El proceso hacia la ratificación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y seis países de América Central y el Caribe, el más controvertido del gobierno de George W. Bush, ingresó esta semana en su fase decisiva.
Legisladores opositores estadounidenses, así como activistas y empresarios de este país y de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, se lanzaron sobre Washington para manifestar sus críticas al tratado.
Eso sucedió después de que los seis presidentes visitaron 10 ciudades estadounidenses en procura de apoyo para el acuerdo. El miércoles, se reunieron con legisladores de este país en el Capitolio, y el jueves, con Bush en la Casa Blanca.
El presidente estadounidense aún debe enviar al Congreso legislativo el tratado, firmado hace un año con los países centroamericanos y luego ampliado a República Dominicana. La ratificación del convenio se aguarda para fines de la primavera boreal.
Bush prometió a sus pares que intensificaría la campaña en ese sentido.
"Les aseguré que me uniré a los esfuerzos por la aprobación de esta ley, que es buena para los países estadounidenses y para Estados Unidos", dijo Bush a la prensa luego de la reunión del jueves.
El acuerdo promoverá el crecimiento económico, elevará los ingresos y promoverá la libertad en una región de interés estratégico para Estados Unidos, aseguró el mandatario.
"El tratado atraerá inversiones a las nuevas democracias centroamericanas. Eso significa buenos empleos y estándares laborales más elevados para sus trabajadores", agregó.
"Al aprobar el tratado, abriremos un mercado de 44 millones de consumidores que ya importan más bienes y servicios nuestros que de Australia o Brasil", sostuvo.
Pero pocos legisladores del opositor Partido Demócrata en la Cámara de Representantes han manifestado su apoyo al pacto, mientras crece la oposición en el Senado por el impacto posible de su aplicación en los sectores azucarero y textil de Estados Unidos.
Los demócratas cuestionan al gobierno por no haber impuesto en la negociación mejores estándares laborales y ambientales a los gobiernos centroamericanos.
"El tratado le dice a esos países con leyes y prácticas inadecuadas que apliquen sus propias leyes" en materia laboral y ambiental, sostuvo el demócrata Sander Levin, portavoz demócrata del subcomité de comercio de la cámara baja.
Pero el gobierno replicó que las previsiones en esas materias siguen las pautas dictadas en 2002 por el propio Congreso, y son tan estrictas como las introducidas en los acuerdos de libre comercio con Marruecos y Jordania, que muchos demócratas respaldaron.
Los demócratas también manifestaron su preocupación porque el convenio hace poco para aliviar, y podría agravar, el déficit comercial estadounidense, que asciende a 617.000 millones de dólares y al abrir el mercado al azúcar y los textiles.
Incluso algunos legisladores del gobernante Partido Republicano consideraron que el tratado podría ser perjudicial para los productores locales por abrir el mercado a textiles, azúcar y cítricos.
Las críticas de organizaciones de la sociedad civil fueron aun más feroces.
Los países centroamericanos y República Dominicana ya son grandes importadores de productos tecnológicos, agrícolas y de materiales para la construcción, papel y derivados, químicos y equipamiento médico y científico desde Estados Unidos.
Si entra en vigor, el acuerdo abolirá de inmediato los aranceles de 80 por ciento de las exportaciones manufacturadas estadounidenses al área, y los del restante 20 por ciento se eliminaría en un plazo de 10 años.
Productores centroamericanos temen que las importaciones desde Estados Unidos inunden sus mercados, en especial las agrícolas, que gozan de un elevado subsidio desde Washington.
El tratado "constituye una serie amenaza para los agricultores de mi país, que no podrán competir con los muy subsidiados productores estadounidenses", dijo en Washington Victorio Valerio, presidente de la federación dominicana de cultivadores de arroz, que reúne a 30.000 personas.
Este tratado fue elaborado a imagen y semejanza del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que desde 1994 liberalizó el intercambio de productos y de servicios entre Canadá, Estados Unidos y México.
En 10 años, este acuerdo no logró mejorar la vida de millones de pobres y ha costado el empleo a miles de trabajadores canadienses y estadounidenses, indican sus críticos.
Organizaciones de la sociedad civil advierten que el convenio también elevará el precio de las medicinas en los países centroamericanos y República Dominicana, que se verán obligados a adoptar nuevas normas en materia de patentes.
Algunos empresarios estadounidenses figuran entre los principales respaldos del tratado. Entre otros, lo aplauden la Coalición de Empresas para el Comercio Estadounidense-Centroamericano, que incluye a firmas com Levi Strauss & Co, Motorola y Wal-Mart.
Este convenio es considerado un paso adelante hacia la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que negocian 34 países, todos los del continente excepto Cuba. (FIN/IPS/traen-mj/em/aa/if dv/05)
