Con un fuerte apoyo social, el alcalde de la capital mexicana y aspirante presidencial, Andrés López Obrador, desafió este lunes una orden legislativa al reasumir su cargo y tensar así al máximo la cuerda legal y política que tironea con el gobierno de Vicente Fox.
"Peligra la paz social", advirtió a IPS el obispo católico José Macías al referirse al caldeado escenario político de México, que en la víspera se vio conmocionado con la gigantesca movilización convocada en apoyo del dirigente izquierdista López Obrador.
Similar opinión expresaron varios observadores, para quienes la institucionalidad democrática del país cruje ante el conflicto en marcha.
Basado en interpretaciones legales, que ha dividido a muchos abogados, López Obrador, el hombre fuerte del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), retomó este lunes la alcaldía, de la que fue separado el 7 de este mes por orden del Poder Legislativo.
La disposición del Congreso, donde dominan sumados los legisladores correligionarios del presidente Fox y los pertenecientes al ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue adoptada junto al retiro del fuero de ese funcionario.
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La medida busca que el alcalde enfrente la acusación de no acatar una orden judicial que dispuso frenar la construcción de un camino en la ciudad de menos de un kilómetro de longitud. Si los jueces concluyen que es culpable, quedará fuera de la posibilidad de competir por la presidencia de México en las elecciones de 2006.
"La Presidencia de la República sostiene que el regreso del señor López a la jefatura de gobierno del DF (Distrito Federal de México) es una provocación y una violación a la ley", señaló el portavoz del gobierno, Rubén Aguilar.
Previamente, la Procuraduría (fiscalía), que depende del gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que, si el alcalde regresaba al cargo, podría ser acusado de "usurpación de funciones", delito que se sumaría al de desacato que ya pesa sobre el dirigente izquierdista.
Mientras las tensiones avanzan en ruta de colisión, la Corte Suprema de Justicia estudia una resolución que definirá si el Congreso federal puede desaforar al alcalde o si ese derecho sólo corresponde a la legislatura de la capital. Si opta por la segunda, el alcalde quedaría libre de todo cargo.
De todas formas y con base a la resolución de los legisladores, desde la semana anterior un juez penal trabaja también en el caso de desacato y en los próximos días absolverá u ordenará el encarcelamiento de López Obrador.
Según leyes locales, una persona que enfrenta acusaciones penales no tiene derecho a votar ni ser votado en una cargo de elección.
López Obrador, que es el potencial candidato presidencial mejor posicionado en las encuestas, con amplias ventajas sobre otros políticos, afirma que está dispuesto a ir a la cárcel para desde allí defenderse de las acusaciones y reclamar por sus derechos políticos.
El domingo, una multitud se concentró en la capital mexicana para apoyar los puntos de vista del alcalde. Asistieron entre 500.000 y un 1,2 millones de personas, según diversos cálculos. De todas formas, los observadores indicaron que fue la movilización más grande de su tipo realizada en esta ciudad.
Con ese capital político a su favor, López Obrador regresó este lunes a sus oficinas y dijo que trabajará con tranquilidad, pues aunque le fueron quitados sus fueros, aún hay controversias legales en curso y el juez penal que sigue su causa aún no decide procesarlo.
Los reflectores de los medios de comunicación y de los analistas apuntan a registrar la forma en que las instituciones de la democracia resolverán este conflicto. México retomó apenas en 2000, cuando asumió Fox, la senda de la plena democracia. En ese año se puso fin a más de 70 años de gobiernos del PRI.
Al igual que sus antecesores, Fox es ahora acusado por opositores de no jugar limpio para deshacerse del alcalde, que es uno de sus mayores adversarios, pero el gobierno lo niega tajantemente y sostiene que los conflictos son "normales en una democracia".
Los principales indicadores de la economía han resistido hasta ahora las tensiones y tanto el precio de la moneda nacional, el peso, como las inversiones, la inflación y otros, se muestran sin variaciones importantes.
Para López Obrador, "la razón, la ética y la ley" están de su lado en el actual conflicto.
El alcalde, que asumió en 2001, es un político de izquierda que acusa a los "neoliberales" de causar la mayoría de problemas del país. En los años 90, como dirigente del PRD, organizó protestas sociales que incluyeron la ocupación de pozos petroleros y la negativa a pagar el costo de servicios como la energía eléctrica.
Todo el proceso que afronta como alcalde es un tinglado armado por el gobierno y la "derecha" para desplazarlo "a la mala" de las elecciones presidenciales de 2006, sostuvo.
"México vive una situación tensa porque frente al caso de López Obrador, que no tiene antecedentes, la ley mantiene muchas ambigüedades y todos estamos aprendiendo", señaló a IPS el abogado constitucionalista Luis Patiño.
Tras declararse impresionado por la cantidad de gente que acudió a la marcha del domingo para apoyar a López Obrador, el obispo Macías advirtió que, si el caso no se resuelve pronto, "no sé qué podría pasar".
En todo caso, la paz social "está amenazada", enfatizó.
La posibilidad de diálogo entre el gobierno de Fox y los seguidores del alcalde parece hoy negada.
Las autoridades nacionales aducen que el caso de López Obrador es netamente legal y que, por tanto, no intervendrán, mientras los opositores piden que la Procuraduría retire todas las acusaciones contra el funcionario y que Fox pida perdón por su actuación.
La dirigencia del PRD indicó que rompió todo diálogo con el gobierno, mientras voceros oficiales señalaron que sólo negociarán temas políticos con sus adversarios, pero que los jurídicos son exclusiva responsabilidad de los jueces.
"Vivimos un embrollo del que ojalá no salgamos muy lastimados", apuntó el abogado Patiño.
