Organizaciones de la sociedad civil impulsan la ampliación de la legislación sobre el libre acceso a la información de los poderes del Estado en Chile, uno de los países peor evaluados en un estudio internacional sobre transparencia.
El no gubernamental Pro Acceso a la Información Pública promueve un proyecto de ley elaborado por entidades ciudadanas, que plantea crear un ente autónomo encargado de la defensa del derecho a la información.
La iniciativa postula también que se consideren públicos los documentos en manos de los poderes Judicial y Legislativo, de las empresas con participación del Estado y los contratos de privados con el Fisco.
El abogado Juan Pablo Olmedo, presidente de Pro Acceso, dijo a IPS que interesa fomentar una cultura de la transparencia y, siguiendo la legislación comparada en países como México, Gran Bretaña, Nueva Zelandia y Australia, proponemos la creación de una institucionalidad activa, llámense oficiales o comisionados de acceso a la información, que se traduzcan en autoridades independientes y autónomas.
El objetivo de la ley es promover, al interior de la administración, la implementación de códigos de ética y buenas prácticas en materia de acceso a información y colaborar con la ciudadanía en requerimientos particulares de acceso.
Asimismo permitirá incluso concurrir a los tribunales de justicia cuando haya negativa infundada por parte de los servicios públicos y los órganos del Estado en la entrega de información a la ciudadanía, explicó Olmedo.
La iniciativa de la sociedad civil busca perfeccionar un proyecto de ley sobre acceso a la información patrocinado por los senadores Hernán Larraín, de la opositora y derechista Unión Demócrata Independiente, y Jaime Gazmuri, del Partido Socialista, miembro de la gobernante coalición de centroizquierda.
La Ley de Probidad Administrativa de 1999 consagró el derecho de todo ciudadano de concurrir a un servicio público y solicitar cualquier información sin tener que identificarse o explicar los motivos de ello.
Empero, esta norma no opera eficientemente porque un decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia facultó en 2001 a las dependencias de la administración pública para determinar qué materias se consideran secretas o reservadas.
A partir de ello, varios ministerios, municipios y otros organismos públicos dictaron resoluciones restringiendo administrativamente el derecho a la información en diversas materias, obstaculizando el ejercicio del derecho a la información ciudadana.
La Ley de Probidad por primera vez declara legalmente el derecho de acceso a información pública, establece un procedimiento administrativo y judicial para proteger el ejercicio de este derecho, indicó Olmedo. Pero los servicios públicos han abusado de la causal de reserva establecida, manteniendo y ratificando así la tradición del secreto, añadió.
La cultura del secreto está arraigada en nuestra tradición republicana, tiene que ver con el régimen presidencialista vigente y una tradición en la administración que no se encuentra, en términos reales, al servicio de los ciudadanos, alegó el presidente de Pro Acceso.
Según Olmedo, se requiere un cambio radical en la burocracia, en los estamentos públicos para que los ciudadanos puedan efectivamente participar en el control social de la administración.
Esto debe ser así no sólo por un mejor funcionamiento del sistema democrático, también como uno de los imperativos que los organismos internacionales exigen a los Estados para asegurar un sistema de gobernabilidad democrática en nuestras sociedades, comentó.
El proyecto de ley de Larraín y Gazmuri postula que toda información en poder de la Administración del Estado es por principio, pública, pero no incluye a los poderes Legislativo ni Judicial.
También establece las causales para denegar total o parcialmente la información e indica que los actos administrativos que la ley declare secretos o reservados mantendrán ese carácter por un período máximo de 20 años, que podrá ser prorrogado.
Fija un plazo de 10 días para entregar la información, prorrogable excepcionalmente por otros 10. El incumplimiento con los plazos o la obstaculización del acceso a la información será sancionado con multas tanto a la institución como al funcionario involucrado y el solicitante podrá recurrir a la justicia demandando al servicio o al funcionario.
Para Olmedo, ese proyecto de ley es insuficiente, toda vez que la cultura del secreto necesita un estímulo mayor para ser erradicada, lo que implica crear una institucionalidad activa promotora de una cultura de transparencia.
Andrea Fernández, oficial de comunicaciones del capítulo chileno de Transparencia Internacional, dijo a IPS que en este país, más que corrupción, existe una cultura del secreto, la que no reconoce que la transparencia pública se da cuando existe la verdadera capacidad de cualquier ciudadano de saber cómo se está ejerciendo la función pública y en qué criterios se basan los agentes públicos para tomar decisiones que afectan a todo un país.
Una sociedad moderna, competitiva y democrática se fundamenta en la transparencia. Sin información no puede haber una real participación y democracia. Sin dominio y difusión en todos los ámbitos de la sociedad es imposible una sociedad moderna y competitiva, agregó.
Chile se ubicó en el último lugar en un estudio sobre acceso a la información pública realizado por la no gubernamental Corporación Participa, con la metodología del Open Society Institute, una evaluación que comparó a este país con Bulgaria, Macedonia, Argentina, Francia, Rumania, Perú, España, Sudáfrica y Armenia.
La investigación señaló que en solicitudes de información a instituciones en los países analizados, Chile registró 69 por ciento de respuestas negativas, Sudáfrica 63 y España 62 por ciento.
El estudio consistió en presentar 140 pedidos de información en categorías de fáciles, difíciles y sensibles a ministerios, instituciones del Poder Judicial, municipios y empresas privadas prestadoras de servicios públicos, a través de voluntarios de diferentes perfiles.
Aunque a Olmedo no le sorprendieron los resultados, porque son una constatación de sus denuncias, destacó la seriedad del estudio para dar pasos que permitan efectivamente transitar desde la tradición del secreto hacia una cultura de la transparencia.
En opinión de Fernández, los tres países mal evaluados tienen en común haber transitado por regímenes políticos autoritarios, en los que se instaló fuertemente la cultura del miedo y la represión.
Nuestras democracias aún son frágiles en América Latina, entre otras causas, debido a la brecha existente entre el Estado y la sociedad civil. Permanece una desconfianza por parte de la ciudadanía respecto al quehacer del sector público, se sigue percibiendo un deficiente control horizontal y ningún control vertical de la gestión pública, aseguró la activista.
Entre los obstáculos para la información a la ciudadanía, Transparencia Internacional señala la falta de preparación de los funcionarios públicos, escasez de recursos y la desorientación respecto a los organismos o funcionarios que deben determinar cuando hacer pública o restringir una información solicitada.
Los funcionarios públicos sienten que la información es de ellos y compartirla es arriesgado porque pueden hacer algo equivocado o la información entregada pueda ser mal usada por el solicitante, señaló a IPS directora ejecutiva de Corporación Participa, Andrea Sanhueza.
A su juicio, para fortalecer una democracia es fundamental que un Estado sea transparente, que rinda cuentas y entienda que está al servicio de la ciudadanía, que, al final del día, los jefes somos los ciudadanos y no al revés.
Debemos involucrarnos en los asuntos de interés público y acceder a la información de temas que nos importen, ya sea la evaluación de los profesores del colegio de mis hijos, como la información sobre el contrato de quien retira la basura en mi barrio, puntualizó.
Tener acceso a la información se traduce en una opinión fundada, la que permite involucrarme de mejor manera y con mejor calidad, obteniendo un mayor impacto político y social, concluyó. (
