El caso de un apoderado judicial argentino que robó y dilapidó dinero de personas con problemas mentales, puede ser una pequeña muestra de un esquema delictivo al amparo del Estado.
El curador Juan Carlos Fortuny robó durante un año y medio dinero bajo su custodia y lo perdió apostando en el casino.
Luego planificó un fallido autosecuestro para obtener de su familia parte de la suma que había sustraído. Descubierto, adujo haber sido víctima de una extorsión y finalmente admitió que había perdido el equivalente a unos 208.000 dólares en apuestas.
Fortuny era titular de la cuenta corriente de la Curaduría de Alienados de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, y apoderado de bienes de personas consideradas mentalmente irresponsables.
Jamás usé un peso de ese dinero para cosas mías. No me compré ni un par de medias. Lo jugué para recuperar lo que me habían robado y no pude parar, arguyó el ex curador. La justicia ordenó su detención esta semana, mientras investiga los verdaderos alcances de la estafa.
El episodio puso de manifiesto el descontrol del Estado en la administración de bienes de personas incapaces. El de Fortuny no es el único caso, sino apenas el más insólito. La malversación es una práctica habitual en las curadurías nacionales, que rara vez toma estado público pues las víctimas no tienen voz.
Queremos que se investigue a las mafias que hay dentro de las curadurías, y vamos a colaborar con la justicia para eso, dijo a IPS el secretario del Ministerio Público y dirigente de la Unión de Empleados de la Justicia, Víctor Dellarrosa, para quien no se trata de delitos aislados, sino de una operación amparada por las autoridades.
Tutores o curadores oficiales pueden ser designados por la justicia para hacerse cargo de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados, afirma la ley 24.946.
Las curadurías oficiales pertenecen al área de la Defensoría General de la Nación del Ministerio Público.
El 19 de este mes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibirá al defensor general de la Nación, Miguel Ángel Romero, para interrogarlo por 30 cargos en su contra, antes de que el cuerpo emita un dictamen que podría derivar en su enjuiciamiento por mal desempeño de funciones.
Romero habría incurrido en mal desempeño de funciones, designaciones irregulares, omisión de control, abuso de autoridad, falta de idoneidad y conducta antidemocrática.
Aunque las acusaciones contra Romero son de índole diversa y de larga data, los casos de irregularidades en las curadurías se incorporaron recientemente a la investigación.
Uno de los cargos que se le imputan es el de haber comprometido el derecho que tienen los incapaces a una representación y administración adecuada de sus bienes. Los antecedentes de los diputados se apoyan en los hallazgos de una breve intervención a las curadurías oficiales.
La denuncia de un familiar dio pie a que el propio Romero ordenara en diciembre del año pasado una intervención a la Dirección General de Curadurías Oficiales. Pero, dos meses después de designar al interventor Marcelo Jalil, el defensor general le negó apoyo y el funcionario renunció.
Sin embargo, en las pocas semanas en que actuó, Jalil detectó que propiedades inmuebles de personas internadas en hospitales psiquiátricos o asilos de ancianos, eran explotadas mediante su alquiler por empleados judiciales o familiares de éstos, a precios irrisorios y sin autorización correspondiente.
También fueron detectadas extracciones injustificadas de dinero de cuentas bancarias de los pacientes y adquisiciones arbitrarias y sin permiso de electrodomésticos y de parcelas en cementerios privados, sin que pudiera constatarse el paradero de dichos bienes.
Los auditores encontraron una nota de una contadora en la que expresaba su preocupación a una curadora por el hallazgo de un débito bancario de unos 22.000 dólares, propiedad de un enfermo mental a su cargo, cuyo destino no pudo determinarse.
Reclamos similares aparecieron registrados en otros documentos.
La Unión de Empleados de la Justicia se ofreció a colaborar con la intervención y alertó sobre una posible asociación ilícita conformada en esa área del Ministerio Público para usufructuar los bienes de personas que deberían ser amparadas por el Estado.
Pero hasta el momento, sólo Fortuny está detenido, y sus abogados creen que será por poco tiempo. La defensa alega que el curador no malversó fondos públicos sino privados, un argumento que, si prospera, podría reducir la responsabilidad del imputado.
Los abogados también señalan que su cliente podría ser hallado inimputable si se demuestra su presunta adicción al juego. Jamás aposté a la ruleta. Jugaba dados y punto y banca, dijo Fortuny.
Como contraataque, la defensa acusa al Estado de falta de controles que permitió a Fortuny manejar bienes a su arbitrio sin ninguna supervisión, y de permitir el funcionamiento de casinos, en los que adictos al juego dilapidan dinero, propio o ajeno.
