El gobierno de México se bajó del ring en el que se enfrentaba, bajo una lluvia de abucheos, con el alcalde de la capital del país, Andrés López Obrador, y le reabrió el camino para que compita por la presidencia en las elecciones de 2006.
El lenguaje de choque que primó entre ambos bandos durante los últimos meses cambió este jueves a uno de concordia, luego que el presidente Vicente Fox decidiera separar de su cargo de procurador (fiscal) General a Rafael Macedo, quien lideraba la parte acusadora en un proceso abierto contra el gobernante de la ciudad de México por supuesto desacato a una orden judicial.
La acción de Fox "colaborará a distender el ambiente político y a fortalecer a las instituciones del país", dijo López Obrador, quien en las últimas dos semanas logró movilizar a miles de personas que comulgan con su tesis de que el proceso judicial en marcha es una estrategia diseñada por el gobierno y la "derecha" para evitar que sea candidato presidencial.
El gobierno de México, que en todo momento negó la acusación, apagó la mecha del conflicto al informar la noche del miércoles sobre la salida de Macedo, prometer una revisión exhaustiva del expediente contra el alcalde y anunciar que presentará un proyecto de ley para garantizar que quien enfrente procesos judiciales sólo pierda su derecho a elegir y ser elegido si es condenado.
Leyes locales vigentes estipulan que el ciudadano que está bajo proceso judicial pierde sus derechos políticos, lo que niega en los hechos la presunción de inocencia. Bajo esas normas, hubiera quedado excluido de la competencia López Obrador, que según encuestas lleva una amplia delantera entre los potenciales postulantes a suceder a Fox.
"Como presidente de un país democrático, asumo mi deber de garantizar, en el ámbito de mis atribuciones, que el proceso electoral de 2006 sea legítimo y que cada partido político participe en un ámbito de apertura, de respeto, sometidos todos a la ley y en defensa de nuestras instituciones", señalo Fox el miércoles en una intervención televisada.
Este jueves, al reunirse con empresarios, el mandatario sostuvo que "el camino ahora está claro, el camino ahora está despejado. Hemos quitado nubarrones, hemos quitado incertidumbre y aseguramos que el proceso de 2006 se dé con absoluto apego a la legalidad con todas las libertades y la equidad que requiere".
Fuentes cercanas a la Presidencia indicaron que la fiscalía estudia alguna salida jurídica que le permita desistirse de las acusaciones contra el alcalde, quien es hoy la máxima figura del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, el tercer partido de México en caudal electoral según las últimas elecciones.
Además, se informó que los equipos de Fox y López Obrador negocian la fecha de un encuentro privado entre ambos funcionarios.
"Debemos dar vuelta de hoja y entrar a un nuevo nivel en la discusión política, que implica por un lado distensión, pero en el marco de esta distensión avanzar en los grandes temas de la agenda nacional", declaró el portavoz del gobierno nacional, Rubén Aguilar.
El abogado constitucionalista y comentarista político Luis Patiño consideró que el gobierno de Fox "rectificó al verse acorralado por las protestas y la caída de su imagen pública".
"El enredo en el que se metió el gobierno con el caso de López Obrador no sé si fue planeado o si fueron sólo los hechos los que lo arrastraron al proceso legal, en el que sí hay bases para acusar al alcalde, pero es positivo que ahora busque una salida", dijo Patiño a IPS.
Junto a Macedo, quien fue nombrado por Fox al iniciar su período presidencial en diciembre de 2000, dejaron la Procuraduría también otros funcionarios, que fueron lo que trabajaron directamente en el caso de López Obrador.
Según el alcalde, "la rectificación" del gobierno se debió a la presión que ejercieron los ciudadanos con sus protestas.
El domingo 25 se convocaron cientos de miles de seguidores del funcionario por las calles de la capital mexicana, que en opinión de observadores fue la más grande de su tipo registrada en la historia del país.
Además, diversas encuestas indicaron que la mayoría de personas piensa que detrás del proceso contra el alcalde capitalino hay razones políticas y no jurídicas.
Observadores señalaron que con el proceso contra López Obrador se puso en entredicho la democracia, que "tanto tiempo tomó conquistar a los mexicanos", según dijeron, en referencia crítica a los más de 70 años de sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dieron paso en 2000 a Fox.
La tensión por el conflicto entre el gobierno y el alcalde llegaron a tal punto que portavoces de la Iglesia Católica advirtieron que la paz social corría peligro.
En el conflicto jugó un papel central el Congreso legislativo, donde dominan sumados los legisladores que apoyan al presidente Fox y los pertenecientes al PRI. Esos grupos se unieron para retirar el fuero de López Obrador el 7 de este mes.
Con esa medida, que separó temporalmente del cargo al alcalde, había quedado abierta la puerta para que el funcionario enfrentara la acusación de no acatar una orden judicial que dispuso frenar la construcción de un camino en la ciudad de menos de un kilómetro de longitud.
Los jueces, que aún no se pronuncian sobre el caso, regresaron la semana pasada el expediente que les entregó la Procuraduría, aduciendo errores en su integración, y aguardan un nuevo pedido.
Además, la Corte Suprema de Justicia estudia una resolución que definirá si el Congreso federal puede quitarle los fueros al alcalde o si ese derecho sólo corresponde a la legislatura de la propia capital.
