El nacionalismo moderado del País Vasco quedó en la disyuntiva de pactar con los socialistas o con los legisladores apoyados por la rama política del grupo terrorista ETA, tras fracasar este lunes la designación del presidente del parlamento autonómico.
Tanto ese fracaso, como los atentados de ETA y la ruptura del pacto antiterrorista entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el centroderechista Partido Popular (PP) ponen en riesgo la estrategia de paz expuesta la semana pasada en el Congreso de España por el presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras se realizaba la sesión de las votaciones que concluyeron con un empate reiterado entre el nacionalista moderado Juan María Atutxa y el socialista Miguel Buen, en los pasillos de la sede del Parlamento Vasco resonaban los ecos de cuatro atentados con bomba perpetrados el domingo por ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en lengua vasca).
Las bombas estallaron en cuatro empresas ubicadas en la provincia vasca de Guipúzcoa, sin provocar muertos pero sí tres heridos, dos de ellos agentes de la policía autónoma vasca y el tercero un guardia de seguridad privado.
Fuentes de los gobiernos central y autonómico atribuyeron el atentado al objetivo etarra de amedrentar a los empresarios y obligarlos a dar dinero a favor de la liberación de Euskal Herría (País Vasco, en vascuence), como consignó ETA en un comunicado tras realizar acciones similares el ocho de enero.
El Círculo de Empresarios Vascos reaccionó calificando de puramente mafioso y delictivo el proceder del grupo y de sus cómplices sociales y políticos que la respaldan.
La Confebask, una entidad que agrupa a empresas del País Vasco, señaló en un comunicado que estos atentados ensombrecen las esperanzas que vienen depositando el conjunto de los ciudadanos vascos en el fin de la violencia.
Esta advertencia de la Confebask apunta a un tema que preocupa a todos los partidos políticos aunque desde distintas ópticas: la resolución sobre la propuesta para la lucha contra el terrorismo, que prevé una negociación con ETA, presentada el viernes por el gobernante PSOE y que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, en Madrid.
En la votación para elegir al presidente del Parlamento Vasco, el candidato a la reelección Atutxa, recibió 33 adhesiones, 32 de ellos de la coalición gobernante integrada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), su escisión Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida, coalición basada en el Partido Comunista.
El restante voto para Atutxa provino de Aralar, una escisión de Batasuna, la ilegalizada rama política de ETA, de la que se separó por no apoyar la violencia.
Por su parte, Buen, el candidato socialista, también obtuvo 33 votos, 18 de los cuales fueron de su propio partido y 15 del PP.
La clave del empate está en los votos en blanco de los nueve diputados del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que según expertos fueron elegidos con los votos que en el pasado recibió Batasuna.
El PCTV (EHAK, por sus siglas en idioma vasco), inscripto en 2002 pero que saltó a la palestra en 2005 tras confirmar el Tribunal Constitucional la prohibición para presentarse de los candidatos proetarras, pone como condición para apoyar al nacionalismo moderado que no sea Atutxa el candidato y que se negocie la participación de sus representantes en la Mesa del Congreso.
Atutxa fue consejero (ministro) del Interior del gobierno vasco de 1998 a 2001, desde el que se caracterizó por la prevención e investigación de los atentados etarras y la represión de los autores de esos delitos. Esa actividad le fue reconocida, incluso con premios otorgados conjuntamente a él y al entonces ministro del Interior de España, Jaime Mayor Oreja, del PP.
El PNV aclaró este lunes que mantendrá la candidatura de Atutxa, a la par de que el PCTV reiteraba que no votará a favor suyo y que lo hará en blanco. Si se mantuvieran esas posiciones volverían a empatar los dos candidatos, con un gran problema por delante ya que el reglamento del Parlamento no prevé solución para resolver los empates, como no sea volver a votar.
Ante esa situación, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, destacó la necesidad de que se llegue a un consenso, en tanto que el portavoz de ese partido en el País Vasco, Rodolfo Ares, emplazó solemnemente al PNV para que dialogue en busca de una Mesa que represente a todos y sea fruto del consenso.
Sobre los atentados, la posición del PP se centró en criticar al gobierno por haber abandonado la vía de la derrota policial de ETA, afirmación que su secretario general, Ángel Acebes, sustentó en que Zapatero al hablar el domingo en un acto preelectoral en Galicia no se refirió a los atentados. Ni siquiera se condena a la banda terrorista, afirmó el dirigente del PP.
Sin embargo el ministro del Interior, José Antonio Alonso, condenó los atentados y subrayó que no se cederá ante quienes persiguen imponer sus objetivos haciendo uso de la violencia y el terror.
Por otro lado, el portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, también los condenó y aclaró que esos atentados no echan por tierra la resolución sobre la lucha contra el terrorismo que se votará el martes en el Congreso y que plantea la posibilidad de dialogar con ETA si el grupo abandona previamente la violencia.
Porque, subrayó, sólo se podrá hablar con quien deje las armas.. Esa resolución cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP, lo que le augura un rotundo triunfo al PSOE.
La posibilidad de negociar después de que ETA aceptase el fin de la violencia se la planteó al gobierno al comprobar la debilidad operativa de ETA, evidenciada en la continuada detención de sus dirigentes, descubrimiento de depósitos clandestinos de explosivos y documentos, así como en la disminución de sus atentados. De hecho los del domingo fueron los únicos de los últimos tres meses.
Pero estos atentados y la posición del PCTV hizo traer a la memoria de los políticos una entrevista a la dirección de ETA publicada en el diario Berria el 2 de abril.
En esa nota el grupo planteó la exigencia de compensaciones políticas para renunciar al terrorismo y entre otras la autodeterminación del País Vasco, la incorporación al mismo de Navarra y la salida de todas las fuerzas de seguridad de esa región, entre ellas la militarizada Guardia Civil y la Policía Nacional Española.
Uno de los entrevistados aludió a conversaciones a dos mesas. En una se discutirían los acuerdos políticos y, si lograse un acuerdo, después discutirían con el gobierno de Zapatero sobre la renuncia a las armas.
En caso de mantener ETA esa posición, el gobierno reiteró que no habrá ninguna negociación, ya que la primera condición que pone es una renuncia expresa y concreta al uso de la violencia.
La no ilegalización del PCTV le permitiría a los partidarios de ETA actuar libremente en el terreno político y en la eventual negociación con el gobierno de Madrid, lo que se pondría sobre la mesa es la situación de los presos y exiliados etarras.
Fuentes socialistas admitieron que se estudiaría la libertad y el regreso escalonado de los mismos, pero siempre partiendo del abandono total y definitivo de la violencia.
