Una nube de tensión política y sospechas de uso faccioso de la ley cubrió este jueves a México cuando legisladores despojaron de sus fueros al popular alcalde de la capital, el izquierdista Andrés López Obrador, para dejarlo con un pie fuera de la carrera presidencial de 2006.
Con 360 votos a favor de retirar la inmunidad al funcionario, 127 en contra y dos abstenciones, el parlamento abrió así la puerta a un proceso contra López Obrador en los tribunales por desacato a una orden judicial, que lo deja separado de su cargo ejecutivo.
Según el camino que tome la causa judicial, el alcalde podría ser conducido a la cárcel y ser inhabilitado para aspirar a un cargo electivo.
En la sesión legislativa, quien es el potencial candidato presidencial con mayores posibilidades de triunfo en las elecciones de 2006, según encuestas, acusó al presidente Vicente Fox y al titular de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, de haber fraguado el proceso de desafuero.
El objetivo de los poderes del Estado es impedir que llegue a la Presidencia un político que tiene un proyecto diferente de nación, alejado del neoliberalismo, dijo López Obrador, líder del izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), la tercera fuerza política del país.
Los legisladores del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por siete décadas hasta 2000, votaron contra López Obrador en una jornada de multitudinarias movilizaciones sociales a favor del líder izquierdista, organizadas por el PRD y funcionarios de la alcaldía.
"Se abre una etapa de tensiones e incertidumbre política, pues la impresión mayoritaria de la gente es que el proceso de desafuero sólo fue una estrategia para sacar de escena y por las malas a un contrincante político con posibilidades de ser presidente", dijo a IPS el politólogo Álvaro Andrade.
Retirado el fuero, un juez recibirá la causa en los próximos días y decidirá si procede el juicio y si ordena o no el arresto del acusado, tal como reclama la Procuraduría General (fiscalía), que depende del gobierno.
López Obrador podría apelar a un recurso de amparo y pagar una fianza para no pisar la cárcel, pero anunció que no utilizaría tales derechos pues estaba dispuesto a defenderse aun bajo arresto.
Según la ley, está inhabilitado como candidato quien tenga en marcha un proceso judicial en su contra.
Diversas interpretaciones legales indican además que con el levantamiento de la inmunidad, López Obrador no puede ejercer su cargo ejecutivo. El mismo alcalde coincidió con esa tesis, pues el miércoles indicó que el fin de sus fueros lo separaría del cargo. Los problemas legales de López Obrador empezaron en 2001, cuando un dictamen judicial ordenó a la alcaldía la suspensión de obras de ingeniería pública en terrenos de un particular, pero a pesar de diversos exhortos, la disposición no fue atendida.
Los jueces pidieron entonces a la Procuraduría que actuara contra el alcalde por desacato. Según el gobierno nacional, los fiscales no tenían otra opción que acatar esa orden y pedir al Poder Legislativo que se suspenda la inmunidad del funcionario, lo que finalmente sucedió este jueves.
En una concentración pública realizada en el zócalo, la plaza central de la capital mexicana, y previa a la sesión legislativa en la que suspendió su inmunidad, López Obrador proclamó ante unas 300.000 personas concentradas en su respaldo que todas las acusaciones en su contra son una mentira y un montaje para sacarlo del "juego político".
Además, confirmó que buscará ser el candidato presidencial del PRD. Anunció que, si no lo puede ser por razones judiciales, impulsará desde cualquier trinchera el "proyecto" de la izquierda.
Todas las encuestas otorgan al alcalde capitalino 35 por ciento de la intención de votos, nueve o 10 puntos porcentuales más que su inmediato competidor, el actual secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel, posible candidato presidencial del gobernante PAN.
"Si el proceso de desafuero es un complot del Estado como asegura López Obrador, habría que decir que fue un total fracaso, pues en vez de hundirlo lo llevó a posicionarse como el político más querido y abrió un frente de conflicto que no favorece a nadie a México", sostuvo Andrade.
El alcalde, con 30 de sus 52 años de vida en la actividad política, primero en el PRI y luego en el PRD, es un licenciado en ciencias políticas con una ascendente carrera en la que periódicamente atrajo los reflectores de los medios de comunicación por organizar protestas ciudadanas contra presuntos fraudes electorales, entre otro motivos.
Ahora, cuando su potencial candidatura presidencial está en juego, también llama a movilizarse, pero demanda a sus seguidores actuar de forma pacífica y no "dar pretextos" para que lo acusen de violento.
En su alegato acusatorio ante los legisladores, Carlos Vega, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General, afirmó que el proceso contra López Obrador no tiene nada que ver con la política.
Se trata de un proceso legal dirigido a cumplir con normas que establecen que cualquier servidor público que incurra en un desacato judicial está sujeto a una responsabilidad penal, expresó.
Pero López Obrador afirmó que todo el proceso es irregular y que todo parte de un complot fraguado por el gobierno, algunos empresarios, jueces y políticos.
En ese sentido, el político acusó a Fox de "actuar de manera facciosa con el propósito de degradar a las instituciones de la República", al igual que al presidente de la Corte Suprema de Justicia de "supeditar los altos encargos de la Constitución a las meras consignas políticas".
Además, indicó que la dirigencias del PRI y del PAN ordenaron a sus legisladores votar en su contra sin analizar ningún argumento jurídico.
