COOPERACIÓN: Alianza de civilizaciones contra pobreza y hambre

Las metas del milenio para abatir la pobreza extrema y el hambre en el mundo deberían estar en el marco de una gran alianza de civilizaciones, religiones y culturas, según Juan Pablo de Laiglesia, secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

De Laiglesia cree que las grandes religiones, materia en la cual reconoce no ser experto, buscan dar respuestas, aunque sea desde distintas ópticas, a las ansias de esperanza, progreso y a la búsqueda de un futuro más estable para toda la humanidad.

La alianza de civilizaciones, recordó De Laiglesia a IPS, fue propuesta por el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, al asumir su cargo hace un año, cuando el país acababa de ser golpeado por el atentado terrorista del 11 de marzo en Madrid.

El terrorismo, añadió, ”tiene, entre otros elementos, unas raíces en la pobreza, la exclusión y la intolerancia”.

Por ello considera que ”la cooperación para el desarrollo contribuye a alejar ese peligro, porque presta una contribución importante para reducir las exclusiones, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y favorecer la tolerancia y el desarrollo”.

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea General de 2000, figura reducir para 2015 a la mitad la población en extrema pobreza y hambrienta del mundo respecto de 1990, y lograr la enseñanza primaria universal.

También se adoptó el compromiso de reducir dos tercios la mortalidad de niños menores de 5 años y tres cuartos la materna, así como promover la equidad de género, revertir las epidemias de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar la asociación de países para el desarrollo.

Ante la pregunta de si la pobreza y la exclusión justifican el terrorismo, De Laiglesia contestó con contundencia que no. ”No tiene ninguna justificación, pero los responsables políticos y administrativos tenemos la obligación de analizar en el espectro más amplio todas las posibles acciones para combatirlo”, sostuvo.

Aclaró que es ”para entender, no para justificar, el porqué se producen este tipo de acciones violentas y sin sentido. No es una justificación, sino una explicación de cual puede ser el caldo de cultivo en el que las organizaciones terroristas encuentran un medio para desarrollarse”, añadió.

En ese panorama, ”la cooperación al desarrollo contra la pobreza y la exclusión es un instrumento de seguridad colectiva”.

”La AECI se guía por las necesidades objetivas de los sectores desfavorecidos, sin exclusiones políticas. Lo que fuerza la situación de algunos países es que recurramos a unos u otros instrumentos, que estemos presentes con cooperantes y voluntarios o tengamos que recurrir a una presencia de distinto signo”.

Esa distinción hace que España, ”en sintonía con organismos internacionales, como en Haití o dentro de unos meses en Afganistán, deba realizar una acción de desarrollo con una cobertura avalada por la comunidad internacional y en especial por la ONU, con una presencia militar que proporcione un marco de seguridad para la acción de los cooperantes”..

De Laiglesia asumió su cargo en julio de 2004, tras reiterar Zapatero su compromiso de aumentar la cooperación al desarrollo. El nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español, subrayó el secretario general de la AECI, puso énfasis en el multinacionalismo que debe tener la cooperación..

”En el primer presupuesto (2005), el cambio ya es sustancial, pues hemos más que duplicado la aportación a la cooperación a través de organismos internacionales y pasaremos de hacerlo con tres o cuatro a más de una veintena”

”En nuestro objetivo está no sólo llegar a más escenarios y atender necesidades con un criterio más abierto, sino también fortalecer una estructura multilateral que juega un papel fundamental en la escena internacional”.

En principio el presupuesto anual para colaborar con esos organismos internacionales pasó de 13 millones de euros (16,8 millones de dólares) a 32 millones (41,5 millones).

¿Ha cambiado, o debe cambiar, el papel de las organizaciones no gubernamentales en la nueva estrategia española de cooperación?, se le preguntó. A lo que respondió que la situación bajo el gobierno del centroderechista José María Aznar (1996-2004) ”era de absoluta incomunicación entre la administración, la AECI y la Secretaría de Estado (de cooperación) y los grupos de la sociedad civil.

Las organizaciones no gubernamentales, según De Laiglesia y portavoces de las mismas, fueron relegadas en el período de Aznar a un segundo plano en los órganos consultivos en los que estaban integradas.

”Nosotros hemos recuperado ese diálogo con las organizaciones civiles, integradas ahora en el Consejo de Cooperación, cuya reforma para darle más autoridad se hizo con todos los participantes y demostró ser enormemente eficaz e instrumental en la recuperación del diálogo y en la aprobación del plan director de cooperación”, indicó el funcionario.

Esa incorporación y debate fue apreciada positivamente por las organizaciones no gubernamentales. Pero ¿se mantendrá en el futuro o ya basta con haber participado en la elaboración del plan?

De Laiglesia afirmó que ”se mantendrá, porque esta es una seña de identidad del nuevo equipo y las instrucciones del gobierno son muy claras: todo es susceptible de concertación, no cabe el unilateralismo, porque la política de cooperación debe ser pública, de consenso o en la que todos los actores la sintamos como propia”.

Cuando se habla de cooperación, se suele considerar como tal a la asistencia social. Por eso, sin dejar de lado la asistencia cuando sea necesaria, hay que dar un mayor impulso a programas que impulsen verdaderamente el desarrollo, creando y fortaleciendo tejidos sociales.

España se ha sumado al grupo de buenas prácticas de donantes y acción humanitaria, que debe basarse en la confianza y en la complementariedad. ”De manera que allí donde la acción del Estado se haga sentir a través de programas bilaterales puedan ser complementados por otros desarrollados por la sociedad civil y los organismos internacionales en un contexto coherente”.

En ese plano, la AECI está apoyando los programas de microcréditos, acompañándolos de asistencias técnicas que permitan garantizar el paso de ese tipo de financiamiento y de la microempresa a la estabilidad, a la formalidad de esta actividad económica y a la sustentabilidad en un tejido estable y autosostenible.

El secretario general de la AECI presenta como un ejemplo de esa tarea la que se está realizando en Haití, ”que no estaba en el horizonte de la cooperación española”.

Ahora, tras la crisis que provocó la destitución en febrero de 2004 del presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, la Comunidad Iberoamericana ”está asumiendo una gran parte de responsabilidad, ya que la mayoría de las fuerzas de pacificación son de los países de este bloque”.

”En Haití, encontramos todas las vulnerabilidades a las que hay que hacer frente para pasar de una situación de caos e inestabilidad, de ser uno de los menos adelantados del mundo y con el índice de desarrollo humano más bajo (está en el lugar153), a uno en el que no solamente se impulse el desarrollo económico, sino el fortalecimiento institucional”, señaló De Laiglesia.

Un fortalecimiento que incluye ”la creación de las capacidades para desarrollar políticas públicas en todos los terrenos, desde la seguridad hasta la enseñanza, pasando por la salud y la ordenación del territorio, con un amplio abanico de actuación y una implicación decisiva de la sociedad civil”.

Por eso ”Haití es para nosotros un país, no sólo prioritario, sino símbolo de una nueva manera de hacer cooperación, y de cooperar entre los países iberoamericanos para asegurar la seguridad y el desarrollo en nuestra comunidad”, apuntó.

En la última Cumbre Iberoamericana, realizada en noviembre de 2004 en San José de Costa Rica, se aprobó un programa para el canje de deuda por educación.

También la AECI suscribió a fines de marzo el acta final por la cual se canjearán 50 millones de dólares de la deuda de Ecuador con España, para aplicar ese importe a proyectos de educación en ese país.

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