Santofimio, Morena y Durán mataron a Galán, exclamaba la multitud que se agolpaba aquel mediodía del domingo 20 de agosto de 1989 cerca del féretro del carismático candidato del Partido Liberal Colombiano, Luis Carlos Galán, hasta entonces favorito para las elecciones presidenciales de 1990.
El 12 de mayo, el también político liberal Alberto Santofimio fue detenido por la fiscalía, tras ser acusado de haber incitado al extinto narcotraficante Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, a asesinar a Galán.
Pablo, mátalo. Si él es presidente te extradita, había dicho Santofimio a Escobar, según la acusación formulada por un testigo presencial, el sicario y ex secretario personal del jefe narco, John Jairo Velásquez, alias Popeye, quien purga 20 años de prisión desde 1991.
El viernes, Santofimio se declaró inocente de las acusaciones.
Galán tenía como una de sus banderas cumplir con los pedidos de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, principal mercado de la droga colombiana.
Por entonces, los jefes narcos aterrorizaban al país con ataques explosivos y asesinatos, en una campaña destinada a evitar sus extradiciones. Habían formado el grupo Los Extraditables, cuyo lema era Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos.
Santofimio fue ministro de Justicia, senador y presidente de la cámara baja del parlamento. Hasta mediados de los años 90, integró la dirección del Partido Liberal, y aspiró varias veces a la candidatura presidencial.
Desde diciembre de 1995, pasó cuatro años en prisión por aceptar sobornos del cartel de narcotraficantes de Cali, que compraba a políticos y banqueros.
Partidario entusiasta del actual presidente Álvaro Uribe, Santofimio pronunció dos semanas atrás un vibrante discurso a favor de la reelección del mandatario, en presencia del presidente del parlamento, Luis Humberto Gómez.
Galán fue asesinado en plena plaza pública el 18 de agosto de 1989 en Soacha, municipio al sur de Bogotá, frente a miles de manifestantes que lo vitoreaban.
Su familia insistió en que los responsables podían encontrarse en rivales de su propio partido, vinculados al narcotráfico, y en que debía investigarse por qué la Dirección de policía judicial (Dijin) y el servicio de seguridad (DAS) desviaron la pesquisa hacia 17 personas que, a la postre, resultaron inocentes.
Según sus allegados, dos semanas antes de su muerte, Galán supo de una reunión celebrada en meses previos entre Santofimio, un parlamentario de quien Escobar era segundo suplente y un ex banquero al servicio del cartel de Cali, en la que hablaron de la necesidad de eliminarlo.
El jefe de escoltas del DAS fue trasladado semanas antes del atentado, indican esas fuentes. Su reemplazante fue escuchado casualmente cuando sostenía una extraña conversación telefónica en la sede de la campaña, en vísperas del acto en Soacha.
Todo está perfectamente coordinado, en las rutas, en los horarios y en la plaza, oyeron decir al jefe de escoltas, quien no asistió al día siguiente a la manifestación, aunque era su deber. En cambio, desapareció, fue destituido y tiempo después asesinado.
El otro mencionado por el enardecido cortejo fúnebre de Galán era Hernando Durán, también político liberal ya fallecido, quien en su juventud se opuso de manera beligerante en el sur del país al régimen conservador de los años 50, en la primera etapa de una guerra civil que aún perdura.
Durán paulatinamente se plegó a la derecha, dijo a IPS una amiga de Galán. El político, no implicado por las declaraciones de Popeye, había opuesto su precandidatura a la postulación del asesinado.
Según sus partidarios en 1990 se manifestaba a favor del derecho a la autodefensa contra la guerrilla izquierdista (alzada en armas desde hace más de 40 años), en referencia a las milicias paramilitares ilegales.
El último acusado por los dolientes de Galán fue el Morena, por Movimiento de Restauración Nacional, un partido fundado en 1988 por narcotraficantes y paramilitares, y que había adherido a Durán. Su plataforma, calificada por sus críticos como fascista, se oponía a la reforma agraria y a cualquier diálogo con la guerrilla.
Durante su efímera existencia, el Morena fue avalado por un sector del Partido Liberal afín a Santofimio.
Quien apareció públicamente entonces a nombre de Morena, un dirigente liberal llamado Iván Roberto Duque, es hoy portavoz de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el alias de Ernesto Báez.
Desde julio de 2004, las AUC negocian con el gobierno de Uribe las condiciones para su desmovilización. Junto a otros jefes paramilitares, varios de ellos señalados como capos de la droga, Báez permanece en Santa Fe de Ralito, sede de las negociaciones, un santuario de 358 kilómetros cuadrados al noroeste del país.
Sobre la negociación secreta de Ralito se cierne como una espada de Damocles la extradición de varios paramilitares a Estados Unidos, una práctica que se vio fortalecida directamente por el asesinato de Galán. Esa misma noche, en reacción al crimen, el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990) estableció por decreto las extradiciones por vía administrativa.
Ahora, la principal condición de los jefes de las AUC para guardar silencio sobre los civiles que alentaron su formación (ganaderos, comerciantes, industriales y políticos) parece ser una garantía legal permanente de que no serán extraditados, según se desprende de grabaciones de los diálogos de Ralito, publicadas el año pasado por la revista colombiana Semana.
La decisión final sobre un pedido de extradición recae en el presidente. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso —ya desmovilizado, pero reclamado por la justicia estadounidense para juzgarlo por narcotráfico—, tiene en suspenso una orden firmada por Uribe, que se haría efectiva sólo en caso de que aquél retomara las armas.
La extradición también estaría frenando la aprobación parlamentaria del marco legal para la desmovilización de las AUC, exigido nuevamente el sábado en Bogotá por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, al culminar su visita de tres días a Colombia.
El visto bueno de la oficina de Arbour es crucial para que la comunidad internacional provea de recursos adicionales de cooperación civil al gobierno de Uribe, cuya masiva ofensiva contra la guerrilla es criticada internamente por no mostrar resultados, pese al respaldo financiero y militar de Estados Unidos.
El artículo 64 del proyecto de marco legal, denominado por el gobierno de Justicia y Paz, hubiera permitido eludir las extradiciones, al otorgar estatus político a los crímenes de los paramilitares. La ley prohíbe extradiciones por motivos políticos.
Pero el artículo fue rechazado en el debate en comisiones el 11 de abril, y desde entonces, el gobierno no logra poner fin a una súbita pereza legislativa que se apoderó de la bancada oficialista, mayoritaria en el parlamento.
Según Mancuso, treinta y cinco por ciento de los legisladores apoyan al paramilitarismo.
Dieciséis años después de la muerte de Galán, Popeye dijo el 5 de mayo a los fiscales que decidió inculpar a Santofimio porque estaba arrepentido y porque quienes fueron sus principales enemigos están muertos o presos en Estados Unidos, como los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ex jefes del cartel de Cali, extraditados en los últimos meses.
Después de escuchar los descargos de Santofimio, la unidad de derechos humanos de la fiscalía tendrá como plazo esta semana para decidir si mantiene detenido al acusado o lo deja libre. (
