Unos 400 jóvenes marginados podrían pasar en prisión hasta cuatro años en Cuba, como parte de una denominada operación contención, advirtió este lunes la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
En un comunicado, esa organización ilegal aunque tolerada por las autoridades, señaló que los arrestos son producto de redadas policiales realizadas desde mediados de enero hasta principios de abril entre personas cuya edad promedio es 18 años y que residen en su mayoría en La Habana.
Según la fuente, los encarcelados fueron internados en prisiones de alta seguridad, principalmente en el Combinado del Este, donde el 15 de abril se encontraban 323 de esos jóvenes en los pisos 3 y 4 del edificio 3 de esa prisión capitalina.
Todos ellos fueron aterrorizados al presenciar los amotinamientos ocurridos en ese penal los días 19 de marzo y 5 de abril, con el resultado de varios presos muertos y decenas de heridos, detalló la declaración firmada por los observadores de derechos humanos Carlos Menéndez y Elizardo Sánchez.
La entidad opositora que encabeza Sánchez había dicho en otro comunicado que durante esos amotinamientos, sobre los cuales se carece de informes oficiales, murieron al menos tres presos que se negaron a secundar a los amotinados.
Nuestra Comisión considera que todas las personas encarceladas debido a la llamada peligrosidad predelictiva son jurídicamente inocentes, debido a que no han cometido delito específico y probado bajo el principio del debido proceso y por ellos reclamamos su inmediata excarcelación, señalo el comunicado.
A juicio de la fuente, las redadas devinieron en una verdadera e inaceptable operación de limpieza social que le ha arrebatado la libertad a centenares de adolescentes y jóvenes. Empero, en su comunicado sólo identifica, con nombres y domicilios, a 57 encarcelados.
El Código Penal de Cuba establece penas de uno a cuatro años de prisión para los condenados en el marco de las llamadas medidas de seguridad predelictiva, que sería lo aplicado a estos arrestados.
Las autoridades raramente reaccionan ante estas informaciones, que consideran parte de las campañas destinadas a desacreditar a la revolución. A la vez, califican invariablemente de mercenarios al servicio de Washington a miembros de las oposición interna que difunden tales noticias.
En tanto, vecinos del popular municipio habanero de la Lisa comentaron a IPS que la policía detuvo allí, en los primeros meses del año, a algunos jóvenes que no estudian ni trabajan. Son muchachos que se pasan el día en la calle y no tienen quién los oriente, dijo María Mercedes, quien se quejó de la falta de trabajo social en su barrio.
La mujer dijo saber que en otros lugares de la capital hay trabajadores sociales que ayudan a los descarriados y muchos dejaron de andar en la calle robando o detrás de los turistas para ganarse los chavitos (denominación popular del peso convertible que actualmente circula en lugar del dólar estadounidense).
Una investigación realizada entre jóvenes reclusos, citada por la cancillería en el libro Cuba y los Derechos Humanos divulgado en marzo pasado, arrojó que 58 por ciento de los encuestados comenzó a delinquir entre los 16 y 20 años y más de 64 por ciento se hallaba desvinculado del estudio y trabajo.
El estudio evidenció, además, el bajo nivel cultural prevaleciente en la mayoría del sector juvenil de las prisiones cubanas y que apenas dos por ciento de ellos contaban con alguno de sus padres con nivel universitario.
Según el texto, esa investigación permitió caracterizar al tipo de jóvenes cuyo futuro podía terminar en una prisión y dio pie a la iniciativa de formar trabajadores sociales para laborar en la reinserción social de ese sector juvenil marginado. Desde 2000 se capacitaron 21.215 trabajadores sociales en todo el país.
Otra investigación efectuada por los primeros egresados de esa nueva profesión en 2000 en La Habana, que tiene 2,2 millones de habitantes, reflejó que 70 por ciento de los jóvenes sin trabajo ni estudio eran hijos de padres divorciados y carecían de atención familiar.
En tanto, 19 por ciento había sido criado por un tercer familiar, en vez del padre o la madre, y 16,6 por ciento de las muchachas habían abandonado los estudios como resultado de embarazo precoz y sólo 2,2 por ciento procedía de familias donde alguno de los padres tenía nivel universitario.
La caracterización social de este grupo de jóvenes desvinculados era muy similar a la de los jóvenes que estaban en prisión y se confirmó el perfil de aquellos más propensos a delinquir y terminar recluidos en un centro penitenciario, indicó el documento oficial.
Una serie de programas sociales de desarrollo puestos en marcha por el gobierno de Fidel Castro en los últimos años incluyen los cursos de superación integral para jóvenes de 17 a 30 años con noveno año de enseñanza básica aprobado, pero sin vínculo laboral o estudiantil, iniciados hace tres años.
La matrícula de esos cursos en 2004 llegó a más de 150.000 estudiantes y más de 48.000 egresados cursan hoy diferentes carreras universitarias con resultados altamente positivos, aseguró el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores en sus acápites dedicados al sistema penitenciario cubano.
