Al menos 50 personas de la minoría árabe en Irán murieron en la represión de las protestas registradas en abril en la sudoccidental provincia de Khuzestán, aseguró la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El informe trascendió este martes, mientras crece la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen iraní, que sigue al pie de la letra desde 1979 las normas del Islam chiita, contrapuesto al chiita, mayoritario en el mundo árabe. La población de Irán es fundamentalmente persa.
HRW exigió a Teherán que admita la presencia en Khuzestán, en la frontera con Iraq, de periodistas independientes y observadores de derechos humanos.
La organización con sede en Nueva York también reclamó la inmediata liberación del periodista iraní de ascendencia árabe Yusuf Azizi Banitaraf.
El periodista fue arrestado en Teherán el 25 de abril, en una conferencia de prensa convocada por el independiente Centro para la Defensa de los Derechos Humanos para llamar la atención por los abusos oficiales en Khuzestán.
Las autoridades iraníes han mostrado otra vez su disposición a silenciar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos, indicó la División de Medio Oriente de HRW. Tenemos información seria de que el gobierno utilizó fuerza letal, arrestos arbitrarios y tortura en Khuzestán.
La violencia se ha concentrado en la capital de la provincia, Ahwaz, pero se propagó a otros poblados. La represión se desató el 15 de abril y continuó durante toda la semana siguiente.
Como la provincia estuvo cerrada, los medios de prensa extranjeros, organizaciones de derechos humanos y otros observadores dependieron para su trabajo de informes del gobierno y de residentes.
Las protestas comenzaron por la circulación de una carta al parecer escrita hace siete años y atribuida al entonces vicepresidente Mohammad Alí Abtahi, en la cual se exhortaba al desplazamiento de los árabes de esa región, rica en petróleo y gas, y el asentamiento allí de persas.
Tanto el gobierno como Abtahi aseguran que la carta es una falsificación.
Según diversos informes, los manifestantes, cerca de 400 de los cuales fueron arrestados, saquearon edificios del gobierno y estaciones de policía e iniciaron incendios. Sitios opositores en Internet afirmaron que 160 personas murieron en los incidentes, pero el gobierno ha insistido en que fueron solo cinco.
Hubo unos 1.200 arrestos, según fuentes locales de HRW.
Teherán atribuyó los disturbios a extranjeros e hipócritas, en referencia a la organización insurgente Mujahidin-e-Khalq (MEK), sostenida por el detenido presidente iraquí Saddam Hussein hasta su detención hace dos años. El vínculo de este grupo con las fuerzas de ocupación estadounidenses en Iraq es ambigua.
Expertos regionales indican que los árabes de Khuzestán tienen razones para estar molestos con el gobierno central. Pero la proximidad de la provincia con Iraq y la creciente tensión entre Irán y Estados Unidos agregan combustible al fuego.
La velocidad con que el gobierno de George W. Bush condenó la represión iraní ayuda a consolidar esa percepción.
Desde nuestro punto de vista, esta inquietud y estos arrestos tienen que ver con la negación de los derechos de las minorías en Irán, dijo en su momento el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) Adam Ereli.
La supresión de los derechos de las minorías debe, obviamente, ser denunciado, agregó.
Washington, que aún no adoptó formalmente el cambio de régimen como su política oficial hacia Irán, está cada vez más convencido —a pesar de las gestiones de Alemania, Francia y Gran Bretaña— de que Teherán está decidido a adquirir armas nucleares, eventualidad a la que Bush considera inaceptable.
El pesimismo respecto de las negociaciones entre Irán y los países europeos y ante las dificultades de imponer sanciones desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevaron al gobierno de Bush a considerar ataques militares contra blancos considerados de relevancia nuclear para Teherán.
La revista New Yorker informó el año pasado que Estados Unidos había infiltrado guerrilleros del MEK en Irán para ubicar esas instalaciones con miras a un ataque.
Una operación de tal calibre sería una opción de alto riesgo, y contraproducente, pues desataría una ola de apoyo al régimen islámico, sostuvo el propio Richard Perle, un halcón neoconservador cercano al vicepresidente Dick Cheney y al secretario (ministro) de Defensa Donald Rumsfeld.
El ala neoconservadora del gobierno se inclina por alentar un cambio de régimen, y confía en que es posible apuntalar un movimiento prodemocrático similar al sindicato Solidaridad, factotum de la caída del comunismo en Polonia, o a la Revolución Naranja de Ucrania, triunfante el año pasado.
El Congreso legislativo estadounidense ya asignó varios millones de dólares con ese fin, y el Departamento de Estado comenzó la semana pasada a recibir propuestas y solicitudes de organizaciones que emplearían ese dinero.
Sectores de línea aun más dura dentro del gobierno estadounidense proponen acciones encubiertas con un respaldo más activo del MEK, y promovidas por disturbios a cargo de comunidades minoritarias encubiertas que constituyen la mitad de los 70 millones de habitantes de Irán.
Entre éstas figuran los árabes de Khuzestán, los turcomanos del noreste, los tayikos a lo largo de la frontera con Afganistán, los baluchistanos de la frontera con Pakistán, los azeríes y kurdos del noroeste y los árabes awazi.
Además de en Khuzestán, ya se han registrado disturbios en Baluchistán y en el Kurdistán iraní.
Los árabes de Khuzestán constituyen hoy, tras una fuerte inmigración persa, la mitad de la población de la provincia, pero sufren dificultades económicas, desempleo desproporcionado y discriminación. (
