El gobierno de México impuso una multa de más de 250 millones de dólares a ex funcionarios de la petrolera estatal Pemex que desviaron dinero público a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000, pero siguen impunes los dirigentes sindicales que ayudaron a traspasar los fondos.
El ahora opositor PRI, que gobernó desde 1929 a 2000, consideró la inusitada multa, anunciada el martes, como un ataque artero del presidente Vicente Fox destinado a desviar la atención pública de las acusaciones de corrupción contra los hijos de su esposa Marta Sahagún.
Tras una investigación administrativa, la Secretaría (ministerio) de Función Pública concluyó que los convenios laborales suscritos en 2000 entre Pemex y el sindicato de la compañía, a través de los cuales la empresa entregó unos 129 millones de dólares, fueron artificios para desviar ese dinero a la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida.
A los sancionados también se les impusieron prohibiciones de entre cinco y 20 años para ejercer cargos públicos.
La sanción pierde fuerza, pues no dice nada de los dirigentes sindicales que recibieron el dinero y lo desviaron, para ellos no hay pena, sólo una impunidad convenida, dijo a IPS el politólogo Mauricio Lara.
Mientras tanto, el caso avanza muy lentamente desde 2001 en tribunales que investigan a algunos de los dirigentes sindicales que cedieron los fondos al PRI. Sin embargo, la justicia no puede actuar contra aquellos que se amparan en fueros parlamentarios.
Ricardo Aldana, dirigente del sindicato de Pemex, ex diputado y ahora senador del PRI, fue directamente señalado como involucrado en el Pemexgate. Pero no prosperaron los pedidos para suspender sus fueros y habilitar su enjuiciamiento, entre otros motivos porque el gobernante Partido Acción Nacional no los apoyó.
El secretario general del sindicato, Carlos Romero, ex diputado del PRI, fue también imputado por el desvío de fondos, pero no ha recibido ninguna sanción.
Romero es una figura pública conocida por su gusto por los trajes elegantes y los automóviles de lujo, una característica que comparten muchos sindicalistas vinculados al PRI.
La diferencia de trato fue atribuida por Lara al conveniente matrimonio que Fox decidió mantener durante su gestión con sindicatos influyentes, un tipo de vínculo heredado de los gobiernos del PRI que el presidente había prometido liquidar cuando era candidato.
En 2003, el Instituto Federal Electoral había multado al PRI por el equivalente a 100 millones de dólares por no declarar el ingreso del dinero desviado desde Pemex a la campaña de Labastida.
María de los Ángeles Moreno, líder del PRI en la capital, opinó que las sanciones son extemporáneas y buscan desviar la atención de otros asuntos, como las acusaciones divulgadas en un libro de la periodista argentina Olga Wornat, contra los hijos del primer matrimonio de Sahagún, la esposa de Fox.
El caso, por el que Sahagún y otros implicados interpusieron demandas por difamación contra Wornat, mereció la formación de una comisión legislativa para investigar los negocios de los hijos de la esposa del mandatario.
Es posible que se quiera desviar la atención, pues genera sospecha que el caso de Pemex regrese a escena luego de que parecía enterrado, aunque con el cuidado de no mencionar a los sindicalistas, apuntó Lara.
Parte del poder y de la estabilidad política de los gobiernos del PRI dependieron de su alianza con sindicatos del sector público y privado y con organizaciones de docentes, campesinos y vecindarios, en una relación de carácter corporativo.
Como candidato, Fox prometió acabar con la relación viciada entre el gobierno y los sindicatos, combatir la corrupción sindical y los privilegios de algunos dirigentes. Pero como gobernante no alteró esas condiciones, lo que le reportó bajos grados de conflictividad laboral.
La dirigencia de la poderosa Confederación de Trabajadores de México, vinculada al PRI, amenazó con realizar una huelga general, la primera de su historia, si Fox ganaba la presidencia.
Pero ni uno ni otros cumplieron sus promesas.
El primer presidente ajeno al PRI en siete décadas optó por la coexistencia, y lo mismo hicieron los sindicatos con el gobierno, dijo Álvaro Ríos, investigador de temas laborales en la Universidad de La Salle.
Hay una actitud poco coherente del gobierno en el caso de Pemex, y todo es por conveniencia política, coincidió Alfonso Zárate, director del no gubernamental Grupo Consultor Interdisciplinario.
Fox prefirió adular a los sindicatos en vez de generar conflictos, pero en los hechos lo que hizo fue dejar el manto de la impunidad y la sospecha que cubre al antiguo corporativismo del PRI, sostuvo el politólogo Lara.
