Las cadenas de radio y televisión estatales en países de Occidente están bajo creciente presión del poder político, que barre con la imparcialidad y pone en riesgo el futuro de esos medios, en algunos casos.
Las presiones son más visibles en Italia. El duopolio de empresas periodísticas públicas y privadas otorgó a (el primer ministro Silvio) Berlusconi el monopolio de la televisión, dijo a IPS el periodista Marco Travaglio.
Desde su elección en 2001, Berlusconi controla casi todos los canales nacionales de televisión: como propietario de Grupo Mediaset, está a cargo de tres de los cuatro canales privados (Rete 4, Canale 5 e Italia 1), y como gobernante controla los tres canales públicos (RAI 1, 2 y 3).
Este monopolio no sólo es una gran amenaza para la democracia italiana, sino también es ilegal, según las leyes nacionales, afirmó Travaglio, autor del libro Régimen, que analiza el estado de la televisión pública bajo Berlusconi.
Varias sentencias de tribunales constitucionales y una ley aprobada en 1957 establecen que ningún contratista de televisión puede ser elegido para un cargo público. Pero normas adoptadas durante el gobierno de Berlusconi le permiten ser primer ministro y a la vez el principal accionista de Mediaset (a cuya presidencia renunció), explicó Travaglio.
Los medios deben vigilar a los partidos políticos, no a la inversa. En Italia, esa relación se ha invertido: el parlamento, mediante una comisión, controla a la RAI, observó.
El control de la televisión pública en Italia estaba antes dividido entre las principales fuerzas políticas. Cada uno de los tres canales de la RAI representaba un punto de vista político diferente.
Pero Berlusconi logró dirigir los tres canales públicos mediante una estrategia de despidos de figuras clave (incluso los respetados periodistas Enzo Biagi, Michele Santoro, Daniele Luttazzi, y Massimo Fini) que creó un ambiente de censura, dijo Travaglio.
Tenemos seis canales que hacen la misma cosa. La televisión comercial, que antes era una alternativa a la televisión pública, ahora se convirtió en el modelo dominante, dijo Travaglio.
El debate continúa, pero no hay más iniciativas en el parlamento para cambiar esta situación.
La independencia política de las emisoras públicas parece también estar amenazada en Estados Unidos.
De los ocho miembros de la junta de directores de la Corporación para la Radiodifusión Pública estadounidense (CPB, por sus siglas en inglés), seis pertenecen al gobernante Partido Republicano, incluyendo a su presidente, Kenneth Y. Tomlinson.
No es sorprendente, por tanto, que Tomlinson critique la tendencia liberal de la radiodifusión pública.
La CPB financia varias estaciones de radio y televisión públicas con fondos estatales. Fue creada por el Congreso legislativo en 1967 para garantizar la independencia editorial de las emisoras públicas. Su presupuesto para este año supera los 386 millones de dólares.
Tomlinson designó semanas atrás a un equipo especial para investigar lo que considera una tendencia liberal en algunos medios financiados por la CPB.
La misma medida tomó el año pasado contra un programa de televisión que era crítico del gobierno de George W. Bush, que acabó quitado del aire. En su lugar, Tomlinson puso un nuevo programa conducido por Paul Grigot, editor de la conservadora página editorial del diario The Wall Street Journal.
Los fuertes vínculos de Tomlinson con los republicanos quedaron en claro cuando logró que Carl Rove, asesor de Bush, lanzara una campaña para dejar sin efecto una iniciativa legislativa para aumentar el número de representantes en la junta de la CPB.
En una reunión con miembros de la Asociación de Estaciones Públicas de Televisión y autoridades de la CPB realizada en noviembre, Tomlinson sostuvo que las emisoras debían reflejar mejor el mandato de Bush, aunque, tras ser citado por la prensa, aclaró que se trató de una broma.
Mientras, en España hay un acalorado debate sobre la reforma de la compañía estatal Radio Televisión Española (RTVE), a partir de un polémico informe elaborado por un comité de cinco intelectuales.
No nos habían dicho que teníamos que resolver un problema financiero, algunos esperaban que nuestro informe fuera un pretexto para privatizar parte de RTVE, dijo a IPS desde Madrid el filósofo Fernando Savater, uno de los cinco sabios que trabajaron durante nueve meses.
El comité se disolvió en marzo, luego de proponer que el Estado absorbiera un enorme déficit equivalente a 7.000 millones de dólares, recortara los espacios de publicidad y elevara los subsidios de cinco a 50 por ciento del presupuesto.
Los intelectuales recomendaron asimismo una administración al estilo de la británica y estatal BBC, a cargo de un consejo independiente con miembros que actúen como garantes del interés público y mantengan distancia de la influencia del gobierno.
Pese a la polémica con la que fueron recibidas las recomendaciones, éstas sirvieron de base para elaborar una reforma legal de RTVE.
En abril, el gobierno sostuvo que la decisión sobre las deudas de la cadena debería esperar a que el parlamento aprobara la reforma.
No será fácil un consenso legislativo, pues el texto no fue siquiera aprobado en forma unánime por los integrantes del comité.
Cuatro de los cinco miembros, incluido Savater, se inclinaron por una fuerte televisión pública financiada por el Estado, y el disidente planteó que el déficit debía enjugarse en parte con la venta de algunas subsidiarias y la reducción de personal. Este punto de vista fue descartado en el documento final.
La idea de reformar la compañía surgió luego de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fuera electo presidente del gobierno en marzo de 2004.
RTVE fue muy criticada por haber repetido sin cuestionamientos la versión del gobierno, entonces presidido por el derechista José María Aznar, sobre la responsabilidad del atentado explosivo en Madrid del 11 de marzo en Madrid (tres días antes de las elecciones) que mató a 192 personas.
De inmediato, el gobierno de Aznar culpó al grupo separatista vasco ETA, a pesar de que las bombas no parecían seguir el patrón de los actos terroristas de esa organización y de las desmentidas del líder del brazo político Batasuna, Arnaldo Otegui.
La decisión de culpar a ETA justificaba la prédica de Aznar contra el terrorismo y su participación en la invasión estadounidense en Iraq, abrumadoramente resistida por la opinión pública de su país, según encuestas.
Apenas después del ataque, la televisión española emitió un documental sobre las víctimas de la ETA, una decisión muy criticada. Familiares de las víctimas dijeron públicamente que se habían sentido usados.
Antes del ataque, encuestas indicaban que el gobernante Partido Popular ganaría un tercer mandato. Una acción violenta de ETA hubiera dado al gobierno más apoyo.
Las investigaciones demostraron pronto que los responsables de los atentados eran extremistas islámicos que condenaban la participación española en la ocupación de Iraq.
Zapatero ganó los comicios tres días después del ataque.
* Con aportes de Francesco Screti.
