que aprobarán los estatutos y siguen exigiendo la negociación bilateral de cada una de esas Comunidades con el gobierno central.
